Se agudiza la Guerra No Convencional contra Venezuela en la recta final de la campaña para las elecciones regionales
Por Modaira Rubio
La
instalación en la sede de la OEA del ilegítimo TSJ designado por la AN;
la aplicación del veto migratorio sobre ciudadanos venezolanos, la
guarimba eléctrica, el acaparamiento de billetes y el sabotaje a la
distribución de combustible, son indicios de un plan golpista para
impedir y desconocer los resultados de los comicios de gobernadores.
El 13 de octubre, a solo dos días de las elecciones regionales, la
oposición ultraderechista y sus aliados en Washington instalarán el
ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea
Nacional (AN) en desacato, en la sede de la Organización de Estados
Americanos (OEA), con el respaldo de su secretario general, Luis
Almagro, enemigo declarado de la soberanía de Venezuela y principal
impulso del andamiaje legal para justificar una intervención militar y
política en el país.
Los
medios norteamericanos, especialmente, la prensa de Miami, calificaron
la peculiar decisión de “hecho histórico”. En realidad se trata de la
misma estrategia utilizada en Libia y en Siria, donde se proclamaron
“gobiernos paralelos” para avalar la intervención militar extranjera en
esos países y la continuidad de la nueva hoja de ruta desestabilizadora
anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tras el
cuestionado “plebiscito” del 16 de julio del presente año.
Este
TSJ “en el exilio” tendrá como futuro presidente, a Miguel Ángel
Martín, quien aseguró a la prensa que a su juramentación e instalación
acudirán magistrados de varios países de América Latina y de Europa.
Pareciera no importar que no se encuentren allí cuatro de los cinco
poderes que integran el Estado venezolano.
Por
su parte, otro de los magistrados “sombra”, Pedro Troconis, indicó que a
partir de ese momento, el “ente” podrá emitir acuerdos y
pronunciamientos dirigidos a gobiernos y autoridades para que se lleven a
cabo investigaciones contra funcionarios que hayan cometido crímenes de
lesa humanidad, narcotráfico o legitimación de capitales. En pocas
palabras, se refiere a todos aquellos que se encuentran en la lista de
sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU, incluyendo al
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
Es
decir, se trata de la entrega de la administración de la justicia en
Venezuela a tribunales y cortes de otros países o de carácter
multilateral. De este modo también podrán judicializar el embargo a la
empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y sus filiales, para
finalmente declararla en default y posiblemente rematarla al mejor
postor.
En ese sentido, en el mes de
agosto, Rusia advirtió a la oposición ultraderechista venezolana y a la
comunidad internacional sobre el peligro que representaría para la
estabilidad democrática “forzar la creación de estructuras paralelas de
poder, en particular, el de poner en marcha el procedimiento para el
nombramiento por parte del Parlamento de nuevos jueces de la Corte
Suprema”.
El mismo guion y un nuevo escenario
Para
entonces, la MUD intentó esta maniobra para desconocer los resultados
del 30 de julio, con la legítima elección de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC). Pero para nadie es un secreto que la coalición
derechista no cuenta con el respaldo ni siquiera de muchos de sus
propios militantes.
La idea de
instalar un gobierno paralelo en Caracas, fue rápidamente desechada
porque no contó con apoyo de ningún sector. Tras los más de 8 millones
de votos obtenidos por la ANC, y la derrota de los planes de llevar al
pueblo a una guerra civil impulsados por la ultraderecha fascista, con
resultado de casi 200 muertes de personas en manifestaciones violentas,
la MUD cambió su procedimiento.
En el
nuevo escenario de confrontación y lucha de clases, la MUD se dividió
más y casi extinta como alianza decidió participar en las elecciones
regionales del 15 de octubre, que estaban previstas para diciembre, pero
fueron adelantadas por decisión de la ANC.
Los
sectores de la clase media que apoyaron las guarimbas y los crímenes de
odio contra las clases populares, en los que personas resultaron
quemadas, heridas o agredidas, por ser negros y chavistas, retiraron su
respaldo a la MUD, quien primero negó cualquier salida por la vía
pacífica o electoral y convocó a la gente descontenta a salir a las
calles a tumbar al Gobierno.
Por
tanto, lejos de capitalizar el rechazo al chavismo, generado por
deficiencias en los gobiernos locales por mala administración,
corrupción o fallas y errores en la gestión política y de gobierno para
frenar las consecuencias de la guerra económica, el bachaqueo y la
inflación inducida, la oposición se diluye en intentar evitar su
definitiva separación y en convencer a quienes apoyaron la violencia, de
volver al camino electoral.
En ese
contexto, nada está definido y los sondeos que auguran una aplastante
derrota del Gran Polo Patriótico en los 23 estados no parecen ser
acertados. Allí entra en juego la instalación de un gobierno paralelo en
Washington, sede de la OEA, que se iniciará con la entrega de la
administración de justicia venezolana a tribunales extranjeros. Su
objetivo será “legitimar” que la oposición ganó casi la totalidad, sino
la totalidad de las gobernaciones, y decir por tanto que constituyen la
mayoría.
