martes, 1 de mayo de 2018

La generación Windrush y la cruel política migratoria en Reino Unido

Tras fuertes críticas de organizaciones humanitarias y líderes políticos, la titular británica de Interior, Amber Rudd, presentó su dimisión y la primera ministra, Theresa May, pidió perdón por el maltrato a migrantes establecidos en Reino Unido desde 1948.
La renuncia de Rudd fue la cuarta de un alto cargo en seis meses y tuvo lugar el 29 de abril, a pocos días de las elecciones locales (3 de mayo).
En una carta a la dirigente conservadora, la política de 54 años admitió “haber engañado involuntariamente al Parlamento sobre la existencia de cuotas anuales para la expulsión de indocumentados”.
Su lugar fue ocupado por Sajid Javeed, un británico de 48 años y de origen pakistaní, el prototipo perfecto para intentar construir la imagen de un gobierno inclusivo y esconder los verdaderos planes de los tories en relación a los extranjeros.
Para el opositor Partido Laborista, el cambio de ministros fue solo una estrategia a fin de evitar que la culpa cayera sobre la verdadera responsable.
No hay duda de que Rudd tenía que marcharse, pero aquí el asunto más importante es la arraigada hostilidad hacia los migrantes, cuya arquitecta es Theresa May, escribió en Twitter Laura Piddock, miembro de esa formación.
Dicha afirmación fue secundada por numerosas voces que consideraron insuficientes una expulsión y varias disculpas.
Rudd se fue, pero la política hostil continúa, se leía en diarios locales.
Durante los últimos meses, varios escándalos sacudieron a la administración conservadora, pero esta vez el problema no puede ser solucionado con medidas simples.
En junio de 1948, 492 ciudadanos de países caribeños llegaron al puerto de Tilbury (sur) a bordo del navío Empire Windrush y se convirtieron en el primero de muchos grupos trasladados a territorio británico para cubrir la falta de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Desde ese año hasta 1971, miles de personas, incluidos niños, se establecieron en dicha nación a solicitud del gobierno y recibieron permiso para permanecer en ella si así lo deseaban.
Luego de siete décadas viviendo y trabajando en el Reino Unido, la estabilidad de esos migrantes y de sus hijos se vio interrumpida por reformas impulsadas por May en 2012, cuando era titular de Interior, y posteriores acciones de su sucesora Amber Rudd.
Muchos de ellos fueron considerados ilegales y se les exigió pruebas documentales por cada año de permanencia en ese país.
Al no poder demostrar lo anterior y ante la ausencia de registros oficiales, perdieron su trabajo y el acceso a servicios básicos, además de ser deportados o amenazados con esa directriz.
Ocultado por los conservadores, el escándalo salió a la luz tras la divulgación por periódicos locales de casos de ciudadanos afectados por esas normativas y tomó especial relevancia durante la reciente cumbre de la Mancomunidad de Naciones, en la que representantes de estados caribeños exigieron explicaciones y respuestas inmediatas.
Durante un encuentro con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y otros líderes de esa región, la jefa del gobierno británico lamentó “las ansiedades causadas” y prometió impulsar las acciones necesarias para evitar mayores daños.
“Quiero eliminar cualquier impresión de que estamos actuando de algún modo contra ciudadanos de la Mancomunidad, en particular aquellos que provienen del Caribe. Ninguno de ellos debe tener dudas sobre su derecho a permanecer aquí”, afirmó.
Nos tomamos este asunto muy en serio. Quienes llegaron antes de 1973 provenientes del Caribe y han vivido aquí durante períodos considerables de tiempo pueden continuar haciéndolo, añadió.
Asimismo, aseguró que los afectados serán recompensados y recibirán la ayuda necesaria.
Poco antes, Rudd también había pedido disculpas a nombre del Ministerio de Interior “por haber olvidado el lado humano del asunto, preocuparse demasiado por la política y tratar de manera horrible a esas personas”.
Mientras continuaban las justificaciones y promesas por parte del gobierno, el escándalo comenzó a tomar dimensiones mayores a medida que eran divulgados planes del Ejecutivo y otras decisiones.
Basado en declaraciones de funcionarios y tras un proceso de investigación, el diario The Guardian denunció la posible destrucción de las tarjetas de desembarque y otros documentos de los miembros de la generación Windrush, con los cuales sería posible probar su derecho a ser considerados ciudadanos británicos.
Además, develó que en 2017 Rudd envió una carta a May donde prometió expulsar a más de 4 mil migrantes cada año.
Según el rotativo, en el documento de cuatro páginas la ministra de Interior asegura que supervisaría el incremento de los controles y las acciones para lograr la salida obligada o voluntaria de una cifra de indocumentados 10 por ciento superior a la de los deportados por May cuando ocupaba ese cargo.
“Los ilegales y todo el mundo deben saber que nuestro sistema tiene dientes y que si no lo hacen por decisión propia, los obligaremos a irse, aunque tengamos que detenerlos. Por eso, reorientaremos el trabajo y nos concentraremos en las expulsiones forzadas”, señala un fragmento de la misiva publicada por el periódico.
Dichos sucesos causaron profundo malestar y organizaciones no gubernamentales convocaron a marchas de protesta.
El líder laborista Jeremy Corbyn exigió la renuncia de Rudd debido a su “cruel y equivocada política migratoria”.
Durante una comparecencia ante el Parlamento, Corbyn criticó las acciones hostiles de May y su gabinete contra esos ciudadanos y pidió llevar a la práctica las promesas realizadas.
La primera ministra conocía muy bien las dificultades enfrentadas por la generación Windrush. Ahora sabemos que cuando Rudd asumió ese puesto su intención era recrudecer la política cruel de su predecesora y se comprometió a hacerlo de manera despiadada, señaló.
Indicó que los tories ignoraron las advertencias de diputados laboristas sobre el tema y exigió una solución inmediata.
El 29 de abril, más de 200 parlamentarios enviaron una carta a la jefa de gobierno, donde exigieron la inclusión en la ley de los derechos de esas personas y de otras en situaciones similares.
Pese a reconocer, aunque a medias, su culpabilidad, la administración conservadora no ha facilitado datos de gran relevancia como la cifra total de posibles afectados por sus regulaciones y la cantidad real de detenidos o expulsados.
Tampoco ha precisado en qué consiste la presunta compensación de daños prometida por May ni cómo se procederá para determinar qué corresponde a cada quien.
Rodeado de numerosas incógnitas, el asunto resulta en extremo preocupante y requiere mucho más que disculpas y respuestas banales.
En muchos casos, el daño causado no puede ser enmendado, pero los críticos del gobierno consideran que Reino Unido le debe a esos migrantes y a todos sus ciudadanos una explicación verídica, no solo sobre lo sucedido, sino sobre cómo injusticias de ese tipo ocurren en las narices de dirigentes y partidos políticos y son escondidas durante años.
Según los analistas, Amber Rudd es solo un escudo utilizado por May y la cara de una política migratoria injusta, defendida durante décadas por los conservadores. Su salida no representa un gran cambio ni arregla todo lo que se hizo mal.