Gobiernos panistas concesionaron a mineras 26 por ciento del territorio nacional: Ventura
Por : Kara Castillo
En el primer Coloquio de Estudios sobre el Campo y las Ruralidades en México, en el Colegio de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Puebla, la académica aseguró que las mineras actúan como enclave, profundizan la soberanía del país en el territorio, pagando de 5 a 111 pesos por hectárea. “La minería viene a cuestionar la propiedad, no sólo en la dimensión territorial, sino simbólica, ellos deciden el precio, la distribución de tierras, las maneras de explotación de los recursos naturales y la vida de los habitantes”, señaló.
La especialista en el Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán alertó que la voracidad y urgencia para la extracción pareciera una lógica de tomar lo propio. “Se extraen los remanentes naturales, obteniendo la mayor ganancia al precio ambiental y social que sea. Desapariciones, desplazamientos, asesinatos; todo se vale a la hora de reapropiarse de los bienes naturales que existen”.
Aseguró que el interés por los territorios indígenas, a pesar de los siglos de explotación, sigue siendo importante. “Sus recursos naturales siguen siendo botín”.
Y es que de las 152 áreas nacionales protegidas declaradas por la Federación, 71 por ciento, considerado prioridad de conservación por su riqueza biológica, está habitado por indígenas.
En esos espacios geográficos se capta 23.3 por ciento de agua a nivel nacional, y en la mayoría de ellos se localizan las cabezas de cuenca; en esos territorios se captura el agua para la mayoría de las presas del país.
“En esos territorios se encuentra 84 por ciento de las selvas húmedas que sobreviven en nuestro país, 70 por ciento de las selvas altas, 54 por ciento de bosque de montaña y 21 por ciento de bosque templado”, explicó.
A pesar de que México fue el segundo país que firmó el Convenio 169 y de que en la reforma al artículo 4 constitucional se reconoce la composición pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas al territorio, en 1992 el Poder Legislativo aprobó modificaciones medulares al artículo 27 constitucional, constituyendo bases legales para que las tierras de propiedad social entraran en el mercado y se rigieran por la ley de la oferta y la demanda, asentando un duro golpe a millones de habitantes de comunidades y ejidos en el país.
Desde esa fecha –aseguró la investigadora– la ley permitió a los gobiernos enajenar, rentar o asociarse con empresas mercantiles. Sólo de 2000 a 2006 se registraron 271 mil enajenaciones y de 2008 a 2010 se reportaron 154 mil. De enero a julio de 2012, 4 mil 271 ejidos han adquirido domino pleno en 2 mil 697 hectáreas para empresas de todo tipo.
La especialista aseguró que a pesar de que existen marcos jurídicos agrarios indicando que la ley protege la integridad de los grupos indígenas y que éstas deben ser reservadas por las autoridades, la protección legal ha ocurrido sólo en el plano discursivo.
Esto implica –dijo– el desconocimiento del derecho considerado por el Convenio 169 de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión, al liberar los candados de protección de sus tierras y se reduce el derecho de control colectivo negando su pertenecía territorial, su derecho a la territorialidad y a las facultades sobre sus territorios.
La especialista refirió que es en el territorio donde conviven todos los dramas, políticos, sociales y simbólicos. “El territorio no sólo es geografía, los fenómenos sociales no flotan en el espacio, tienen una dimensión geográfica, que es en la mayoría de las veces todo el conflicto social”.
Ventura Patiño reconoció un panorama desalentador, pero aplaudió los procesos de resistencia, lo que, dijo, le llena de esperanza. “Los académicos no deben permanecer en una actitud contemplativa; se debe crear conciencia, denunciar e inmiscuirse en la defensa del territorio difundiendo la voracidad”.
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