El presidente electo deberá diseñar una política de Estado en materia de igualdad
Amalia
García, exdirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y Patricia Olamendi, promotora de la igualdad entre mujeres y
hombres, entregaron un documento al presidente electo Andrés Manuel
López Obrador en el que explican la necesidad de diseñar una política de
Estado en materia de igualdad y proponen tres áreas fundamentales:
autonomía económica, sistema nacional de cuidados y cero impunidad a la
violencia contra las mujeres.
En ese texto, las firmantes señalan que esta política es indispensable para eliminar la discriminación y garantizar los derechos de más de 67 millones de mujeres y niñas en el ámbito público y privado, reducir las brechas de género en el acceso al empleo, educación y salud y asegurar la igualdad de oportunidades.
La primera área de interés es la de autonomía económica. En ella explican que es indispensable para avanzar en igualdad ya que esto significa que las mujeres cuenten con ingresos propios y con tiempo para estudiar y capacitarse.
Se explica que actualmente de las más de 46.3 millones de mujeres en edad de trabajar sólo cuatro de cada 10 son económicamente activas. Las mujeres siguen sufriendo discriminación laboral por embarazo y crece su participación en empleos con bajas remuneraciones y escasas prestaciones. El 28 por ciento de las mujeres ocupadas tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos, es decir 88 pesos diarios. (4,6 dólares).
Para revertir esta situación, las firmantes proponen: un programa emergente de empleo digno, capacitación y certificación de competencias laborales. Que se destine el 10 por ciento de las plazas en la administración pública para mujeres. Sanción a agresores que cometen hostigamiento y acoso sexual en contra de las mujeres. Estímulos a empresas que contraten mujeres. Elevar sanciones a centros de trabajo que discriminen a las mujeres, desarrollar nuevas modalidades de empleo (a distancia, medio tiempo, etc.) y destinar el 20 por ciento de créditos de vivienda a mujeres.
En el área de Sistema Nacional de Cuidado explican al próximo presidente que las mujeres dedican 73 de cada 100 horas al trabajo no remunerado y 27 horas al trabajo remunerado. "Esto hace imposible compaginar trabajo remunerado, atención a la familia, desarrollo profesional e incluso cuidado a la salud".
Por ello abogan por reconocer los derechos de las personas cuidadoras; compaginar horarios laborales y escolares; impulsar escuelas de tiempo completo que incluyan alimentos, transporte, servicio médico y psicológico; realizar un censo de niñas y niños víctimas del crimen organizado o que sus madre/padre se encuentren en prisión para brindarles atención inmediata; centros de cuidados para niñas y niños de madres trabajadoras con horarios vespertinos o nocturnos; centro de artes y de innovación tecnológica para adolescentes; centros de cuidado para personas adultas mayores; apoyos para madres con hijos/as con discapacidad, y reformas a la legislación en materia de guarderías para ampliar horarios, coberturas y servicios y reconocer los derechos de las trabajadoras asalariadas de hogar.
En cuanto a la propuesta de cero impunidad a la violencia contra las mujeres y las niñas y el acceso a la justicia señalan que siete de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, además 12 de cada 100 niñas son madres antes de los 15 años; desde el año 2000 han ocurrido 23.763 muertes violentas de mujeres, 7.000 mujeres siguen desaparecidas y más de 60.000 denuncias de violencia familiar han sido archivadas.
Para este rubro llaman a reconocer el derecho de las mujeres a que se respete su vida y su integridad; que el derecho a la vida de ellas sea protegido de prácticas sociales y culturales que lo vulneren y que incluya protegerlas de los efectos de la pobreza.
Además, demandan homologar la legislación para sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres; sancionar toda apología de la violencia; establecer como delitos graves la violencia familiar y sexual; crear unidades de investigación y seguimiento de medidas de protección en policía federal y fiscalías especializadas en violencia de género.
Asimismo, proponen la creación de un sistema de alerta para mujeres desaparecidas, establecer juzgados especiales en violencia de género; apoyos para la instalación de refugios y la revisión de los modelos de atención de los centros de justicia.
