martes, 17 de julio de 2018

La privatización de la guerra

Los veteranos de guerra rusos reclaman que el presidente Vladimir Putin tome las medidas adecuadas para legalizar las empresas privadas de mercenarios. En una declaración enviada al líder ruso, lo veteranos exigen no solo la legalización de esos soldados sino también un reconocimiento oficial de que los contratistas están implicados en el conflicto sirio.

Los veteranos enviaron el documento a la oficina del presidente y al Tribunal Supremo de Rusia. La declaración fue firmada por un grupo de mercenarios entre los que está el coronel general retirado Leonid Ivashov, ex jefe del Consejo General para la Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa (1996-2001); Vladimir Petrov, jefe de la organización pública internacional Honor y Patria, y Evgeny Shabaev, presidente del Consejo de Oficiales Rusos. La declaración hace hincapié en el hecho de que durante tres años, las organizaciones de veteranos han recibido muchas quejas de soldados heridos en Siria que no han podido acceder al apoyo del gobierno en relación con lo social, la rehabilitación y lo económico al no contar con el necesario estatus legal.
En Rusia, la cuestión de la legalización de esos mercenarios ha sido tema de discusión durante muchos años. Normalmente, las actividades de los contratistas privados son ilegales, como lo establece un artículo del Código Penal ruso que prohíbe la existencia de grupos de mercenarios. Estos soldados no están reconocidos como veteranos de guerra, por lo que no pueden disfrutar de los beneficios de los que estos gozan. Los políticos rusos llevan mucho tiempo enfrascados en larguísimos e infructuosos debates sobre las consecuencias –negativas y positivas– de la legalización de los mercenarios. Aun así, por primera vez cuando de desencadenó la guerra en el este de Ucrania y, más tarde, cuando Rusia empezó su campaña en Siria, el problema se convirtió en algo apremiante.
Informaciones de las organizaciones de veteranos aseguran que también hay empresas privadas de mercenarios rusas operando en la República Centroafricana, Sudán, Yemen y Libia. Supuestamente, entre ellas está no solo el tristemente célebre Grupo Wagner sino también –como menciona la declaración de los veteranos– la empresa Patriot, una firma mercenaria totalmente nueva.
Según TV Rain, un canal de la oposición rusa, Patriot ha estado participando en combates en Siria desde la primavera de este año. Entre sus soldados están los llamados “turistas” –un término acuñado durante la guerra en el Dombass, Ucrania–, soldados profesionales rusos vistos en el campo de batalla mientras aparentemente estaban en servicio, sin orden alguna de sus comandantes. Tal como dijo Ivashov, se ha sabido que varios especialistas activos de la dirección del Estado Mayor (Departamento Central de Inteligencia), abogados militares y soldados de las fuerzas especiales trabajan para Patriot. Una fuente en el Ministerio de Defensa contó a TV Rain que Patriot paga mejor y realiza tareas de combate más elaboradas; además, su accionar apunta más a la protección de personas, al contrario del Grupo Wagner, que se implica más frecuentemente en acciones de combate.
“En el mercado están surgiendo otras empresas. No conocemos con exactitud su nombre, pero puede usted estar seguro de que ya están trabajando en Libia, Yemen, Sudán y Brunei. Además, se está conversando acerca de entrar en varios países de África”, dijo Shavaev.
Aparentemente, el Kremlin respondió a la declaración con la debida seriedad. El portavoz de Putin, Dimitry Peskov dijo: “Si ese documento llega a nosotros por los canales oficiales, lo enviaremos al Ministerio de Defensa de modo que allí puedan bosquejar algún enfoque al problema”.
Sin embargo, para tener una idea de la probabilidad que existe que las autoridades rusas realmente respondan a la declaración de Shavaev es necesario que se aclaren varios puntos.
En primer lugar, muchos sectores políticos utilizan la cuestión de la discreta participación rusa en la guerra de Siria para apuntarse tantos políticos, sin que importe la profundidad de su conocimiento del problema. En esta particular situación, los redactores de la declaración no actúan como una organización de veteranos unida. La emisora de radio The Voice of America observó acertadamente que se trata de una interesante mezcla: Ivashov es un patriótico experto “estatista” que ha expresado sus opiniones personales durante mucho tiempo; Petrov ha estado participando en el liderazgo de diferentes organizaciones conservadoras junto con Ivashov durante cierto tiempo; Shavaev es un activista cosaco que en febrero se manifestó acerca de “cuantiosas bajas” entre las fuerzas de Wagner en Siria. En 2011, Ivazhov incluso estuvo tratando de ser candidato presidencial. En pocas palabras: durante algún tiempo, Ivashov ha estado implicado en política con el objetivo de presentar su agenda a numerosas asociaciones de veteranos y grupos patrióticos.
