Sustento de demandas vs. periodistas, idéntico al de dictaduras en AL: Villanueva

Por : Martín Hernández Alcántara

2012-10-26 04:00:00

Sergio Ramírez Robles, director General de
Comunicación Social y Relaciones Públicas, y el
presidente de Fun-dalex, Ernesto Villanueva
Villanueva

La normatividad que sostiene las demandas contra periodistas tramitadas por el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas no sólo es inconstitucional, sino que se equipara a las leyes imperantes en los regímenes dictatoriales que prevalecieron en América Latina el siglo pasado, aseguró el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Ernesto Villanueva Villanueva.
El especialista afirmó que la fragilidad de las querellas es tal que cualquier tribunal debería desecharlas por notoriamente improcedentes, pero en caso de que eso no suceda, el camino más sencillo para que un demandado se defienda es la tramitación de un amparo indirecto, lo cual no sólo surtiría efectos para el interesado, sino que echaría abajo cualquier posibilidad de una acción legal de idéntica naturaleza.
Otro camino, más “tortuoso”  –según lo definió el también coordinador del Área de Derecho de la Información del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México– es que los periodistas enfrente el juicio hasta llegar a una instancia federal, donde seguramente les darán la razón, y entonces un cúmulo de sentencias favorables a los informadores generen una suerte de jurisprudencia.
“Sin embargo, si me lo preguntaran, yo recomendaría la vía más corta, que es la vía formal, la del amparo indirecto, porque el ir a un juicio significa erogación de recursos y empleo de tiempo para obtener los mismos resultados”, acotó.
Villanueva Villanueva ofreció ayer por la tarde en la capital poblana una rueda de prensa para explicar las inconsistencias jurídicas en las demandas presentadas contra Fabián Gómez Hernández –director del portal Contraparte Informativa– y Adrián Ruiz –columnista del periódico El Heraldo de Puebla–, querellados civilmente por el director General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Sergio Ramírez Robles, mismo que actuó a nombre de funcionarios del Poder Ejecutivo estatal.
De hecho, al acto acudió Ramírez Robles quien, durante la intervención de Villanueva, se la pasó con los ojos y los dedos pegados a su teléfono celular. Pero aunque es un habitual usuario de twitter, esta vez el portavoz pareció estar tomando nota o informando por alguna plataforma de mensajería móvil a alguien sobre lo que sucedía, porque en la mencionada red social no publicó nada durante el tiempo en que estuvo en la conferencia.
Durante la rueda y al final de ésta, Villanueva reconoció la presencia del vocero, pues consideró que demostraba apertura y sensibilidad en el tema.

Suspicacias

Corrieron dos versiones extraoficiales: la primera, que ambos, junto con el empresario Armando Prida Huerta –dueño de la cadena de periódicos Síntesis y mecenas de Fundalex– estaban horas antes de la conferencia de medios en el Hotel Presidente Intercontinental. La especie causó desconfianza entre algunos reporteros, no sólo por el hecho de que se entendía que Villanueva iba a criticar las demandas del gobierno estatal, sino porque se sabe que Prida es un conocido aliado del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas desde que éste era aspirante en el Partido Acción Nacional (PAN) a la candidatura a gobernador.
Las suspicacias no eran para menos: como senador, Moreno Valle fue uno de los invitados principales de Prida Huerta a un acto celebrado el 9 de agosto de 2009 en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en el cual la Fundalex dio a conocer sus compromisos con la libertad de expresión.
Incluso como postulante a la Primera Magistratura estatal, Moreno Valle firmó un compromiso con Fundalex para apoyar a los periodistas con gastos de defunción.
Se supuso entonces que el cónclave de Ramírez Robles, Prida Huerta y Villanueva Villanueva había tenido la intención de hacer desistir a éste de sus críticas o al menos de bajarlas de tono.
La otra versión es que sí hubo una coincidencia entre los tres, pero que ésta fue fortuita.
Lo cierto es que Ernesto Villanueva Villanueva hizo una explicación sumamente crítica y detallada de las inconsistencias de las demandas y no dudó en comparar su sustento normativo con las legislaciones imperantes en las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil para inhibir la libertad de expresión, mismas que fueron erradicadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “no es algo que el gobierno de Puebla pueda exportar”, repitió en varias ocasiones.
Básicamente, el coordinador del Área de Derecho de la Información del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó que el vocero está incapacitado para hacer demandas a nombre de funcionarios del gobierno estatal, porque los derechos personales sólo pueden ser defendidos de manera particular por los interesados.
Otro punto importante, resaltado por el especialista y que motivó varias preguntas de los informadores, es la invalidez del argumento de protección de honorabilidad que reclama el Poder Ejecutivo local, debido a que se trata de una institución y no de un individuo concreto.
Asimismo, el presidente de la Fundalex enfatizó que la lógica jurídica establece que el gobernador y los servidores públicos, por la naturaleza de sus funciones, tienen más limitaciones a la hora de los llamados “derechos personalísimos” –el honor, la privacidad y la imagen personal–, amén de que no pueden usar recursos públicos para entablar un juicio.
En todo caso, abundó, el mandatario o cualquier empleado de gobierno que se sienta agraviado debería acudir particularmente a interponer sus demandas. Villanueva aclaró que no defendía la calumnia, la difamación, la mentira ni la injuria, pero recalcó que las vías legales para combatir esas prácticas deben ser otras, no las que suponen acosos a la libertad de expresión.
Añadió que esta coyuntura representa una buena oportunidad para enmendar los yerros legales imperantes en Puebla e incluso promover una ley de medios.

Ley de medios

Cuando el investigador terminó, Ramírez acudió a saludarlo y después improvisó su propia rueda de prensa, en la que básicamente expresó que el gobierno estatal ve con buenos ojos la propuesta de trabajar en la iniciativa de una ley de medios.
Cuestionado sobre si habrá más periodistas demandados y si el gobernador o cualquier otro funcionario acudirán personalmente a querellar en la defensa de su honor, el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local contestó que no podía responder en ese momento.
A pregunta expresa, afirmó que no tenía las encuestas que medían el impacto negativo o positivo que tuvieron las demandas contra los periodistas y que tampoco se estaba abriendo la posibilidad de generar una ley de medios como una salida del gobierno estatal ante las críticas e informaciones que han sido publicadas en medios de difusión nacional e internacional por las acciones legales que emprendió.
Más tarde, la dependencia a cargo de Ramírez Robles emitió el boletín que se transcribe a continuación:
“Posterior a la conferencia de prensa que dio Ernesto Villanueva, el director general de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Sergio Ramírez Robles, dijo que el gobierno estatal ve con buenos ojos la construcción de una Ley General de Medios que regule los derechos y obligaciones de todos los actores implicados en el proceso mediático.
“Por otro lado, Ramírez Robles expresó que en dicho ordenamiento se podrían evaluar los mecanismos para garantizar en su más amplio espectro la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la honra y reputación, así como mecanismos alternativos a la solución de controversias, la rectificación o la respuesta como lo ha solicitado el día de hoy, artículo 19 la Organización” (sic).