La impunidad, la mayor amenaza para la libertad de
expresión en la región, según informe de IFEX
Escrito por Monitoreo Informativo el 30
noviembre 2013 a las 8:05 pm en Monitoreo Informativo,
Sociedad
Por Silvia Higuera
En
los últimos 20 años, 670 periodistas han sido asesinados en América
Latina y el Caribe según los delegados de la alianza IFEX-ACL durante
la presentación de su Informe Anual de Impunidad 2013 “Rostros y Rastros de la
Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe”, publicó el diario U
Chile. Los crímenes – la mayoría de estos aún en la impunidad – demuestran cómo
este hecho se ha convertido en la mayor amenaza para la libertad de expresión
en la región.
México y Brasil fueron los países en donde se produjeron más
agresiones. mientras que El Salvador, Honduras y Guatemala fueron señalados como los de
mayor riesgo para la profesión.
Los 225 casos de agresiones a periodistas en México durante
los primeros nueve meses de 2013 ya convirtieron este año como el más violento
en los últimos 10 años. La delegación destacó el caso delperiodista Armando Rodríguez quien fue asesinado hace cinco
años sin que las autoridades esclarezcan el crimen.
De Brasil se
destacaron las 98 violaciones contra medios de la comunicación durante las
protestas que se han vivido en el país desde junio de 2013. El 71 por ciento de
estas agresiones fueron perpetradas por la policía. El caso más grave fue el
del fotógrafo Sergio Silva quien perdió la visión en un ojo tras un disparo de
bala de goma.
El informe elaborado por la alianza regional de IFEX en
América Latina y el Caribe (ALC) hace
un análisis de la situación de impunidad en 11 países de esta región
para reflexionar sobre los hechos más recientes y del contexto actual en
material de impunidad.
En Bolivia se
vive un ambiente de violencia contra el ejercicio de la prensa y la libertad de
expresión. Algunos casos que lo demuestran fueron el linchamiento por
parte de una turba al periodista Carlos Quispe o laincineración de la que fue víctima el periodista Fernando Vidal.
En el caso de Colombia los delegados de IFEX-ALC señalaron un
ambiente de impunidad en el que 63 de los 142 homicidios contra periodistas desde 1967 han
prescrito; es decir, que ya no se investigarán más. Los mayores agresores
de la prensa en el país son el narcotráfico, los grupos paramilitares y los
grupos guerrilleros, y en una minoría los funcionarios públicos y políticos. El
informe también destaca el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada,
torturada y abusada sexualmente hace 13 años y sigue sin obtener justicia.
La “Ley de linchamiento mediático” y su impacto en la
libertad de expresión hacen parte del informe deEcuador.
El modelo con el que cuenta el país estaría dirigido a desacreditar periodistas.
El Estado – de donde provienen las mayores agresiones al a prensa según los
delegados de este país – controla de forma directa más de 20 medios y es el
mayor inversionista de publicidad. El 60 por ciento de la información que se
publica se hace con base en fuentes oficiales.
En Guatemala las cifras de violaciones a la libertad de
expresión pasaron de 19 casos en 2010 a 48 hasta septiembre de este año.
Dentro de la cifra se incluyen cuatro asesinatos y ocho amenazas de muerte.
De acuerdo con el informe, América Latina atraviesa por un
momento crucial de debate para garantizar la libertad de expresión. En la
región coexisten situaciones de extremo riesgo derivadas del crimen organizado
con la debilidad constitucional. Cursan procesos legislativos polémicos que
rodean a la libertad de prensa. Los funcionarios públicos siguen utilizando las
denuncias por difamación para silenciar la prensa, y sectores históricamente
vulnerados – como los pueblos indígenas – no logran participar abiertamente en
los asuntos de interés público.
“Un año después de la publicación del informe de impunidad 2012 constatar
que no existen avances judiciales significativos en general, y que varios de
los casos emblemáticos siguen sin resolverse, nos muestra un panorama
desolador”, señala la editorial del informe de este año.
Por esta razón, las recomendaciones de la alianza IFEX-ALC a
las autoridades de la región es que impulsen investigaciones judiciales y
garanticen que éstas se llevarán a cabo de manera exhaustiva “de acuerdo a las
obligaciones internacionales que han adquirido ante los organismos de derechos
humanos”.
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