Los más jóvenes rozan los 70 años, los de mayor edad van por el siglo, y en todos los casos se van a la cama con hambre, dado que la pensión que reciben no les alcanza para completar las tres comidas diarias, o si lo hacen es excluyendo de su dieta la carne, las verduras o la fruta. Todos y todas trabajaron en empleos formales durante 20, 30, 40 años, pagando puntualmente impuestos y aportaciones para su retiro, y aun así, en la actualidad deben sobrevivir con una pensión equivalente a un salario mínimo… e incluso menor.
Se trata de personas que durante su vida laboral obtuvieron ingresos superiores al salario mínimo, pero que pocos años antes de llegar a la edad para pensionarse fueron despedidos, lo que les impidió obtener una pensión acorde a los sueldos con los cuales, cada quincena, durante años, les fue calculada la retención para su retiro. Sin embargo, hoy reciben solo una fracción de lo que realmente aportaron.
En otros casos, se trata de personas que gozaron un ingreso medio durante su vida productiva, pero que no fueron registrados por sus empleadores ante el Seguro con sus sueldos reales, sino con el ingreso mínimo, como una medida de sus patrones para evadir impuestos.
El resultado para todos fue el mismo: la miseria en la última etapa de su vida.
José Paredes explica su caso, que es ejemplo de lo que vive el resto de sus compañeros: “Yo tengo 83 años y coticé al seguro durante los 30 años que trabajé como chofer en la industria del metal. Hoy recibo de pensión el equivalente al salario mínimo, 83 pesos diarios, y la gente no puede vivir con un salario tan raquítico… con ese dinero, yo sólo me hago una comida al día, nomás el desayuno, ya no hay almuerzo y no hay cena.”
–¿Qué alimentos son los que consume?– se le pregunta.
–Alimento sencillo: frijoles, arroz, tortillas solas, con sal. El dinero no rinde, todo se fue muy arriba. Solo un tanque de gas de 20 kilos cuesta 400 pesos, y con eso nos matan de hambre. Pero lo peor es que no estamos en un país que no produzca, México produce mucha riqueza, pero siempre están las personas en el poder llevándose lo que quieren, despachándose con la cuchara grande, y la gente trabajadora, míranos, muriendo de hambre.
Don José no habla sin fundamento. Sólo en Veracruz, el estado del que todos los integrantes de este grupo son originarios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) calcula que las anteriores autoridades estatales, encabezadas por Javier Duarte, cometieron un desfalco al presupuesto público de 81 mil millones de pesos… por lo menos.
“Da sentimiento esta situación –afirma por su parte la señora Emiliana Chávez– porque vienen aquí personas de la autoridad, uno les dice que necesitamos ayuda, y ellos nomás responden que ‘sí’ (habrá ayuda), pero no dicen cuándo, y nosotros estamos con la ilusión de que algún día vengan y nos cumplan, que nos den algo que nos alcance para vivir, pero yo pienso que nos vamos a morir y nunca nos van a cumplir con la ayuda.”
La señora Emiliana tiene 67 años de edad y por tres décadas prestó servicio doméstico para una familia que la tuvo todo ese tiempo registrada al Seguro Social, lo que le permitió gozar de servicios médicos y, llegado el momento, pensionarse.
El problema fue que, para mantenerse en la aportación patronal mínima, esa familia registró a su empleada con un salario inferior al que recibía realmente, y fue con base en ese salario que la autoridad estableció su pensión.
Luego de 30 años de trabajo, Emiliana obtiene una pensión de 2 mil 100 pesos al mes, menos que el salario mínimo oficial.
“Ese dinero no me alcanza para vivir. Estos zapatos tienen más de un año y la ropa que tenemos hay que cuidarla, porque no hay para comprar nueva. De esos 2 mil 100 pesos tiene que salir para el gas, para el agua, para el predial, para la comida y para la medicina, porque a veces en el Seguro no tienen las medicinas que ahí mismo te recetan. Yo estoy enferma de la columna, tengo la presión alta y tengo el azúcar alta (diabetes), y a veces, cuando voy al doctor, no tienen toda la medicina que me mandan y entonces, ¿qué pasa? Pues que la tengo que comprar en una farmacia particular. Y cuando eso pasa, uno tiene que apretarse la barriga, para poder pagar lo otro que hace falta.”
