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FNLS México. ¿Vale la pena votar por políticos de oficio que atentan a través de leyes profascistas contra el pueblo trabajador?
La
participación del pueblo en las elecciones se coloca en los medios de
comunicación como un derecho civil, único de buenos ciudadanos, no
obstante, conforme las condiciones de miseria se agudizan y los crímenes
pululan en todo el territorio nacional.
30 de diciembre de 2017
La promulgación de la Ley de Seguridad Interior puso en primer relieve la actitud de diputados y senadores, quienes desde los curules que ocupan en el Congreso de la Unión avalan leyes que atentan contra la integridad del pueblo trabajador. Unos con su pasividad, otros con un frenetismo que rayaba en lo esquizofrénico, pretendieron argumentar y justificar lo injustificable, la imposición de una ley de naturaleza profascista y contrainsurgente.
Sostener que esta ley no pretende militarizar el país es un absurdo, porque en la vía de los hechos esta condición ya tiene sus efectos deleznables en las masas trabajadoras del pueblo mexicano; miles de testimonios de víctimas del terrorismo de Estado dan la certeza de la participación de militares y marinos en el cometido de crímenes de lesa humanidad, de tal manera que esta ley es la medida leguleya que dota de mayor impunidad e inmunidad a los cuerpos represivos.
Llama particularmente la atención el frenetismo de diputados y senadores priistas para emitir sus juicios en las sesiones donde se discutía esta medida legislativa, con sofismas pretendieron maquillar la realidad lacerante de la política militarista del ejecutivo federal, actitud que no sorprende porque es un partido electoral de esencia burguesa, sin embargo, resulta una ofensa a la inteligencia del pueblo, quien padece en carne propia la existencia del terrorismo de Estado.
La Ley de Seguridad Interior es una medida legislativa que institucionaliza la violencia ejercida por los grupos paramilitares, ejército y marina; artilugio leguleyo cuya esencia es eminentemente contrainsurgente que criminaliza la pobreza y protesta popular; manotazo autoritario el cual pretende apuntalar el nuevo ciclo de despojo y saqueo de la riqueza nacional energética y natural a través del supuesto combate a la inseguridad.
Ley impuesta con el manto legislativo y electoral de quienes se presentan como genuinos representantes del pueblo, es la expresión la esencia antipopular, proempresarial y profascista del gobierno mexicano, porque la mayoría de los políticos de oficio dieron su aval a una ley de esta naturaleza, salvo muy contadas excepciones, todos comulgan con la visión belicista del combate al crimen organizado, sin atender las profundas desigualdades que genera el régimen imperante.
Resultan hipócritas las escenas donde casi todos los legisladores se desgarran las vestiduras para defender la postura del ejecutivo y expresan que mediante esta legislación los intereses de la nación serán velados, no obstante, muy poco se habla de las cifras inconmensurables de víctimas que este supuesto combate a la inseguridad genera. Mediante una plétora de argumentos los políticos de oficio pretenden hacer creer que es una medida “necesaria” en tanto existe la amenaza de los “delincuentes” y “narcotraficantes”.
La verdad debe decirse con todas sus letras, con esta ley se da carta blanca a las fuerzas policíaco militares para reprimir, para cometer todo tipo de atrocidades contra el pueblo, autoriza utilizar la fuerza letal contra el pueblo inerme, etiqueta de “criminales” a todo el pueblo trabajador, permite el allanamiento de morada sin mayor motivo más que la “sospecha” de las autoridades, por lo tanto, es una ley que legaliza el actual estado de cosas que tiene ya dos sexenios de manifestar sus efectos deleznables.
Leyes de estas características sólo puede maquinarse en mentes que perdieron todo vínculo con las masas trabajadoras, en sujetos cuyos intereses no tienen ninguna relación con los intereses comunes a millones de mexicanos, únicamente con esa reducida minoría que detenta el poder político, por lo tanto, es justo reflexionar si ¿Valdrá la pena votar por ellos, son creíbles sus argumentos y falsos golpes de pecho?
La participación del pueblo en las elecciones se coloca en los medios de comunicación como un derecho civil, único de buenos ciudadanos, no obstante, conforme las condiciones de miseria se agudizan y los crímenes pululan en todo el territorio nacional, es necesario detenerse a analizar en la relación que existe entre el poder económico y político, en la conexión en las leyes antipopulares que son impuestas a sangre y fuego, en esencia son las necesidades de una minoría oligárquica.
Más allá de colocar la falsa dicotomía de votar o no votar, en la validez o no del sufragio universal, la reflexión nos lleva a entender la naturaleza del gobierno mexicano, de la composición de clase de los políticos de oficio. Dicha reflexión para ser efectiva no debe realizarse a través de especulaciones subjetivistas, la realidad es el fiel testimonio de los efectos nocivos del terrorismo de Estado, realidad de la cual todos los políticos de oficio brillan por su silencio cómplice.
La realidad nos coloca en la situación de que participar en los procesos electorales, si el pueblo participa en ellos, con sus hechos avala esta ley represiva, porque un sexenio sigue a otro y los cambios que prometen nunca llegan. No hace falta forzar la memoria para traer a la mente los momentos en los flagrantemente se violan derechos humanos y constitucionales con la ley en la mano.
