Vinculan a proceso a policías por ataque a procurador de Morelos

La juez consideró que los agentes deben ir a juicio o se daría permiso a las detenciones arbitrarias

Pedro Tonantzin / Corresponsal y Rolando Aguilar

16/02/2013 06:49

CUERNAVACA, 16 de febrero.— Tras 22 horas de audiencia, la juez Elvia Terán Peña determinó vincular a proceso a diez policías estatales acusados de participar en el ataque armado al procurador de Morelos, Rodrigo Dorantes, ocurrido la semana pasada, en el cual murieron tres escoltas. Familiares reprocharon el fallo y exigieron justicia.
“Se resuelve hoy 15 de febrero, siendo las 10 horas con 44 minutos, se decreta auto de vinculación a proceso a los imputados Misael Manzanares Antonino, Tizoc Jiménez Carvajal, Alfredo Villegas Cisneros, Héctor Rodríguez Camacho, José Pastor Nava, Raymundo López López.”
Además, “Óscar Hernández Vidal, José Antonio Santiago Castro, César Augusto Palma Vara, Julio César Aragón Garcés, por el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de Rafael Barranco Mejía, José Joaquín Díaz Cevallos Juárez y Héctor Rojas Popoca”.
Y también “por el hecho delictivo de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Rodrigo Dorantes Salgado, Alejandro López Jáuregui, Alejandro García Vito y José Alcocer Orihuela, por hechos ocurridos el día 7 de febrero del año que transcurre”, determinó la juez.
Terán Peña indicó que los testimonios de los policías imputados indican que incurrieron en uso excesivo de la fuerza pública, pues si bien hubo una orden de atajar a los tripulantes de las camionetas que formaban el convoy del procurador, no se ha acreditado quién disparó primero.
Al respecto, policías de la SSP aseguraron que los iniciadores de las hostilidades fueron los guardias del procurador y no los ahora detenidos.
La juzgadora añadió que previo al tiroteo, un escolta advirtió que eran policías ministeriales, y los estatales debieron tomar otras medidas, como pedir al Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) de la SSP la verificación de las placas de los vehículos, “por lo que su proceder no se encuentra justificado de manera alguna”.
Incluso, el fallo expresa que “pensar de esa manera sería dejar a su arbitrio la forma, aunque sea agresiva, para detener a cualquier persona”, manifestó Terán Peña.
Agregó que, según los indicios, los estatales no tuvieron consideración ni respeto para con sus compañeros abatidos.
“Precisamente se trataba de compañeros de otra corporación que merecían su consideración y respeto, aun más porque éstos les referían que eran agentes ministeriales, lo que implicaba que ya tenían conocimiento de que se trataba de compañeros y debieron haber reflexionado su conducta. Incluso así, teniendo conocimiento de que se trataba de ellos, (...) determinaron disparar a las camionetas donde viajaban los pasivos del delito.”
César Hidalgo Valverde, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, señaló que ante la vinculación a proceso solicitarán que se refuerce la seguridad en el penal de Atlacholoaya.
“Nos hemos comunicado con el visitador especializado en Asuntos Penitenciarios para que de inmediato tome medidas y les asigne una atención no exclusiva, porque todos los internos y las internas son iguales, tienen los mismos derechos, pero por las circunstancias, que ellos eran servidores públicos, en estas condiciones necesitamos que haya una garantía de protección y de seguridad.”
Tras la audiencia, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, reiteró que la PGR investiga el caso e indicó que personal del Distrito Federal llegó a Morelos a trabajar con la delegación, para “darle certeza que este juicio debe, que se lleve a cabo con transparencia y se recaben todas las pruebas y se haga justicia, con ese único fin”, dijo.
La juez de Control y Juicio Oral fijó un plazo de tres meses, que vence el 15 de mayo, para el cierre de la investigación y el inicio de la etapa intermedia.
Localizan en Acapulco una fosa clandestina
 Este viernes, personal de la Fiscalía Especializada en Secuestros localizó una fosa clandestina en la zona rural de Acapulco, ubicada cerca de la carretera Acapulco-Chilpancingo, cerca de la comunidad del kilómetro 22.
Lo anterior se logró gracias a la detención de tres presuntos secuestradores, que confesaron la ubicación exacta del lugar donde habían enterrado a dos de sus víctimas.
Las tumbas se localizan en un cerro que se encuentra a un costado del río Papagayo.
Al mediodía del viernes llegaron los peritos forenses para desenterrar los cadáveres y buscar huellas que sirvan a la investigación; hasta el momento se desconoce si hay más cuerpos en el lugar.
La zona fue cercada por la Policía Ministerial de Guerrero, quienes rodearon la zona para que los forenses pudieran trabajar en la exhumación de los cuerpos.