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Por Quinto Elemento Lab
Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México hasta mediados de este año, se presentó el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en el municipio de Guarulhos, estado de Sao Paulo, en Brasil.
En compañía de sus abogados, Meneses acudió voluntariamente para presentar su declaración como parte de su “delación premiada” con la justicia de Brasil.
Ante los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara para ser incorporada en las declaraciones juradas que constan en el expediente del proceso penal 6655.
Su testimonio, ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de América Latina.
Los fiscales brasileños investigan la trama de corrupción en cuyo centro se encuentran el consorcio constructor Odebrecht y políticos de América Latina, comenzando por Inazio Lula Da Silva y decenas de presidentes, ministros, diputados e integrantes de la clase política de una decena de países del continente y de la África de habla portuguesa.
Hasta ahora 78 altos ex ejecutivo de Odebrecht han acordado sumarse a las delaciones premiadas. Pero sus testimonios no bastan para reducir el tiempo de cárcel o recibir condenas más benignas. Los delatores deben aportar datos y documentos que corroboren sus dichos, además de ayudar a revelar la estructura jerárquica de la organización criminal y su modus operandi.
La información que proporcionen también debe ayudar en la prevención de nuevos delitos y en la recuperación del producto del delito.
Si los colaboradores mienten o proporcionan información errónea, los potenciales beneficios se eliminan y el juez a cargo de la causa puede incluso aumentar las penas.
De hecho, aunque el acuerdo se establece entre fiscales y colaboradores premiados, el juez no está obligado a respetarlo y tiene la última palabra para determinar si la información proporcionada vale la pena y merece ser tomada en cuenta. Si no lo considera así, puede invalidar cualquier convenio pactado.
Información de calidad y susceptible de ser corroborada a cambio de una menor condena es la premisa de la “delación premiada”.
Como parte de la investigación, Luis Alberto Meneses se presentó a rendir su testimonio sobre la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex y un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos de la petrolera estatal.
No es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, vicepresidente de para América Latina y Africa, y de Hilberto da Silva, director del Sector de Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos de Odebrecht, como lo bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Esta era la instancia encargada de armar los esquemas financieros y hacer las transferencias de los pagos indebidos a los políticos y funcionarios.
La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab como parte la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, articulada por IDL Reporteros (Perú) e integrada por periodistas de La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil) y Sudestada (Uruguay).
Los tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, que fueron transferidos a las cuentas bancarias que él proporcionó.
Las transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, posteriormente, cuando era director general de Pemex.
Esto es lo que Luis Meneses Weyll contó a los fiscales brasileños.
<br />
TC -05 by Aristegui Noticias on Scribd
PP-05 by Aristegui Noticias on Scribd
Luis Weyll-Anexo 4 by Aristegui Noticias on Scribd
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Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México hasta mediados de este año, se presentó el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en el municipio de Guarulhos, estado de Sao Paulo, en Brasil.
En compañía de sus abogados, Meneses acudió voluntariamente para presentar su declaración como parte de su “delación premiada” con la justicia de Brasil.
Ante los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara para ser incorporada en las declaraciones juradas que constan en el expediente del proceso penal 6655.
Su testimonio, ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de América Latina.
Los fiscales brasileños investigan la trama de corrupción en cuyo centro se encuentran el consorcio constructor Odebrecht y políticos de América Latina, comenzando por Inazio Lula Da Silva y decenas de presidentes, ministros, diputados e integrantes de la clase política de una decena de países del continente y de la África de habla portuguesa.
Hasta ahora 78 altos ex ejecutivo de Odebrecht han acordado sumarse a las delaciones premiadas. Pero sus testimonios no bastan para reducir el tiempo de cárcel o recibir condenas más benignas. Los delatores deben aportar datos y documentos que corroboren sus dichos, además de ayudar a revelar la estructura jerárquica de la organización criminal y su modus operandi.
La información que proporcionen también debe ayudar en la prevención de nuevos delitos y en la recuperación del producto del delito.
Si los colaboradores mienten o proporcionan información errónea, los potenciales beneficios se eliminan y el juez a cargo de la causa puede incluso aumentar las penas.
De hecho, aunque el acuerdo se establece entre fiscales y colaboradores premiados, el juez no está obligado a respetarlo y tiene la última palabra para determinar si la información proporcionada vale la pena y merece ser tomada en cuenta. Si no lo considera así, puede invalidar cualquier convenio pactado.
Información de calidad y susceptible de ser corroborada a cambio de una menor condena es la premisa de la “delación premiada”.
Como parte de la investigación, Luis Alberto Meneses se presentó a rendir su testimonio sobre la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex y un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos de la petrolera estatal.
No es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, vicepresidente de para América Latina y Africa, y de Hilberto da Silva, director del Sector de Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos de Odebrecht, como lo bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Esta era la instancia encargada de armar los esquemas financieros y hacer las transferencias de los pagos indebidos a los políticos y funcionarios.
La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab como parte la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, articulada por IDL Reporteros (Perú) e integrada por periodistas de La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil) y Sudestada (Uruguay).
Los tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, que fueron transferidos a las cuentas bancarias que él proporcionó.
Las transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, posteriormente, cuando era director general de Pemex.
Esto es lo que Luis Meneses Weyll contó a los fiscales brasileños.
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