viernes, 29 de diciembre de 2017

Congreso, justicia y sobreprecio de 16 millones de dólares, por Herbert Mujica Rojas


¡Más claro ni el agua!

Se cumplen 2 años de la buena pro otorgada por Cancillería a la firma Imprimerie Nationale de Francia para 400 mil pasaportes electrónicos. Este suceso, ocurrido entre gallos y medianoche, convocatoria a deshoras, fines de semana y fiestas de Navidad y Año Nuevo, coronó sus irregularidades con el sobreprecio de 16 millones de dólares.

¡Recién –y quizás nuestra insistencia fue decisiva– a mediados del 2017 (año y medio después del estropicio), Contraloría General de la República dio cuenta de las irregularidades ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, en transmisión a nivel nacional!
Precisamente, el entonces Contralor Edgar Alarcón, informó en el Parlamento que su institución había formulado observaciones a esa buena pro en Cancillería por precios, software defectuoso y con favorecimiento a una empresa socia integrante del consorcio ganador y que la Carpeta Fiscal ya estaba en manos del Ministerio Público.
Pocos días atrás, un asesor importante en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, nos informó que había solicitado mayor información puntual del tema en Cancillería cuya única respuesta fue que era un asunto: SECRETO.
Si el proceso para pasaportes electrónicos en Cancillería, en diciembre del 2015, fue público, sus irregularidades denunciadas (vean informaciones adjuntas) al momento de su comisión u horas apenas a posteriori, y hasta hoy, diciembre del 2017 ¡NADIE! se ha atrevido en el Ministerio de Relaciones Exteriores a desmentir el serio cargo denunciado ante los medios de comunicación, ¿cómo puede ser posible que alguna entidad del Estado se guarezca en un supuesto SECRETO para no dar cuenta de qué se está haciendo para castigar a los responsables?
Por circunstancias que desconozco, algunos diplomáticos parecieran creer que sólo la producción del pasaporte electrónico puede ser impugnada. Y separan, por descuido, de repente, los serios yerros administrativos, las supuestas presiones políticas y la orientación más que marcada que tuvo el proceso.
Lo importante es que Contraloría entregó al Ministerio Público el expediente con las serias observaciones; Cancillería pretende pasar el asunto como SECRETO; el Congreso, vía una de sus Comisiones más importantes incurre en interés remarcado en el asunto y se va haciendo claro, muy claro, que en diciembre del 2015 se cometieron deslices atroces que llevaron al sobreprecio de 16 millones de dólares.
Es obvio que este 2018 será un año de decisiones y castigos a los produjeron este clarísimo e inaceptable daño al dinero de los contribuyentes: el pueblo peruano. Y estaremos en primera fila para informar sobre este delictuoso hecho.