Diputados
argentinos del opositor FpV presentaron una denuncia penal contra el
presidente Mauricio Macri por administración contra los intereses del
Estado.
El diputado Darío Martínez, del bloque Frente para la
Victoria (FpV), presentó el jueves una denuncia contra el presidente
argentino, Mauricio Macri, y tres de sus ministros por “defraudación”
tras la inédita emisión el lunes de deuda de un bono soberano a 100 años de plazo. La denuncia está sustentada en el artículo 73 del Código Penal, que se refiere a “estafas y defraudaciones”.El legislador e impulsor de la denuncia expresó que “el Gobierno argentino realizó una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del pueblo argentino de hoy y de las futuras generaciones, tomando 2750 millones de dólares de deuda a 100 años de plazo a una tasa nominal del 7,125 % anual, que objetivamente costará una tasa de interés anual del 7,9 % anual, al haberse colocado tales bonos bajo la par”, afirmó.
“Esta escandalosa operación financiera, que perjudica objetivamente los intereses argentinos y solo beneficia a los inversores que adquirieron estos bonos, es un claro acto de administración contra los intereses del estado”, agregó el diputado justicialista.
Esta escandalosa operación financiera, que perjudica objetivamente los intereses argentinos y solo beneficia a los inversores que adquirieron estos bonos, es un claro acto de administración contra los intereses del estado”, según el diputado argentino Darío Martínez, del bloque Frente para la Victoria (FpV).Martínez expresó que “no tiene ninguna explicación lógica como deudor, atarse voluntariamente por un siglo a pagar una tasa de interés altísima en términos internacionales, cuando se podría obtener el mismo resultado en cuanto a obtención de financiamiento, pero comprometiendo pagar esa tasa de interés durante solo 10 años”.
El diputado explicó: “nos prestan 2480 y vamos a pagar 22.340 millones de dólares. Vista desde los acreedores, cuando solo haya transcurrido el 13 % del plazo, ellos habrán recuperado todo el capital invertido, y luego, pasaran el 87 % del tiempo acordado recibiendo una renta casi perpetua que al final sumará un monto total equivalente a 12 veces y media el importe originalmente invertido”.
“Está claro que se trató de una operación con la clara intención de beneficiar a los tomadores de deuda y perjudicar al Estado”, aseguró Martínez, quien redactó la denuncia, que contó con la firma de 17 diputados nacionales.
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