En segundo lugar, no tiene mucho sentido esperar alguna reacción de una institución que no reconoce oficialmente ninguna empresa de mercenarios, aunque tenga relaciones directas con ellas. Por ejemplo, según se dice, los mercenarios de Wagner utilizan una parte del campo de adiestramiento del Ministerio de Defensa cerca del pueblo de Molkino, donde suelen adiestrarse unidades de la inteligencia militar.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa no está solo en su oposición a la legalización de los mercenarios. A mediados de enero, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, mientras comentaba la captura de dos rusos por parte de terroristas del Daesh, dijo que “debería legislarse para proteger a estas personas dentro de un sólido marco legal”, algo que fue tomado por muchos como un aval a la idea de legalizar el estatus de los contratistas de mercenarios. En el mismo mes, Sergey Mironov, líder del Partido Una Rusia Justa, y su diputado Mikhail Emelyanov redactaron el borrador de un nuevo proyecto de ley sobre la legalización en Rusia de las empresas privadas de mercenarios. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por todos los organismos claves de Estado ruso: Defensa, Economía, Justicia, Relaciones Exteriores, la Guardia Nacional, el servicio de Seguridad Federal, la Inteligencia Exterior, los servicios de Protección Federal y la oficina del Fiscal General.
Además, el Consejo de la Federación [Rusa] sostuvo que en Rusia de ninguna manera existen esas compañías. Formalmente, esto es cierto; la mayoría de las empresas rusas de mercenarios están registradas en otros países y no tienen un estatus legal en este país, de este modo, la consideración de rusas de estas firmas es solo nominal. Por otra parte, las empresas de mercenarios realmente registradas en Rusia, como el Grupo RSB y LUKOM-A (cuyo fundador principal y cliente general es la corporación petrolera Lukoil), están consideradas como empresas privadas de seguridad o de asesoramiento. Es así que, técnicamente, el Grupo Wagner y otras entidades similares que existen sin un estatus legal oficial e incluso sin un nombre de público conocimiento son unidades armadas ilegales.
Según una fuente de las fuerzas armadas que se comunicó con Al-Monitor, la función de esas empresas es ser instrumentos en la sombra para ayudar a la inteligencia militar rusa, pero es muy improbable que su dudosa experiencia legal sea dirigida a la esfera de la política. Se supone que estas empresas de mercenarios al menos tienen un flujo de documentación vagamente transparente, sin embargo, en el caso del Grupo Wagner existe información que asegura que buena parte de su contabilidad es fraudulenta. No obstante, la mayoría de los mercenarios que llegan de distantes regiones de Rusia tolera esta situación. Por otra parte, el Grupo Wagner admite a extranjeros, especialmente ucranianos y nacidos en los países que formaban la antigua Yugoslavia. La estructura de las diferentes unidades es revisada a partir de renovaciones. Algunas fuentes sostienen que la unidad “Primavera”, que en principio había sido planteada para sabotear al ejército de Ucrania detrás de las líneas enemigas, más tarde fue rediseñada y enviada a Siria porque los soldados no dominaban lo suficiente las técnicas básicas para realizar operaciones de sabotaje.
En Rusia hay quienes argumentan que el país puede vincular las empresas de mercenarios con la legalidad de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO, por sus siglas en inglés), una alianza militar post-soviética. Esto podría darle nueva vida a una estructura que continúa sufriendo atrofia, a pesar de todas las declaraciones oficiales y ejercicios militares que Rusia pone en marcha dentro de ella. Es sabido que el Instituto Moscú de Problemas de Seguridad y Desarrollo Sostenible, en el que una parte del equipo acostumbraba trabajar con los servicios especiales y en este momento participa en grupos de expertos en Duma, en realidad redactó un proyecto de ley en este sentido. Aun así, surgen muchas preguntas. Entre ellas, si en el caso de ausencia de un enemigo en común las naciones del CSTO están preparadas para dar este paso y, más importante aun, si Rusia necesita o no legalizar las actividades de estos contratistas para trasparentar sus operaciones en el interior del CSTO, en el que no hay necesidad de establecer contactos reservados y realizar operaciones encubiertas como las que estos grupos están llevando a cabo en Siria.
Anton Mardasov es experto en asuntos militares y periodista enfocado en Siria, Iraq y organizaciones extremistas. Además, es experto –no residente– destinado en el Consejo Ruso de Asuntos Internacionales (RIAC, por sus siglas en inglés).
Fuente: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/russia-pmc-syria-putin.html?utm_campaign=20180712&utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Newsletter
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