La
condena a 30 años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por un caso de
aborto, producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la
persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador por parte de un
Estado que en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza,
dijeron activistas a IPS. “Lo que pasó […]
La
condena a 30 años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por un caso de
aborto, producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la
persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador por parte de un
Estado que en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza,
dijeron activistas a IPS.
“Lo que pasó con Evelyn es como
muchísimos otros casos, y que solo demuestra la deuda que este sistema
tiene en salud, educación y acceso a justicia, para y con las mujeres”,
dijo a IPS la activista Irma Estrada, durante una concentración la noche
del 10 de julio, convocada por colectivos feministas para apoyar a
Hernández, al pie del monumento a la Constitución en San Salvador.
“Siento
vergüenza, en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, esto tiene
un trasfondo más nefasto, se trata de un estado sexista, machista,
misógino, que lo demuestra con este tipo de acciones en contra de las
mujeres”, agregó la activista, luego de corear consignas que hacían
alusión a cómo la legislación en temas de aborto se ha visto
influenciada por radicalismos religiosos de variados credos.
“Tu doctrina, sácala de mi vagina”, gritaban las mujeres congregadas.
El
caso de Hernández ha puesto de nuevo a este país centroamericano, de
6,3 millones de habitantes, en la mira de organizaciones feministas y de
derechos humanos que mantienen desde hace varios años una lucha por
modificar la legislación que penaliza la interrupción del embarazado en
todas sus formas.
El Salvador está entre los ocho Estados del
mundo que prohíben el aborto, incluso en los casos de violación, cuando
está en riesgo la vida de la madre o hay malformación fetal, desde que
en 1998 la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para castigar
con cárcel a las mujeres por la interrupción del embarazo.
Los
otros son El Vaticano, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República
Dominicana y Suriname, pero ninguno es tan draconiano como El Salvador
en la aplicación de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres,
incluso cuando existen claros indicios de que el aborto fue espontáneo.
La
reforma de hace 19 años eliminó esas tres causales que existían en la
legislación para que la interrupción voluntaria del embarazo no fuera
penalizada.
“Hay un retroceso, en 1998 se podía tener un aborto si
la vida de la gestante estaba en riesgo, vamos para atrás”, añadió la
activista.
Además, los diputados de la Asamblea Legislativa
reformaron en 1999 la propia Constitución salvadoreña para establecer
que una persona es reconocida como tal desde el mismo momento de la
concepción, un objetivo anhelado por grupos religiosos y organizaciones
antiaborto.
“En El Salvador sí hay línea muy conservadora (en el
tema de aborto), incluso dentro de los partidos, aún hay diputados cuya
propuesta es aumentar las penas e imponer pena de muerte”, sostuvo Sara
García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del
Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
Esa situación no ha
variado pese a que desde 2009 gobierna el país un partido de izquierda,
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque
algunas de sus diputadas sí han planteado flexibilizar la penalización
absoluta del aborto.
El 5 de este mes, Hernández, una joven de 19
años, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio, figura usada
por los fiscales para inculpar a mujeres acusadas de aborto, y que luego
cambian el delito a homicidio agravado, bajo la acusación de haber
asesinado premeditadamente al feto.
Las penas por interrumpir el
embarazo no sobrepasan los ocho años de cárcel, pero al culparlas del
delito de homicidio agravado se ha sentenciado a mujeres hasta a 40
años.
“Estamos hablando de un sistema que criminaliza a las
mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco
acceso a educación o a servicios de salud”, aseguró a IPS la
coordinadora de proyectos del Movimiento de Mujeres Jóvenes Feministas
Ameyalli, Marcela López.
Como ha sucedido ya a muchas otras
mujeres, Hernández sufrió un aborto espontaneo en su vivienda, en el
municipio rural de El Carmen, en el central departamento de Cuscatlán, y
fue llevada al hospital de Cojutepeque, su capital.
