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Segob: Número de desaparecidos en México supera 32.000

 

 

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Las últimas estadísticas demuestran que actualmente 32 mil 218 personas están en paradero desconocido en México.

“Es la primera vez que se rebasa el número de 32 mil casos, tanto del fuero común (casi 97 por ciento del total) como del federal, de acuerdo con el corte estadístico más reciente, del 30 de abril pasado”, ha informado hoy viernes el diario mexicano La Jornada, citando las últimas estimaciones de la Secretaría de Gobernación de México (Segob).
El diario señala que en enero de 2017 la suma nacional fue de 30.942 personas no localizadas o desaparecidas, lo que supone 1276 casos adicionales en un trimestre.
Además, precisa que actualmente cinco estados —Tamaulipas (noreste), estado de México (centro-sur), Jalisco (suroeste), Nuevo León (noreste) y Sinaloa (oeste)— concentran 55 % del rezago en procuradurías y fiscalías locales, mientras que en los asuntos federales, que son responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), el mayor número de casos ocurrió o fue registrado en Guerrero (sur), seguido por Veracruz (sureste) y Tamaulipas.
Según el informe, durante los dos últimos años la lista de los casos desaparecidos ha crecido en más de 8500 nombres. Las autoridades mexicanas han señalado que en la lista de los casos de desaparecidos podría haber migrantes, fallecidos e incluso gente que abandonó su hogar en forma voluntaria.

Es la primera vez que se rebasa el número de 32 mil casos, tanto del fuero común (casi 97 por ciento del total) como del federal, de acuerdo con el corte estadístico más reciente, del 30 de abril pasado”, informa el diario La Jornada citando cifras del Segob.

El Senado de México aprobó en abril una ley general sobre desaparición forzada, un paso trascendental ante una de las grandes tragedias de este país, pero falta que la ratifique la Cámara de Diputados.
El dictamen prohíbe que se archive ningún caso de desaparición forzada y que se aplique cualquier tipo de impunidad o amnistía. Insta también a las autoridades a “prevenir, sancionar y erradicar” este delito e informar de las investigaciones a los familiares de las víctimas, a las que concede el derecho de participar en la búsqueda directa.
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