Otra vez el fraude
Tal
y como lo han hecho en otras ocasiones, si el resultado no es
favorable, los partidos de la MUD denunciarán un megafraude. Esto no se
trata de meras especulaciones.
Ya
trataron de hacerlo con la elección a la ANC, creando un falso positivo
mediático con funcionarios de la empresa Smarmatic, para poner en tela
de juicio el proceso comicial.
Ayer 2
de octubre, a menos de dos semanas para el 15-O, la organización
ultraderechista Voluntad Popular denunció supuestas anomalías del CNE
para las elecciones regionales, destacando “la eliminación centros de
votación y retraso en sustitución de tarjetas”.
Mientras,
el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, claro aliado de EEUU en la
región, dijo que las elecciones a gobernador que se celebrarán el
próximo 15 de octubre en Venezuela son un “primer paso” para recuperar
la paz social en el país, y le pidió a su homólogo venezolano, Nicolás
Maduro, respetar los resultados.
La
mesa está servida entonces. Al no estar tan segura la oposición de ganar
las mayorías de las gobernaciones el 15-O, necesita un “organismo” que,
sin pruebas, le dé luz verde a la denuncia de fraude que tienen ya
pensada para deslegitimar el resultado electoral y propiciar la
invasión. Esto forma parte del plan golpista e injerencista impulsado
por la ultraderecha política y empresarial en Venezuela con el aval de
Washington .
En tal sentido,
observamos cómo mientras más se acercan las elecciones regionales, la
gran prensa comercial ha iniciado una campaña de desprestigio contra
todos los candidatos del Gran Polo Patriótico acusándolos de ser los
responsables de la escasez de combustible que se ha presentado en
algunos estados; de los apagones de electricidad, de la falta de
efectivo, de la inflación.
El
Gobierno Bolivariano ha permanecido alerta. El fin de semana, el
ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Motta
Domínguez, desde el estado Falcón, denunció la existencia de un plan de
sabotaje para generar apagones en todo el territorio nacional de cara al
15-O, tras conocerse que una falla en el suministro de luz en la
entidad fue producto de un ataque a la planta termoeléctrica Josefa
Camejo.
Mientras, el ministro del
Poder Popular para el Petróleo, Eulogio del Pino, aseguró que el
suministro de combustible está garantizado en todo el territorio
nacional y que si bien es cierto las sanciones impuestas ilegalmente por
EEUU han generado contratiempos y retrasos en algunas regiones, Pdvsa
está en capacidad de cubrir la demanda interna. Del Pino señaló que los
medios exageraban la situación generando una matriz de inminente
paralización del país por falta de gasolina.
A
esto se le suman, más agresiones desde EEUU, como el reciente veto
migratorio impuesto a funcionarios del Gobierno Bolivariano, que también
perjudica a cualquier ciudadano venezolano que quiera viajar o emigrar a
esa nación. Ayer, el gobernador de Florida, Rick Scott, anunció que
prohibirá cualquier negociación con Venezuela.
Paralelamente,
EEUU ha desplegado tropas del Comando Sur a lo largo y ancho de
Suramérica y el Caribe, bajo la excusa de la ayuda humanitaria tras los
desastres naturales ocasionados por los recientes terremotos y huracanes
en el continente. Se ha visto la movilización de los marines, pero no
su ayuda, pues sus propios connacionales de Puerto Rico y las Islas
Vírgenes, han denunciado la falta de atención por parte de la Casa
Blanca.
Haciendo su parte del
trabajo, sin éxito, la ultraderecha agrupada en la denominada
“resistencia” intentó revivir las jornadas de terrorismo urbano, y la
MUD abandonó la mesa de negociaciones para el diálogo nacional con el
Gobierno Bolivariano, pretendiendo dar luz verde a una nueva escalada de
enfrentamientos violentos en las calles.
El
escenario para una posible intervención en Venezuela, después del 15.O,
usando como excusa un supuesto fraude electoral se está armando. Pero
la ejecución de este plan tampoco será fácil para quienes buscar imponer
un gobierno títere sumiso a EEUU y de carácter neoliberal.
La
estabilidad institucional se consolida pese a que en el plano económico
la espiral inflacionaria es agobiante. Sin embargo, el Gobierno
Bolivariano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han
demostrado suficiente capacidad para detener los planes
desestabilizadores. La mayoría de los venezolanos han demostrado que
apuestan al diálogo para la búsqueda de soluciones . La participación en
los comicios del 15-O es una manera de demostrarle al mundo, que los
venezolanos queremos paz y soluciones en democracia.
1: abridora: Luis Almagro es el padrino del ilegal TSJ2: La oposición busca revivir la violencia fascista
3: Rusia advirtió el peligro de apalancar un gobierno paralelo como en Libia o Siria
4: El pueblo debe participar masivamente el 15-O para demostrar que quiere paz y diálogo
No
obstante, para entender un crimen no hay que apoyarse tanto en la
denuncia como en los criminales y en sus víctimas. Hay que empezar por
el lugar de los “hechos”, el Estado de Rajin, donde ya se produce
una primera diferencia respecto a Siria: el imperialismo no trata de
destruir un Estado; se trata de un exterminio focalizado en un lugar de
terminado.
