El
agua es vida. Del agua dependen los cultivos y el ganado, es decir,
nuestro alimento. Somos 70% agua. No podemos persistir sin ella.
El derecho a disfrutar del agua para consumo humano es inherente al
derecho a la vida de las personas. No podemos pensar uno sin el otro.
Pero la burguesía y sus partidos no piensan en derechos, no piensan en
el futuro y no les interesan los millones de personas que hoy en la
ciudad de México viven sin agua,
esperando la tanda semanal o peor, esperando a que la pipa llegue antes de que se acaben los tambos.
El pasado mes de diciembre los diputados de PRD, PAN, PVEM y PRI de la
Asamblea Legislativa (ALDF), aprobaron la Ley de Sustentabilidad Hídrica
que da pie a la privatización del sistema de agua en la Ciudad de
México durante al menos 25 años. Además de esta Ley, el PRD, PAN,
PVEM y el PRI también aprobaron la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de
México, ampliamente criticada pues garantiza el negocio inmobiliario
del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Esta Ley sólo profundizaría la opacidad y arbitrariedad que han caracterizado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) durante las últimas administraciones. Es sospechosa la urgencia que tienen los partidos PRD y PAN por aprobar una Ley antes de las elecciones y antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución para la Ciudad de México, la cual decreta el derecho al agua, por lo que buscan tener amarrado el negocio antes de esto.
La Ley incluye los componentes requeridos por las empresas para la privatización, como permitir que el Director General de SACMEX (que ahora será una paraestatal), firme acuerdos con las empresas, sin que los ciudadanos tengan acceso a los términos de los acuerdos, como ha sucedido en Puebla y Quintana Roo, donde el contenido de los acuerdos fueron “reservados” por 14 años después de su firma.
Dicen los burgueses que el agua falta en la ciudad porque la administración es burocrática e ineficiente, por supuesto ellos tratan de vendernos la privatización como la panacea, como una medicina mágica que cura todos los males. Según ellos el servicio estaría garantizado pues los empresarios son mejores administradores. Siempre son los mismos argumentos, las mismas máscaras: “descentralización”, “ciudadanización”, “desconcentración”, “modernización”. Tratan de convencernos de que ese camino, el de la privatización, es la única y más adecuada solución a los pésimos servicios que brinda el Estado a la clase trabajadora, pues en las zonas residenciales nunca les falta el agua para regar sus pastos, llenar sus albercas y menos para cocinar o bañarse.
La Ley incluye apartados sobre la comercialización del agua de lluvia. Sí, por ridículo que suene la Ley prevé la posibilidad de que una empresa capte agua de lluvia, la potabilice y la venda. Que nos vendan el agua de lluvia como una mercancía suena al más absurdo de los objetivos de la burguesía.
No es la primera vez que esto ocurre, en Bolivia, en el año 2000, el gobierno capitalista de ese país decretó una ley muy parecida a la que se decretó en la Ciudad de México. Esa ley privatizaba el disfrute del agua potable y no hacía distinción entre las distintas necesidades de una población mayoritariamente campesina e indígena. La principal empresa beneficiada fue Aguas Tunarí, propiedad de uno de los expresidentes de aquella nación sudamericana, que a su vez tenía acuerdos con la empresa norteamericana Brechel. Una vez que la iniciativa privada tomó el mando del abastecimiento del agua, las tarifas se elevaron irracionalmente, millones perdieron el poco acceso que aún tenían al vital líquido. No cabe duda que la burguesía administra eficientemente.
¿Cómo respondió el pueblo boliviano a esta afrenta de la burguesía y su gobierno? La población organizada salió a la calle, se hicieron grandes manifestaciones, se declararon huelgas y se realizaron grandes bloqueos. La represión y las campañas de desprestigio no se hicieron esperar. Pero los riesgos que corrió el pueblo boliviano no han sido infructuosos. El régimen progresista, aunque con asegunes, que gobierna hoy Bolivia es resultado directo de aquel proceso de lucha.
La gran burguesía internacional desde hace décadas se está preparando para asumir el negocio millonario del agua para consumo humano, un negocio que les aseguraría por décadas las ganancias que hoy escatiman a la extracción del petróleo, se trata de un negocio que dejaría 400 mil millones de dólares al año en ganancias. En África, en Europa oriental y en América Latina hay consorcios privados operando servicios de agua potable. Los principales beneficiarios son la norteamericana Brechel y las francesas Viviendi y Suez. ¿Qué sería hoy de Bolivia si su pueblo no se hubiera volcado a las calles en la defensa del agua?
La Organización de Lucha por la Emancipación Popular enarbola la lucha por el derecho al agua en nuestro programa mínimo para la Ciudad de México, el primer punto es “Agua potable para todo el pueblo”. En nuestro programa proponemos: “Acceso universal de agua potable, mínimo 100 litros por habitante en cada vivienda”, “Contra la privatización del SACMEX”, “Tarifas justas y mayores recursos a la construcción de obra hidráulica”. Es una mentira que en nuestra ciudad falte el agua. Lo que falta es un servicio cuyo objetivo sea que el pueblo disfrute del agua según su necesidad y no un esquema en el que se le considera como mercancía, y cuyas ganancias irán a parar a los bolsillos de los burgueses nacionales e internacionales.
¡El agua no es una mercancía, el agua es vida y los trabajadores tenemos derecho a la vida y sabremos defenderla!
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 31 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2018.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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