También solicitan seguro contra violencia que incluya apoyo temporal de vivienda y empleo; fondo de reparación de daño a hijos e hijas de madres víctimas de feminicidio; creación de una plataforma de revisión para casos de mujeres víctimas de abusos sexuales y violaciones; y establecer mecanismos de visitaduría encargados de garantizar que los procesos penales contra mujeres cumplan con principios de inmediatez, imparcialidad, legalidad, igualdad y publicidad.
En ese texto, las firmantes señalan que esta política es indispensable para eliminar la discriminación y garantizar los derechos de más de 67 millones de mujeres y niñas en el ámbito público y privado, reducir las brechas de género en el acceso al empleo, educación y salud y asegurar la igualdad de oportunidades.
La primera área de interés es la de autonomía económica. En ella explican que es indispensable para avanzar en igualdad ya que esto significa que las mujeres cuenten con ingresos propios y con tiempo para estudiar y capacitarse.
Se explica que actualmente de las más de 46.3 millones de mujeres en edad de trabajar sólo cuatro de cada 10 son económicamente activas. Las mujeres siguen sufriendo discriminación laboral por embarazo y crece su participación en empleos con bajas remuneraciones y escasas prestaciones. El 28 por ciento de las mujeres ocupadas tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos, es decir 88 pesos diarios. (4,6 dólares).
Para revertir esta situación, las firmantes proponen: un programa emergente de empleo digno, capacitación y certificación de competencias laborales. Que se destine el 10 por ciento de las plazas en la administración pública para mujeres. Sanción a agresores que cometen hostigamiento y acoso sexual en contra de las mujeres. Estímulos a empresas que contraten mujeres. Elevar sanciones a centros de trabajo que discriminen a las mujeres, desarrollar nuevas modalidades de empleo (a distancia, medio tiempo, etc.) y destinar el 20 por ciento de créditos de vivienda a mujeres.
En el área de Sistema Nacional de Cuidado explican al próximo presidente que las mujeres dedican 73 de cada 100 horas al trabajo no remunerado y 27 horas al trabajo remunerado. "Esto hace imposible compaginar trabajo remunerado, atención a la familia, desarrollo profesional e incluso cuidado a la salud".
Por ello abogan por reconocer los derechos de las personas cuidadoras; compaginar horarios laborales y escolares; impulsar escuelas de tiempo completo que incluyan alimentos, transporte, servicio médico y psicológico; realizar un censo de niñas y niños víctimas del crimen organizado o que sus madre/padre se encuentren en prisión para brindarles atención inmediata; centros de cuidados para niñas y niños de madres trabajadoras con horarios vespertinos o nocturnos; centro de artes y de innovación tecnológica para adolescentes; centros de cuidado para personas adultas mayores; apoyos para madres con hijos/as con discapacidad, y reformas a la legislación en materia de guarderías para ampliar horarios, coberturas y servicios y reconocer los derechos de las trabajadoras asalariadas de hogar.
En cuanto a la propuesta de cero impunidad a la violencia contra las mujeres y las niñas y el acceso a la justicia señalan que siete de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, además 12 de cada 100 niñas son madres antes de los 15 años; desde el año 2000 han ocurrido 23.763 muertes violentas de mujeres, 7.000 mujeres siguen desaparecidas y más de 60.000 denuncias de violencia familiar han sido archivadas.
Para este rubro llaman a reconocer el derecho de las mujeres a que se respete su vida y su integridad; que el derecho a la vida de ellas sea protegido de prácticas sociales y culturales que lo vulneren y que incluya protegerlas de los efectos de la pobreza.
Además, demandan homologar la legislación para sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres; sancionar toda apología de la violencia; establecer como delitos graves la violencia familiar y sexual; crear unidades de investigación y seguimiento de medidas de protección en policía federal y fiscalías especializadas en violencia de género.
Asimismo, proponen la creación de un sistema de alerta para mujeres desaparecidas, establecer juzgados especiales en violencia de género; apoyos para la instalación de refugios y la revisión de los modelos de atención de los centros de justicia.
También solicitan seguro contra violencia que incluya apoyo temporal de vivienda y empleo; fondo de reparación de daño a hijos e hijas de madres víctimas de feminicidio; creación de una plataforma de revisión para casos de mujeres víctimas de abusos sexuales y violaciones; y establecer mecanismos de visitaduría encargados de garantizar que los procesos penales contra mujeres cumplan con principios de inmediatez, imparcialidad, legalidad, igualdad y publicidad.
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