Hasta hoy lo que se observa con mucha sutiliza es que todos los candidatos solo se les puede ver cuando buscan el voto, únicamente en este proceso es que se acuerdan que existen barrios y colonias marginadas; las cifras de pobreza y miseria sólo sirven engrosar sus discursos y elaborar silogismos para embaucar al pueblo, pero una vez colocados como “representantes del pueblo”, se olvidan de él, sólo se acuerdan cada tres o seis años.
La cuestión es simple ¿Vale la pena votar por políticos de oficio que atentan a través de leyes profascistas contra el pueblo trabajador? ¿Es digno favorecerles con el voto, si desde sus curules surgen medidas leguleyas para reprimirlo?, en estas condiciones se antoja difícil que por medio del voto se hagan los cambios que necesitamos, porque ninguno de ellos representa la voluntad popular sino los intereses de la minoría empresarial.
Si estos señores que avalaron la ley criminal son responsables del baño de sangre del pueblo, qué garantía existe que sus futuros actos sean en favor del pueblo, que sus sucesores se distingan por asumir una actitud diferente. No existe ninguna garantía, por el contrario, si sus actos no son por voluntad propia sino por una política de gobierno, la ruta que describirán es la de secundar todas las políticas nocivas contra el pueblo.
Para muestra un botón, mientras el pueblo se debate en un ambiente donde el salario se vuelve cada vez más raquíticos y miserables, ellos sin ningún pudor se autorizan salarios y aguinaldos estratosféricos; mientras las masas trabajadoras no nos reponemos de los efectos de la crisis económica, de la volatilidad del valor del dólar, de la liberación de los combustibles… ellos ya hacen planes para pasar una ociosas vacaciones después de cumplir con su mandato pro oligárquico.
Cada político de oficio, desde el ejecutivo federal hasta los demás poderes de la unión de deberían tener un salario mínimo, vivir en las mismas peripecias en las que se desenvuelve el pueblo trabajador. Bonito regalo otorgan, mientras toda la sarta de politicastros disfrutará de las canonjías de plegarse al poder económico, sobre el pueblo el único regalo que se dilucida es la espada de Damocles que pende sobre él.
Nos espera un año nuevo poco alentador, la necesidad de organizarnos fuera de los marcos corporativizantes apremia para enfrentar la política criminal del Estado mexicano, callarnos no es lo más recomendable, la denuncia y acciones políticas de masas son la forma de evidenciar y desenmascarar a gobiernos serviles a los intereses del capital nacional y del extranjero, no olvidemos nombre y rostro de políticos de oficio que con sus actos y políticas antipopulares y profascistas atentan contra vida y la dignidad del pueblo trabajador.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
La promulgación de la Ley de Seguridad Interior puso en primer relieve la actitud de diputados y senadores, quienes desde los curules que ocupan en el Congreso de la Unión avalan leyes que atentan contra la integridad del pueblo trabajador. Unos con su pasividad, otros con un frenetismo que rayaba en lo esquizofrénico, pretendieron argumentar y justificar lo injustificable, la imposición de una ley de naturaleza profascista y contrainsurgente.
Sostener que esta ley no pretende militarizar el país es un absurdo, porque en la vía de los hechos esta condición ya tiene sus efectos deleznables en las masas trabajadoras del pueblo mexicano; miles de testimonios de víctimas del terrorismo de Estado dan la certeza de la participación de militares y marinos en el cometido de crímenes de lesa humanidad, de tal manera que esta ley es la medida leguleya que dota de mayor impunidad e inmunidad a los cuerpos represivos.
Llama particularmente la atención el frenetismo de diputados y senadores priistas para emitir sus juicios en las sesiones donde se discutía esta medida legislativa, con sofismas pretendieron maquillar la realidad lacerante de la política militarista del ejecutivo federal, actitud que no sorprende porque es un partido electoral de esencia burguesa, sin embargo, resulta una ofensa a la inteligencia del pueblo, quien padece en carne propia la existencia del terrorismo de Estado.
La Ley de Seguridad Interior es una medida legislativa que institucionaliza la violencia ejercida por los grupos paramilitares, ejército y marina; artilugio leguleyo cuya esencia es eminentemente contrainsurgente que criminaliza la pobreza y protesta popular; manotazo autoritario el cual pretende apuntalar el nuevo ciclo de despojo y saqueo de la riqueza nacional energética y natural a través del supuesto combate a la inseguridad.
Ley impuesta con el manto legislativo y electoral de quienes se presentan como genuinos representantes del pueblo, es la expresión la esencia antipopular, proempresarial y profascista del gobierno mexicano, porque la mayoría de los políticos de oficio dieron su aval a una ley de esta naturaleza, salvo muy contadas excepciones, todos comulgan con la visión belicista del combate al crimen organizado, sin atender las profundas desigualdades que genera el régimen imperante.
