miércoles, 27 de diciembre de 2017

Transición a la dictadura

Sin haber completado jamás la llamada transición a la democracia que nos llevaría a un régimen político similar al de las naciones más adelantadas, con absoluta transparencia en los procesos y en los resultados de cada elección, México ha ido más y más en una involución que, no sólo en el aspecto electoral sino en los de derechos humanos y corrupción, nos acerca más a situaciones como la de Honduras, Somalia, Siria u otros países con fuertes conflictos sociales y políticos. Valga mencionar que nuestro país ha empatado ya a la última nación citada en cuanto a ejecución de periodistas, una de las profesiones más peligrosas de ejercer (si se ejerce bien) en México.

Ya con anterioridad he expresado en estas páginas y en diversos foros la paradoja de la llamada transición mexicana: no se trata de un proceso que parta propiamente de un proceso dictatorial (como España, Chile, Argentina, Portugal, Brasil, Uruguay y otros países) sino de uno que se trató de operar en un país donde desde hace más de setenta años han gobernado civiles y donde desde hace un siglo no han dejado de realizarse elecciones cada tres y seis años para renovar los poderes federales, locales y municipales. Un contrasentido aparente, pero que es una confesión de que el régimen mexicano, a pesar de todo ello, nunca fue cabalmente democrático sino autoritario, con ilusorio juego de partidos y oposiciones, pero siempre con predominio del partido del régimen. Sin embargo, un elemento estaba excluido, el militarismo que fue sometido desde 1946 al poder civil, y quizás antes, desde 1935 en que Cárdenas rompió con el maximato y sometió al ejército al presidencialismo. En 1938 terminó la última aventura militar, la de Saturnino Cedillo, que intentó tras la expropiación petrolera dar un fallido cuartelazo.
La transición mexicana no partía, entonces, de una situación de dictadura o militarismo sino de una democracia ilusoria, tras la que dominaban (y dominan) diversas formas de fraude, la represión a opositores y el control férreo de los medios de comunicación masiva para anular cualquier brote de inconformidad que pusiera en cuestión el orden político. El corporativismo ha sido su complemento en el ámbito popular, como un mecanismo de control de masas en el que los sindicatos más numerosos (que no fuertes) y organizaciones campesinas y populares también están encuadrados en el régimen a través de la corrupción y de algunas prebendas.
Aunque lo cuestionaron, los masivos movimientos electorales y poselectorales de 1988, 2006 y 2012 no lograron modificar ese orden. En el 2000 pareció abrirse la etapa de la verdadera transición con la alternancia en la presidencia de la República, que ya había sido anunciada con los gobiernos panistas en algunos Estados (Baja California, Guanajuato). Pero no fue así. En 2005 el proceso de desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, ordenado por el presidente Vicente Fox y pactado con el PRI, puso fin a la apenas esbozada transición e inició la involución que aún hoy prosigue. El fraude electoral de 2006 fue la evidencia clara de que no habría más avances en la democratización del país y que los gobiernos panistas, como desde siempre los del PRI, estaban dispuestos a recurrir a los artificios electorales para conservar el poder e imponerse sobre sus adversarios.
Desde entonces, las viejas prácticas de compra y coacción de los votos, manejo corporativo de los ciudadanos, corrupción de las autoridades electorales, etcétera, se han vuelto a imponer en al menos cuatro de los partidos que participan en el escenario político: el PRI, el PAN, el PVEM y el PRD.
Pero esa regresión político-electoral fue acompañada de algo aún más inquietante: la militarización del país bajo el argumento de la lucha (guerra) contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, iniciada por Felipe Calderón desde el comienzo de su gobierno y continuada por el de Enrique Peña Nieto. A once años de distancia, la presencia castrense entre la población civil no ha logrado refrenar las actividades ilícitas ni la violencia criminal, pero sí ha dado lugar a múltiples violaciones a los derechos humanos y a la intimidación de la población. Hechos como los de Tlatlaya, Tanhuato, Iguala, Apatzingán, Nochixtlán, Arantepacua y otros han constituido violaciones graves y crímenes a cargo de las fuerzas armadas y policías, siempre encubiertos bajo el argumento del combate a la delincuencia, y que han quedado virtualmente impunes, sin que ningún alto mando militar o policiaco haya sido procesado, menos aún sentenciado por ello.
El sentido de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior no es otro que poner a cubierto a los militares que, en las tareas de ataque a la delincuencia, e incluso de represión a personas o grupos ciudadanos, cometan abusos de autoridad o violaciones a derechos humanos. La secrecía será su defensa, ya que casi cualquier operación podrá realizarse de manera encubierta impidiendo a autoridades civiles, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general el acceso a la información sobre las mismas.
Pero hay más. La mencionada ley, contra la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas comisiones y defensorías estatales han anunciado que interpondrán controversias de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permitirá a las fuerzas armadas realizar funciones de inteligencia, espionaje, cateos y detenciones sin orden judicial, prácticamente de manera discrecional, afectando a la población civil. No en balde la ONU a través de los altos comisionados de Derechos Humanos, Contra las Ejecuciones Extrajudiciales, de Derecho a la Privacidad y del Derecho a la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos de nuestro país, los rectores de la UNAM, UdeG y Universidad Iberoamericana, abogados constitucionalistas, intelectuales y académicos, además de ciudadanos en general, se han manifestado en contra de esta nueva norma, violatoria de los derechos humanos y sus garantías, y en particular de los artículos 1, 6, 39, 40, 41, 73, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como si todo esto fuera poco, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con el voto de todos los partidos y a propuesta del legislador priista Pablo Elizondo García, una reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal por la cual se considerará como ilícito el que alguien “comunique, a través de cualquier medio incluidos los electrónicos, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”. El sentido de la reforma fue incluir en el llamado daño moral los términos “cualquier medio incluidos los electrónicos”, lo que hace pensar que se trata de un intento de censura a la libre expresión en las redes sociales.
La ahora llamada “ley mordaza” o “ley antimeme” se cierne amenazante contra periodistas, caricaturistas o meros usuarios de las redes que ejerzan la crítica, justificada o injustificada, Y si bien es difícil que una legislación así, atentatoria contra la libertad de expresión, se pueda aplicar, su aprobación en la cámara baja, en pleno inicio del proceso electoral federal, es una nueva manifestación de autoritarismo que pretende acallar las voces que, desde el ciberespacio, cuestionan a gobernantes y dirigentes políticos. Éstos pretenden controlar incluso las expresiones de crítica y descontento en los medios virtuales.
La militarización de la vida civil a través de la Ley de Seguridad Interior no es un mero cambio cosmético o coyuntural sino una modificación estructural en el Estado mexicano. Junto con su complemento la “ley mordaza”, acentúa los rasgos autoritarios del régimen, que se aleja del estado de derecho y de una legislación garantista y se enfila cada vez más a una semidictadura o dictadura encubierta, como la que ha existido por ejemplo en Colombia: un régimen militar y represivo disimulado bajo un aparente civilismo y un orden constitucional. Esperemos estar aún a tiempo de impedirlo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc34967

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