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- Fuente: Angélica Melín Campos
Alista PRD reforma para blindar programas sociales; quiere cárcel para uso electoral
En primera instancia, el coordinador Miguel
Barbosa, anunció que su fracción trabaja en el diseño de una reforma
constitucional que impida el desvío de recursos destinados a programas
federales como la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el Senado de la República, alista una reforma para
blindar los programas sociales del Gobierno Federal, y que estos no sean
utilizados con fines electorales.
Senadores del Sol Azteca también exigieron que se penalice con cárcel a los funcionarios públicos locales y federales, involucrados en el caso de la operación político electoral que se fraguó para los comicios de julio próximo en Veracruz.
En primera instancia, el coordinador Miguel Barbosa, anunció que su fracción trabaja en el diseño de una reforma constitucional que impida el desvío de recursos destinados a programas federales como la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El legislador explicó que dicha iniciativa se centra en tres aspectos: prevenir el uso electoral de programas sociales, corregir las deficiencias de los mismos y aplicar sanciones firmes a quienes incurran en esa irregularidad.
En tanto, el también senador del PRD, Benjamín Robles, señaló que la propuesta de los miembros del Pacto por México, de crear un Consejo Ciudadano para velar por que los programas sociales y recursos públicos no se utilicen con fines electorales es insuficiente.
El legislador perredista fue drástico al señalar que los funcionarios del gobierno de Veracruz y la Secretaría de Desarrollo Social que incurrieron en las anomalías reveladas a través de grabaciones y videos, deben ir a prisión.
Mientras, el coordinador Barbosa Huerta, se pronunció por promover una cultura de la legalidad, porque “el dinero es para ayudar a la gente, no para usarse facciosamente con fines políticos”.
Tras condenar el caso Veracruz y tachar como “inaceptable” el desvío de recursos con fines político-electorales, señaló que no hay comicios libres de tales anomalías y por tanto, es preciso actualizar la ley para que los funcionarios que incurren en esas irregularidades no queden en la impunidad.
Puntualizó que la reforma al artículo 134 de la Constitución, tiene como objetivo integrar a la ley mecanismos de participación ciudadana en el diseño del gasto social y en la vigilancia sobre la aplicación de los recursos.
Lo que se propone, dijo, es crear contralorías ciudadanas conformadas por habitantes de las comunidades beneficiarias, quienes tendrían la facultad de proponer la sanción a los funcionarios que insistan en manipular recursos públicos.
Los involucrados y sus superiores en la cadena de mando, agregó Barbosa, tendrían que separarse inmediatamente del cargo en cuanto inicien las indagatorias por uso electoral de programas sociales.
En caso de comprobarse la responsabilidad, añadió, la penalidad sería correspondiente a la gravedad de la falta cometida.
Asimismo, el senador Robles Montoya insistió en que los involucrados en los delitos cometidos en Veracruz, deberían ir a prisión.
“Para qué crear nuevas instancias sancionadoras de estos graves delitos electorales, lo que tenemos que exigir es que dependencias como la PGR y las contralorías federales y estatales actúen y metan a la cárcel a los servidores públicos delincuentes, que condicionan los programas y las acciones de gobierno para favorecer a su partido, en este caso al PRI, como sucede en Veracruz y Oaxaca, porque no es suficiente únicamente separarlos del cargo, tienen que haber castigos ejemplares”, demandó.
Senadores del Sol Azteca también exigieron que se penalice con cárcel a los funcionarios públicos locales y federales, involucrados en el caso de la operación político electoral que se fraguó para los comicios de julio próximo en Veracruz.
En primera instancia, el coordinador Miguel Barbosa, anunció que su fracción trabaja en el diseño de una reforma constitucional que impida el desvío de recursos destinados a programas federales como la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El legislador explicó que dicha iniciativa se centra en tres aspectos: prevenir el uso electoral de programas sociales, corregir las deficiencias de los mismos y aplicar sanciones firmes a quienes incurran en esa irregularidad.
En tanto, el también senador del PRD, Benjamín Robles, señaló que la propuesta de los miembros del Pacto por México, de crear un Consejo Ciudadano para velar por que los programas sociales y recursos públicos no se utilicen con fines electorales es insuficiente.
El legislador perredista fue drástico al señalar que los funcionarios del gobierno de Veracruz y la Secretaría de Desarrollo Social que incurrieron en las anomalías reveladas a través de grabaciones y videos, deben ir a prisión.
Mientras, el coordinador Barbosa Huerta, se pronunció por promover una cultura de la legalidad, porque “el dinero es para ayudar a la gente, no para usarse facciosamente con fines políticos”.
Tras condenar el caso Veracruz y tachar como “inaceptable” el desvío de recursos con fines político-electorales, señaló que no hay comicios libres de tales anomalías y por tanto, es preciso actualizar la ley para que los funcionarios que incurren en esas irregularidades no queden en la impunidad.
Puntualizó que la reforma al artículo 134 de la Constitución, tiene como objetivo integrar a la ley mecanismos de participación ciudadana en el diseño del gasto social y en la vigilancia sobre la aplicación de los recursos.
Lo que se propone, dijo, es crear contralorías ciudadanas conformadas por habitantes de las comunidades beneficiarias, quienes tendrían la facultad de proponer la sanción a los funcionarios que insistan en manipular recursos públicos.
Los involucrados y sus superiores en la cadena de mando, agregó Barbosa, tendrían que separarse inmediatamente del cargo en cuanto inicien las indagatorias por uso electoral de programas sociales.
En caso de comprobarse la responsabilidad, añadió, la penalidad sería correspondiente a la gravedad de la falta cometida.
Asimismo, el senador Robles Montoya insistió en que los involucrados en los delitos cometidos en Veracruz, deberían ir a prisión.
“Para qué crear nuevas instancias sancionadoras de estos graves delitos electorales, lo que tenemos que exigir es que dependencias como la PGR y las contralorías federales y estatales actúen y metan a la cárcel a los servidores públicos delincuentes, que condicionan los programas y las acciones de gobierno para favorecer a su partido, en este caso al PRI, como sucede en Veracruz y Oaxaca, porque no es suficiente únicamente separarlos del cargo, tienen que haber castigos ejemplares”, demandó.
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