Resultan hipócritas las escenas donde casi todos los legisladores se desgarran las vestiduras para defender la postura del ejecutivo y expresan que mediante esta legislación los intereses de la nación serán velados, no obstante, muy poco se habla de las cifras inconmensurables de víctimas que este supuesto combate a la inseguridad genera. Mediante una plétora de argumentos los políticos de oficio pretenden hacer creer que es una medida “necesaria” en tanto existe la amenaza de los “delincuentes” y “narcotraficantes”.
La verdad debe decirse con todas sus letras, con esta ley se da carta blanca a las fuerzas policíaco militares para reprimir, para cometer todo tipo de atrocidades contra el pueblo, autoriza utilizar la fuerza letal contra el pueblo inerme, etiqueta de “criminales” a todo el pueblo trabajador, permite el allanamiento de morada sin mayor motivo más que la “sospecha” de las autoridades, por lo tanto, es una ley que legaliza el actual estado de cosas que tiene ya dos sexenios de manifestar sus efectos deleznables.
Leyes de estas características sólo puede maquinarse en mentes que perdieron todo vínculo con las masas trabajadoras, en sujetos cuyos intereses no tienen ninguna relación con los intereses comunes a millones de mexicanos, únicamente con esa reducida minoría que detenta el poder político, por lo tanto, es justo reflexionar si ¿Valdrá la pena votar por ellos, son creíbles sus argumentos y falsos golpes de pecho?
La participación del pueblo en las elecciones se coloca en los medios de comunicación como un derecho civil, único de buenos ciudadanos, no obstante, conforme las condiciones de miseria se agudizan y los crímenes pululan en todo el territorio nacional, es necesario detenerse a analizar en la relación que existe entre el poder económico y político, en la conexión en las leyes antipopulares que son impuestas a sangre y fuego, en esencia son las necesidades de una minoría oligárquica.
Más allá de colocar la falsa dicotomía de votar o no votar, en la validez o no del sufragio universal, la reflexión nos lleva a entender la naturaleza del gobierno mexicano, de la composición de clase de los políticos de oficio. Dicha reflexión para ser efectiva no debe realizarse a través de especulaciones subjetivistas, la realidad es el fiel testimonio de los efectos nocivos del terrorismo de Estado, realidad de la cual todos los políticos de oficio brillan por su silencio cómplice.
La realidad nos coloca en la situación de que participar en los procesos electorales, si el pueblo participa en ellos, con sus hechos avala esta ley represiva, porque un sexenio sigue a otro y los cambios que prometen nunca llegan. No hace falta forzar la memoria para traer a la mente los momentos en los flagrantemente se violan derechos humanos y constitucionales con la ley en la mano.
Hasta hoy lo que se observa con mucha sutiliza es que todos los candidatos solo se les puede ver cuando buscan el voto, únicamente en este proceso es que se acuerdan que existen barrios y colonias marginadas; las cifras de pobreza y miseria sólo sirven engrosar sus discursos y elaborar silogismos para embaucar al pueblo, pero una vez colocados como “representantes del pueblo”, se olvidan de él, sólo se acuerdan cada tres o seis años.
La cuestión es simple ¿Vale la pena votar por políticos de oficio que atentan a través de leyes profascistas contra el pueblo trabajador? ¿Es digno favorecerles con el voto, si desde sus curules surgen medidas leguleyas para reprimirlo?, en estas condiciones se antoja difícil que por medio del voto se hagan los cambios que necesitamos, porque ninguno de ellos representa la voluntad popular sino los intereses de la minoría empresarial.
Si estos señores que avalaron la ley criminal son responsables del baño de sangre del pueblo, qué garantía existe que sus futuros actos sean en favor del pueblo, que sus sucesores se distingan por asumir una actitud diferente. No existe ninguna garantía, por el contrario, si sus actos no son por voluntad propia sino por una política de gobierno, la ruta que describirán es la de secundar todas las políticas nocivas contra el pueblo.
Para muestra un botón, mientras el pueblo se debate en un ambiente donde el salario se vuelve cada vez más raquíticos y miserables, ellos sin ningún pudor se autorizan salarios y aguinaldos estratosféricos; mientras las masas trabajadoras no nos reponemos de los efectos de la crisis económica, de la volatilidad del valor del dólar, de la liberación de los combustibles… ellos ya hacen planes para pasar una ociosas vacaciones después de cumplir con su mandato pro oligárquico.
Cada político de oficio, desde el ejecutivo federal hasta los demás poderes de la unión de deberían tener un salario mínimo, vivir en las mismas peripecias en las que se desenvuelve el pueblo trabajador. Bonito regalo otorgan, mientras toda la sarta de politicastros disfrutará de las canonjías de plegarse al poder económico, sobre el pueblo el único regalo que se dilucida es la espada de Damocles que pende sobre él.
Nos espera un año nuevo poco alentador, la necesidad de organizarnos fuera de los marcos corporativizantes apremia para enfrentar la política criminal del Estado mexicano, callarnos no es lo más recomendable, la denuncia y acciones políticas de masas son la forma de evidenciar y desenmascarar a gobiernos serviles a los intereses del capital nacional y del extranjero, no olvidemos nombre y rostro de políticos de oficio que con sus actos y políticas antipopulares y profascistas atentan contra vida y la dignidad del pueblo trabajador.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
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