Esa frase de Emiliana va secundada por el gesto afirmativo del resto de sus compañeros, que la rodean y escuchan.
“Entonces –se lamenta–, la llevamos con frijolitos, con huevito, con arrocito, las carencias principales son el alimento. Y aunque de vez en cuando quiero comer un caldo de res, un caldo de pescado, ya no alcanza para eso, la verdad.”
Hace dos años, el ayuntamiento de la ciudad de Veracruz aceptó otorgar a este grupo de adultos mayores una dotación básica de alimentos, de forma mensual, “era una cajita que tenía un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilo de frijol, un litro de aceite y jabón, básicamente, o sea, cosas elementales, pero que eran de bastante ayuda para nosotros, porque eso ya nos lo ahorrábamos”, explica Emiliana.
No obstante, desde hace ocho meses, la entrega de dichas despensas quedó suspendida.
Doña Lucila Almendra, de 76 años, lo detalla: “Antes nos ayudaban con la despensa, pero desde julio del año pasado, que fueron las elecciones (estatales a la gubernatura y presidencias municipales) nos las retiraron y hasta el sol de hoy no ha habido nada”.
La demanda inmediata es que la entrega de esas despensas les sea restituida a los 60 integrantes de este grupo, denominado Movimiento Constitucional de Pensionados y Viudas Pobres de México, pero la exigencia de fondo, en torno a la cual se reúnen desde hace nueve años, es un replanteamiento legal del modelo con el que se calculan las pensiones en el país.
“Nosotros hemos tocado muchas puertas –explica Miguel Ángel Matiano, de 76 años e iniciador de esta agrupación de adultos mayores–, hemos dirigido escritos al pasado presidente de la República, y también al actual, hemos acudido a foros y hemos ido a la Cámara de Diputados exigiendo una mejora real para los pensionados de menor ingreso y sus viudas, y no nos escuchan.”
Como prueba, don Miguel exhibe un legajo con decenas de exhortos y peticiones de audiencia, dirigidos a funcionarios públicos y legisladores, estatales y federales, a lo largo de los últimos nueve años, que fueron respondidos con negativas, evasivas o sin respuesta.
“Entonces –prosigue, desde su silla de ruedas–, ahora creemos que la única forma de que nuestra situación mejore es que se reconozca que el salario mínimo, que es la base para calcular nuestra pensión, es violatorio de los derechos humanos, no sólo de nosotros, sino de todos los mexicanos, porque no garantiza la subsistencia, queremos que se reconozca que esa es una cantidad que no alcanza para vivir, y que se reconozca que eso una violación a la Constitución”.
En la lista de los políticos con los que han acudido en busca de sensibilidad, sin éxito, destacan Emilio Chuayffet, Manlio Fabio Beltrones, Ernesto Cordero, Jesús Murillo Karam, al ombudsman Luis González Pérez, y más recientemente la diputada Araceli Damián, actual presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados federal.
“Nadie se quiere comprometer, muchos ni siquiera nos responden, y otros nos tratan muy bien, son muy amables y nos prometen ayuda, que nunca llega –lamenta don Miguel–. La última fue la diputada Araceli Damián, quien nos ofreció apoyo para redactar una solicitud de amparo con todos los argumentos que hemos expuesto, para presentar ante el Poder Judicial, queremos llegar a la Suprema Corte y que ahí se discuta esta situación, pero desde hace meses estamos esperando que al menos con eso nos puedan ayudar, y nada… cada industria, cada institución de este país, la levantamos nosotros, los obreros, los trabajadores, pero luego míranos… da mucho coraje.”
Desde el año 2009 a la fecha, cuando fue creado el Movimiento Constitucional de Pensionados y Viudas Pobres de México, 36 de sus integrantes han fallecido.
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