Ley de amparo y la reforma de telecomunicaciones

Ley de amparo y la reforma de telecomunicaciones

Escrito por Autor Invitado

El Universal, Cartera,

Columna Telecom y Medios

Por Gabriel Sosa Plata

Lo ocurrido en torno a la modificación a la Ley de Amparo es un preludio de lo que podría suceder con la nueva ley de telecomunicaciones que, según se ha dicho, será presentada en los próximos días en el Congreso de la Unión, como parte de los compromisos establecidos en el Pacto por México.

La modificación que se hizo a la fracción XIII del artículo 129 de la Ley de Amparo, que niega la posibilidad de conceder la suspensión del acto de la autoridad en materia de uso y explotación de bienes propiedad de la nación, activó un conjunto de acciones y estrategias de concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones para evitar su aprobación.

Al final del día, los empresarios del sector, apoyados por algunas organizaciones empresariales, no alcanzaron su objetivo, pero poco faltó para hacerlo. Es más, aún tienen la posibilidad de que en el Senado, donde regresó la minuta, se dé marcha atrás. En el momento de escribir estas líneas, esto aún no ocurría.

De lograrse, más allá de la consistencia de sus argumentos, se reconfirmaría su influencia en la clase política y en consecuencia la dificultad de sacar adelante una reforma democrática en telecomunicaciones.

Los acontecimientos de esta semana pusieron de relieve otros elementos interesantes:

Telebancada: Los legisladores afines a las televisoras tienen, obvio, su propia agenda y no necesariamente la de sus partidos o la de sus líderes partidistas. Como era previsible, estos diputados votaron en contra de la reforma aludida y cabildearon para que más legisladores se sumaran a su causa. La telebancada se activó en este momento de crisis y así seguirán, alertas, en cuanto se presente la iniciativa de reforma a la legislación en telecomunicaciones.

División en el PRD: Para nadie es un secreto las divisiones en el PRD, pero es evidente que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones sus legisladores no van por el mismo camino, como se reflejó en la votación a la Ley de Amparo y, previamente, con el vergonzoso papel de una fracción de esta “izquierda” mexicana al sumarse a la estrategia de linchamiento en contra del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, promovida por empresas del sector. Por supuesto que este hecho pone en riesgo la reforma en materia de telecomunicaciones, ya que –por lo visto- no se podría contar con todos los votos de los legisladores de este partido político.

Sólo 18 votos: Sí, sólo 18 votos fue la diferencia en la modificación a la ya mencionada fracción XIII del artículo 129 de la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados. Una cantidad mínima que podría revertirse con cierta facilidad ante una reforma estructural como la que se pretende impulsar en telecomunicaciones. En efecto, no todos los diputados asistieron a la sesión y otros se abstuvieron de votar, pero queda de manifiesto que sacar adelante la nueva ley en telecomunicaciones no será una tarea sencilla, no obstante los acuerdos o consensos que logren establecer el Poder Ejecutivo y los partidos políticos antes de la presentación de la iniciativa. Por lo tanto, nadie, hoy podría tener certeza de lo que ocurrirá con esta reforma en los próximos días.

Representación empresarial: Las organizaciones que representan a los empresarios tendrán también un papel activo en la reforma de telecomunicaciones que se avecina. Sin embargo, como se evidenció esta semana, no todas siguen la misma ruta, al menos en el discurso, porque mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación de Bancos de México (ABM) dijeron que no impugnarán la nueva Ley de Amparo y que trabajarán de la mano del gobierno de Peña Nieto y con el Congreso para lograr un equilibrio de leyes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que solicitarán a los senadores para dar marcha atrás en la reforma. El aval o rechazo de organismos empresariales a la nueva ley de telecomunicaciones será fundamental para su aprobación.

Nueva correlación de fuerzas políticas: Y quizás el aspecto más importante radica en que la modificación a la Ley de Amparo tuvo un alto significado político. Fue una demostración de fuerza del gobierno, del PRI y de legisladores del resto de los partidos, principalmente ante los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como de algunos empresarios que han abusado de los actos de suspensión para entorpecer las decisiones gubernamentales.

Hay quienes consideran que esto implica una redefinición de pesos y contrapesos. Coincido. Algo semejante sucedió con la reforma política, que afectó los intereses de las empresas de radio y televisión. Entonces, como ahora, el PRI fue actor fundamental y en particular el ahora diputado y líder de su bancada, Manlio Fabio Beltrones, quien hizo un eficiente trabajo político y defendió con vehemencia la reforma. “Es verdaderamente un hito en la historia garantista de México”, dijo, y se negó a tomar en cuenta los argumentos de la telebancada.

Así que el PRI que obstaculizó con la misma vehemencia la reforma democrática a las telecomunicaciones en los 12 años de los gobiernos panistas y defendió los excesos de la llamada “ley Televisa”, podría ser paradójicamente el promotor y actor clave para la nueva ley de telecomunicaciones y volver a poner las cosas en su lugar: un Poder Ejecutivo fuerte, un Congreso fuerte, frente a un sector de radiodifusión y telecomunicaciones, que deberá acatar  las nuevas reglas del juego.

Hay, en efecto, un elemento que choca. Si Peña Nieto triunfó gracias al apoyo de Televisa ¿por qué ahora habría de afectar sus intereses con una reforma en telecomunicaciones? Un empresario del sector comentaba hace algunos días que más bien el PRI y su candidato utilizaron a Televisa para regresar a la presidencia; y no al revés, como muchos pensamos. Y que para ejercer a plenitud el poder necesita colocar en su justa dimensión a los llamados “poderes fácticos”, lo que a su vez tiene otras implicaciones, delicadas, por ejemplo en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Pronto sabremos si es así.