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Luis Videgaray solicitó al MP cancelar 4 causas penales por evasión fiscal
Autor:
Nancy Flores / @Nancy_Contra
En su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray solicitó directamente al Ministerio Público Federal desistirse
de cuatro causas penales en contra de evasores de impuestos, cuyos
delitos por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable
estaban probados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En los archivos de la dependencia se revela esa defensa que hacia el mismo secretario de Hacienda de esos cuatro casos de evasores fiscales que implicaron un daño a la hacienda pública por 5 millones 403 mil 368 pesos en total; pero que gracias a la intervención del amigo del expresidente Enrique Peña, los contribuyentes defraudadores lograron librar la cárcel en el último momento del proceso en su contra.
La “Dirección General de Control Procedimental tiene registrados cuatro casos de delitos fiscales que fueron sobreseídos a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2018”, indica el oficio SHCP/CT030/2019, de fecha 6 de febrero del presente año.
Los cuatro perdones fiscales fueron concedidos por Videgaray, quien estuvo al frente de Hacienda del 1 de diciembre de 2012 al 7 de septiembre de 2016.
El primero de ellos se otorgó el 28 de febrero de 2014, revela el documento entregado a Contralínea por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En este caso, el SAT había demostrado que el contribuyente incurrió en el delito de defraudación fiscal equiparable por 2 millones 648 mil 912 pesos.
No obstante, la dependencia encabezada por Carlos Urzúa decidió reservar el nombre del evasor fiscal, argumentando que “dicha información se encuentra clasificada, ya que los nombres y apellidos de las personas involucradas en la comisión de delitos constituye información confidencial”.
Bajo los mismos criterios, los otros tres beneficiarios tampoco son identificados por el nuevo gobierno.
El segundo perdón se concedió el 25 de noviembre de 2014 y en éste se habían determinado dos delitos: defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable por un monto de 687 mil 872 pesos.
Pasó 1 año 4 meses para que Videgaray concediera el tercer perdón fiscal: fue el 4 de abril de 2016 cuando pidió que se sobreseyera la causa penal contra un contribuyente, que causó un daño al fisco por 1 millón 35 mil 555 pesos. El delito imputado fue defraudación fiscal equiparable.
Por este mismo ilícito se había procesado la cuarta causa penal que condonó discrecionalmente el doctor en economía y quien también fuera secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado. Este último perdón se concedió 7 días antes de que Videgaray renunciara a su cargo: el 31 de agosto de 2016. El monto que se había defraudado al fisco federal ascendió a 1 millón 51 mil 28 pesos, refiere el documento.
Para estas solicitudes, el entonces secretario Videgaray esgrimió su facultad discrecional para perdonar a los defraudadores del fisco, establecida en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.
Éste dispone que “los procesos por los delitos fiscales […] se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente [sic], antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.
En esos cuatro casos, la propia Secretaría de Hacienda había cumplido con los pasos previos para dictaminar los fraudes: había formulado la querella, declarado que el fisco federal había sufrido un perjuicio económico o formulado la declaratoria correspondiente en los casos de contrabando de mercancías. Pero nada de eso importó: el secretario igual los perdonó.
Y es que, aunque el Código Fiscal de la Federación establece que el sobreseimiento de los procesos por los delitos fiscales se hace a petición de la Secretaría de Hacienda en general, en esa dependencia se sabe que el secretario en turno es el único funcionario que puede firmar estas solicitudes discrecionales: ningún subsecretario ni subalterno tiene la facultad de solicitar al Ministerio Público el sobreseimiento de las causas penales.
También se sabe que para que el secretario acceda a perdonar evasores hay procesos de negociación muy intensos, generalmente encabezados por despachos jurídicos especializados en temas fiscales y gestores “profesionales” que cabildean al más alto nivel.
No cualquier contribuyente accede a exponer su caso de defraudación fiscal ante el titular de Hacienda, por lo que sería deseable que esta administración de Andrés Manuel López Obrador revele los nombres de esos cuatro beneficiarios del perdón fiscal en el sexenio pasado.
Ya va siendo hora de que el presidente de México observe, y sobre todo elimine, el doble rasero con el que Hacienda y el SAT tratan a los contribuyentes: por una parte, ambas instituciones se empeñan por ocultar los nombres de los grandes contribuyentes a los que benefician con condonaciones y devoluciones millonarias (incluidas personas morales), argumentando que es secreto fiscal y datos personales. Pero por otra, revelan los nombres de pequeños contribuyentes en sus listas negras de morosidad.
Esta claro que, hasta el día de hoy, sólo los ricos –ese puñado de potentados que tanto critica el presidente López Obrador– tienen garantizado su anonimato en el fisco: para el resto de los contribuyentes no existen ni la protección de datos personales ni la secrecía fiscal.
Por eso es urgente que el gobierno federal dé a conocer quiénes son esos cuatro evasores perdonados y cuál fue el proceso de negociación para el sobreseimiento de sus casos. ¿Realmente pagaron sus impuestos y sanciones o simplemente se les dejó en libertad por su nivel de influencia o su capacidad de corromper a los servidores públicos?
