Reforma migratoria en EEUU dejará fuera a muchos
|
|
|
|
|
SAN DIEGO (AP) -- Carlos González vivió casi todos sus 29 años
en un país al que considera su casa, pero ahora se encuentra en el lado
equivocado de la frontera y en el lado equivocado de una iniciativa de
reforma migratoria que podría conceder la residencia legal a millones de
personas.
González, deportado en diciembre de
Santa Bárbara, California, a Tijuana, México, es uno de casi dos
millones de individuos expulsados de Estados Unidos desde la elección de
Barack Obama como presidente.
"No tengo a
nadie aquí", dijo González, quien sirve desayunos en un albergue para
migrantes en Tijuana, donde convalece de las múltiples fracturas que se
hizo en un pie al saltar la valla fronteriza en un intento fallido por
reunirse con su madre, dos hermanos y el resto de su familia que vive en
California.
"Estados Unidos es lo único que conozco", apuntó.
Aunque
la iniciativa de reforma migratoria que presentó el Senado este mes
contribuiría a que salgan de las sombras algunos de los 11 millones de
personas que se calcula viven sin autorización en Estados Unidos, no
beneficiará a todos.
Entre los excluidos
figuran quienes hayan llegado después del 31 de diciembre de 2011,
quienes tengan parejas gay con residencia legal en Estados Unidos,
hermanos de ciudadanos estadounidenses y muchos deportados como
González.
Como la inmigración neta procedente
de México es casi cero, se cree que sea relativamente pequeña la cifra
de personas que ha llegado desde enero de 2012 a Estados Unidos,
posiblemente de unos cuantos cientos de miles.
Entre
ellos figura Isaac Jiménez, de 45 años, que pagó 4.800 dólares a un
contrabandista de personas para que lo guiara por el desierto de
California a fin de reencontrarse con su esposa e hijos en Fresno.
"Mis
hijos están aquí, todo lo mío está aquí", dijo Jiménez, desde Fresno.
Ha vivido sin autorización desde 1998 en Estados Unidos y regresó
voluntariamente en 2012 al sur de México para ver a su madre antes de
que ésta muriera.
A la fecha, los defensores
izquierdistas de la inmigración han mostrado una disposición limitada
para pelear a favor de que se amplíe la cobertura mientras se preparan
para una difícil batalla en el Congreso.
Algunos
en este sector apuntan sus baterías hacia otras medidas de la
legislación, como la opción a la ciudadanía en un periodo de 13 años,
plazo que consideran muy largo, y una partida presupuestaria de 4.500
millones de dólares para incrementar la seguridad en la frontera.
"(La
iniciativa de reforma migratoria) no va a incluir a todos", dijo Laura
Lichter, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de
Estados Unidos. "No es perfecta. Creo que se escucha a mucha gente decir
que `no se permita a lo perfecto ser enemigo de lo bueno', y esto es
bueno", apuntó.
Peter Núñez, quien apoya
políticas restrictivas y es presidente del Centro de Estudios para la
Inmigración en Washington, dio al proyecto de ley una calificación de
ocho o nueve en una escala de uno a 10, con el 10 representando lo más
incluyente.
Núñez criticó una medida que
permite a las personas deportadas sin antecedentes penales solicitar
permiso de regresar si tienen legalmente esposas o hijos en Estados
Unidos, medida que los partidarios afirman contribuye a la reunificación
de familias.
"Simplemente no entiendo por qué vamos básicamente a anular una deportación", dijo Núñez, ex fiscal en San Diego.
Los
negociadores del Senado fueron indulgentes hacia los antecedentes
penales en comparación con el gobierno del presidente Barack Obama
cuando éste concedió en 2012 permisos temporales de trabajo a muchos de
los que vinieron cuando eran niños a Estados Unidos.
El
gobierno descalificó para las solicitudes a quien tuviera una condena
por un delito menor de conducción en estado de ebriedad, violencia
familiar, tráfico de narcóticos y otros crímenes. La iniciativa del
Senado establece que no podrá solicitar los permisos de trabajo quien
acumule tres delitos menores o un sólo delito grave.
Las
deportaciones alcanzaron las 400.000 en el año fiscal 2012, más del
doble que en los siete años previos; los mexicanos afectados fueron
enviados a ciudades fronterizas como Tijuana, donde a menudo tienen
dificultades para encontrar trabajo.
El
albergue para migrantes Padre Chava sirve desayunos diariamente a 1.100
personas en un edificio amarillo brillante que abrió hace tres años
porque la cifra de personas superó al de su inmueble previo. Su director
Ernesto Hernández calcula que 75% de estas personas son deportadas.
"Muchos llegan con zapatos deportivos que cuestan cientos de dólares y sin nada en los bolsillos", dijo Hernández.
Alrededor
de 10% de los deportados en el albergue hablan poco o nada de español,
como Salvador Herrera IV, de 28 años, quien fue traído a Estados Unidos
cuando tenía dos años en el asiento trasero de un automóvil y creció
patinando y jugando baloncesto en Long Beach.
Debido
a que fue declarado culpable de robo de vehículo quedó excluido de la
legalización, y dice que está considerando pagar 8.000 dólares por los
documentos de identidad de alguien más en su intento por volver
ilegalmente al sur de California.
"Soy básicamente estadounidense", indicó. "Soy un chico de playa. Hago lo estadounidense".
Muchos
en el refugio han sido sentenciados por conducir bajo la influencia del
alcohol o por violencia doméstica, dijo Hernández, al reflejar la
prioridad del gobierno de Obama para deportar a cualquier persona que
tenga antecedentes penales.
González fue
arrestado en Santa Bárbara por ser sospechoso de alterar el orden
público, y deportado a Tijuana la víspera de Año Nuevo. Dijo que tenía
varias sentencias por delitos menores, incluyendo conducir alcoholizado,
que cometió poco después de cumplir 18.
"Es cuando uno anda mucho en las fiestas y piensas que no va a importar", agregó.
González
nació en Cuernavaca, al sur de la ciudad de México, llegó a Estados
Unidos por avión cuando tenía dos años, y nunca se fue de Santa Bárbara.
Después de graduarse de secundaria en 2002, tomó lecciones de mecánica
automotriz en un colegio universitario municipal, trabajó casi cuatro
años en una tienda de descuento Jiffy Lube y como mecánico, jardinero y
promotor telefónico en la pintoresca ciudad costera californiana de
90.000 habitantes.
González no sabe dónde
establecerse después de que sane su pie. Su familia lo ayudó con más de
3.000 dólares en gastos médicos, que incluyen una barra de metal que le
mantiene unido el pie fracturado.
Tal vez trate de encontrar a una tía en Cuernavaca, pero no tiene su teléfono ni la dirección.
"Nunca pensé que estaría en este predicamento", dijo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario