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proceso.com.mxWashington usa al gobierno mexicano para afinar sistemas de espionaje antimigratorio
Desde
hace años, con el pretexto de proteger su seguridad nacional, el
gobierno estadunidense tiene acceso a los datos biométricos de los
inmigrantes indocumentados que el Instituto Nacional de Migración
recopila en sus centros de detención. Pero ahora la administración de
Donald Trump pretende fortalecer los sistemas cibernéticos para que
todas sus agencias de seguridad compartan y operen esos datos. A juicio
de un experto en seguridad y tecnología, esto implica asignarle al
gobierno mexicano una función auxiliar de las políticas de mano dura de
Trump contra los migrantes y la posibilidad de espiar a ciudadanos
mexicanos.
WASHINGTON (Proceso).- En su afán por usar al gobierno de Enrique Peña Nieto como oficina migratoria de Estados Unidos, la administración de Donald Trump lanzó otra convocatoria a empresas biométricas y de espionaje para desarrollar tecnología que se instalará en México con el fin de recolectar datos de inmigrantes centroamericanos y posiblemente de mexicanos.
La documentación revisada por Proceso revela asimismo que el Departamento de Estado le asignó un nuevo contrato por 58 millones de dólares a CSRA Inc., empresa que fortalecerá los sistemas de recopilación de datos que ya funcionan en México desde 2014 por auspicio de la Iniciativa Mérida.
“La intención es que los sistemas que ya operan en México sean interoperables con los sistemas y bases de datos del Buró Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Seguridad Interior (DHS) y el Pentágono”, se lee en la convocatoria que el gobierno de Trump emitió a principios de este año.
“El sistema de recopilación de información biométrica y las aplicaciones (software) que tiene y que está instalado y operando en México no se puede comunicar con los programas del FBI, DHS y del Pentágono”, subraya la convocatoria que otra empresa cibernética y de seguridad estadunidense proporcionó a este semanario.
“La respuesta de las empresas que disputan la licitación del contrato se entregó al Departamento de Estado el 13 de abril”, explica al reportero un ejecutivo de la firma que facilitó el documento de la requisición de servicios.
“Lo grave y preocupante de estos sistemas es que, una vez instalados, las agencias mexicanas como el Instituto Nacional de Migración (INM) fungirán involuntariamente como entes de espionaje y de inmigración del gobierno de Estados Unidos; por ello los datos de ciudadanos mexicanos podrían a su vez estar en riesgo de ser enviados al DHS”, alerta el experto en tecnología cibernética, quien, para proteger su empleo y los intereses de la compañía donde trabaja, exigió el total anonimato como condición para hablar del asunto.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2166, ya en circulación
WASHINGTON (Proceso).- En su afán por usar al gobierno de Enrique Peña Nieto como oficina migratoria de Estados Unidos, la administración de Donald Trump lanzó otra convocatoria a empresas biométricas y de espionaje para desarrollar tecnología que se instalará en México con el fin de recolectar datos de inmigrantes centroamericanos y posiblemente de mexicanos.
La documentación revisada por Proceso revela asimismo que el Departamento de Estado le asignó un nuevo contrato por 58 millones de dólares a CSRA Inc., empresa que fortalecerá los sistemas de recopilación de datos que ya funcionan en México desde 2014 por auspicio de la Iniciativa Mérida.
“La intención es que los sistemas que ya operan en México sean interoperables con los sistemas y bases de datos del Buró Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Seguridad Interior (DHS) y el Pentágono”, se lee en la convocatoria que el gobierno de Trump emitió a principios de este año.
“El sistema de recopilación de información biométrica y las aplicaciones (software) que tiene y que está instalado y operando en México no se puede comunicar con los programas del FBI, DHS y del Pentágono”, subraya la convocatoria que otra empresa cibernética y de seguridad estadunidense proporcionó a este semanario.
“La respuesta de las empresas que disputan la licitación del contrato se entregó al Departamento de Estado el 13 de abril”, explica al reportero un ejecutivo de la firma que facilitó el documento de la requisición de servicios.
“Lo grave y preocupante de estos sistemas es que, una vez instalados, las agencias mexicanas como el Instituto Nacional de Migración (INM) fungirán involuntariamente como entes de espionaje y de inmigración del gobierno de Estados Unidos; por ello los datos de ciudadanos mexicanos podrían a su vez estar en riesgo de ser enviados al DHS”, alerta el experto en tecnología cibernética, quien, para proteger su empleo y los intereses de la compañía donde trabaja, exigió el total anonimato como condición para hablar del asunto.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2166, ya en circulación
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