Nancy Flores
En los archivos de la dependencia se revela esa defensa que hacia el mismo secretario de Hacienda de esos cuatro casos de evasores fiscales que implicaron un daño a la hacienda pública por 5 millones 403 mil 368 pesos en total; pero que gracias a la intervención del amigo del expresidente Enrique Peña, los contribuyentes defraudadores lograron librar la cárcel en el último momento del proceso en su contra.
La “Dirección General de Control Procedimental tiene registrados cuatro casos de delitos fiscales que fueron sobreseídos a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2018”, indica el oficio SHCP/CT030/2019, de fecha 6 de febrero del presente año.
Los cuatro perdones fiscales fueron concedidos por Videgaray, quien estuvo al frente de Hacienda del 1 de diciembre de 2012 al 7 de septiembre de 2016.
El primero de ellos se otorgó el 28 de febrero de 2014, revela el documento entregado a Contralínea por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En este caso, el SAT había demostrado que el contribuyente incurrió en el delito de defraudación fiscal equiparable por 2 millones 648 mil 912 pesos.
No obstante, la dependencia encabezada por Carlos Urzúa decidió reservar el nombre del evasor fiscal, argumentando que “dicha información se encuentra clasificada, ya que los nombres y apellidos de las personas involucradas en la comisión de delitos constituye información confidencial”.
Bajo los mismos criterios, los otros tres beneficiarios tampoco son identificados por el nuevo gobierno.
El segundo perdón se concedió el 25 de noviembre de 2014 y en éste se habían determinado dos delitos: defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable por un monto de 687 mil 872 pesos.
Pasó 1 año 4 meses para que Videgaray concediera el tercer perdón fiscal: fue el 4 de abril de 2016 cuando pidió que se sobreseyera la causa penal contra un contribuyente, que causó un daño al fisco por 1 millón 35 mil 555 pesos. El delito imputado fue defraudación fiscal equiparable.
Por este mismo ilícito se había procesado la cuarta causa penal que condonó discrecionalmente el doctor en economía y quien también fuera secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado. Este último perdón se concedió 7 días antes de que Videgaray renunciara a su cargo: el 31 de agosto de 2016. El monto que se había defraudado al fisco federal ascendió a 1 millón 51 mil 28 pesos, refiere el documento.
Para estas solicitudes, el entonces secretario Videgaray esgrimió su facultad discrecional para perdonar a los defraudadores del fisco, establecida en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.
Éste dispone que “los procesos por los delitos fiscales […] se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente [sic], antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.
En esos cuatro casos, la propia Secretaría de Hacienda había cumplido con los pasos previos para dictaminar los fraudes: había formulado la querella, declarado que el fisco federal había sufrido un perjuicio económico o formulado la declaratoria correspondiente en los casos de contrabando de mercancías. Pero nada de eso importó: el secretario igual los perdonó.
Y es que, aunque el Código Fiscal de la Federación establece que el sobreseimiento de los procesos por los delitos fiscales se hace a petición de la Secretaría de Hacienda en general, en esa dependencia se sabe que el secretario en turno es el único funcionario que puede firmar estas solicitudes discrecionales: ningún subsecretario ni subalterno tiene la facultad de solicitar al Ministerio Público el sobreseimiento de las causas penales.
También se sabe que para que el secretario acceda a perdonar evasores hay procesos de negociación muy intensos, generalmente encabezados por despachos jurídicos especializados en temas fiscales y gestores “profesionales” que cabildean al más alto nivel.
No cualquier contribuyente accede a exponer su caso de defraudación fiscal ante el titular de Hacienda, por lo que sería deseable que esta administración de Andrés Manuel López Obrador revele los nombres de esos cuatro beneficiarios del perdón fiscal en el sexenio pasado.
Ya va siendo hora de que el presidente de México observe, y sobre todo elimine, el doble rasero con el que Hacienda y el SAT tratan a los contribuyentes: por una parte, ambas instituciones se empeñan por ocultar los nombres de los grandes contribuyentes a los que benefician con condonaciones y devoluciones millonarias (incluidas personas morales), argumentando que es secreto fiscal y datos personales. Pero por otra, revelan los nombres de pequeños contribuyentes en sus listas negras de morosidad.
Esta claro que, hasta el día de hoy, sólo los ricos –ese puñado de potentados que tanto critica el presidente López Obrador– tienen garantizado su anonimato en el fisco: para el resto de los contribuyentes no existen ni la protección de datos personales ni la secrecía fiscal.
Por eso es urgente que el gobierno federal dé a conocer quiénes son esos cuatro evasores perdonados y cuál fue el proceso de negociación para el sobreseimiento de sus casos. ¿Realmente pagaron sus impuestos y sanciones o simplemente se les dejó en libertad por su nivel de influencia o su capacidad de corromper a los servidores públicos?
Nancy Flores
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