Pero allí el
personal médico la denunció por sospechas de haberse inducido un aborto,
un patrón que se ha repetido en casos similares en el pasado, pues los
médicos y enfermeras tienen temor de que sean acusados de encubrimiento
por la Fiscalía General de la República.
La joven había sido
violada por un pandillero pero ese hecho no quedó registrado en el
proceso legal porque ella teme represalias de esos grupos criminales,
llamados “maras”.
Una actualización hecha en 2014 del informe
titulado Del Hospital a la Cárcel, elaborado por Agrupación Ciudadana
por la Despenalización del Aborto, revela que entre el 2000 y 2014 un
total de 147 mujeres fueron procesadas por el sistema judicial
salvadoreño por ese tipo de casos. De ese total fueron condenadas 41 por
ciento.
El reporte agrega que la investigación no pudo
identificar otros posibles impactos, como por ejemplo las muertes de
mujeres por embarazos de alto riesgo, tales como ectópicos, cardiopatías
graves, cáncer, lupus, que pudieron ser evitadas con una interrupción
oportuna del embarazo.
Las mujeres procesadas por el sistema,
agrega el documento, tienen un nivel de escolaridad muy bajo: 45 por
ciento son analfabetas o tienen como máximo educación primaria, y solo
29 por ciento posee estudios a nivel de bachillerato, técnico o
universitario.
De allí que las organizaciones de derechos humanos y
grupos feministas resalten el hecho de que la persecución del Estado en
el caso de abortos se da fundamentalmente contra mujeres pobres y con
poca educación.
El equipo de abogados que trabaja en el caso de
Hernández, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana, anunció el jueves 13
que apelarán el fallo de la jueza de Cojutepeque, Nury Velásquez, que
condenó a la joven, luego de que reciban, el 19 de julio, la resolución
escrita.
La apelación hará hincapié en la figura legal de duda
razonable, dada la cantidad de evidencia aportada por la defensa que
desvirtuaría la posición de los acusadores, ya que los reportes forenses
no establecen la causa de la “neumonía aspirativa” que produjo la
muerte del feto.
Además, en el proceso quedó establecido, con
reportes técnicos, que la joven condenada sufría de un embarazado
asintomático y estaba menstruando, lo que confirmaría la posición de los
abogados defensores de que ella no sabía que estaba embarazada.
En
tanto, otra mujer que sufrió el extremo rigor del sistema jurídico,
María Teresa Rivera, contó a IPS que salir de El Salvador significó para
el ella el fin del temor a ser perseguida por leyes injustas.
“Aquí
me siento feliz, libre, sin persecución ni discriminación, estoy lejos
de El Salvador”, dijo en un contacto telefónico desde Suecia, nación que
en marzo pasado le otorgó asilo político.
“Me lo dieron bajo la
figura de persecución jurídica”, agregó, desde la ciudad de Horndal,
donde reside con su hijo de 12 años desde hace ocho meses.
El 24
de noviembre del 2011, cuando tenía 28 años, Rivera sufrió un aborto
espontáneo, y, de nuevo, fue denunciada por el personal médico y
condenada a 40 años de cárcel.
Tras cuatro años y medio de
encierro, su caso fue revisado y finalmente fue encontrada inocente y
puesta en libertad, en mayo del 2016. Pero dos semanas después los
fiscales interpusieron una apelación.
“Yo me decía: en cualquier
momento me van a llevar de nuevo a la cárcel”, narró. Y con el apoyo de
organizaciones y amigos, logró huir del país.
Editado por Estrella Gutiérrez
Foto:
Dos mujeres prenden velas ante el monumento a la Constitución, en la
capital de El Salvador, durante una manifestación de protesta la noche
del 10 julio, contra la condena a 30 años de cárcel de la joven Evelyn
Hernández, acusada de haberse practicado un aborto. Crédito: Edgardo
Ayala/IPS
www.ipsnoticias.net/2017/07/estado-salvadoreno-continua-encarcelando-a-mujeres-por-aborto/
