Intereses políticos de todos, tras el conflicto en Oaxaca

Intereses políticos de todos, tras el conflicto en Oaxaca
Sección:Portada, Reporteros Fecha:23 agosto, 2014














Entrevista a Marco Fernández/Profesor-investigador del ITESM-Santa Fe y de México Evalúa

Nora Rodríguez Aceves

Lo que está pasando en Oaxaca es que todos los actores políticos, lamentablemente, están buscando ganar tiempo y lo que menos parece importarles es la educación de los niños y de los jóvenes.

“El gobernador Gabino Cué Monteagudo quiere ganar tiempo porque él ya se va, él no tiene un grupo político triunfador en el estado y realmente su futuro de carrera política es corto, digámoslo en forma amable”.

En el gobierno federal “siempre ha habido de dos sopas en Oaxaca, siempre fue la sopa del PRI y la oposición —el PAN y el PRD— hizo esta coalición que llevó a Gabino Cué al poder estatal, mi impresión de lo que está observándose es que también hay un cálculo de parte del PRI de dejar que se termine de pudrir el asunto oaxaqueño para que, como ya estamos llegando a la situación límite, una vez que esté en esta situación límite intervenga el gobierno federal y ahora sí el PRI aparezca como el que aplicó la ley porque la oposición no lo hizo y de esa forma recuperarán la gubernatura. Ése es un cálculo político, porque si no fuese así uno no se explica cómo llevamos ya tantos meses y no intervienen”.

La otra parte del cálculo político que es evidente que hubo “es el temor de parte del gobierno federal en medio de las negociaciones de las otras reformas que se estaban discutiendo en el Congreso de la Unión de no intervenir en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para no hacer que este grupo se uniera a otros grupos en contra del resto de las reformas estructurales como, por ejemplo, la energética y crear una situación que se les pudiera salir de las manos”.

“Sí entiendo en ese sentido la parte de realismo político, pero lo que me parce un drama es que en estos cálculos a quienes se llevan entre las patas son a los niños y a los jóvenes que siguen sin tener clases o que tienen clases a medias, que sus profesores están mal preparados, que cuando van les enseñan a medias y mal; cuando uno ve los niveles de pobreza del estado y uno ve los problemas de cobertura y de calidad, uno dice: ¿cómo romper este círculo negativo de pobreza? La educación tendría que ser la escalera para que estos niños pudieran ascender socialmente y salieran de la pobreza, pero si esa educación es de tan mala calidad, chafa en pocas palabras, y que además el sistema educativo ha permitido corrupción tras corrupción tras corrupción en Oaxaca y en otros lados del país” —señala Marcos Fernández, director de Investigación de México Evalúa y Profesor-investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Campus Santa Fe.

Desacato

El 14 de agosto, el gobernador Gavino Cué envió al Congreso local la Iniciativa de Ley de Educación de Oaxaca que redactó una comisión compuesta por personal de su gobierno junto con maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y legisladores locales.

Hay que decir que, de acuerdo con la información publicada por Olivia Hernández en el periódico Reforma, dicha iniciativa “plantea un desacato a la reforma educativa federal, ya que desconoce al Instituto Nacional de Evaluación (INE) y lo sustituye por el Sistema de Evaluación Educativa Estatal; no establece sanciones para los maestros que se ausenten tres días consecutivos y no reglamenta la evaluación para la asignación de plazas”.

Además, señala Reforma, “eleva la Sección 22 al rango de autoridad educativa estatal, designa la CNTE como responsable de los contenidos educativos, reclama a la SEP libros de texto, certificados de estudios, planes de programas y un calendario escolar diferente al que se usa en el resto de los estados del país”.

Lo que contraviene a la ley educativa federal, aunque para el gobernador Gabino Cué “la iniciativa de Ley Estatal de Educación Pública que presenté ante el Congreso local no contraviene de ninguna forma la Ley Federal Educativa, ya que esta propuesta no plantea mecanismos de acceso a las escuelas de evaluación para los maestros ni ascensos”.

Cabe recordar que Oaxaca es el estado emblemático de la resistencia de los grupos que se han “beneficiado de malas prácticas en el interior del sistema educativo y que no quieren la aplicación de nuevas reglas que pudieran servir para acotar los problemas de corrupción en el sistema educativo, en este caso de Oaxaca, y que esta Sección 22 está englobada dentro de lo que conocemos como la parte más radical del magisterio que es la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Para el doctor en ciencia política por la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y consultor para el Instituto del Banco Mundial donde se especializa en economía política, el proyecto de ley estatal, que contiene 159 artículo y 16 transitorios, enviado por Gabino Cué al Legislativo estatal, lo que busca es “implantar un nuevo modelo educativo y cuando uno ve los detalles no podemos hacer otra cosa que preocuparnos porque ellos —los profesores— quieren sus propios mecanismos de evaluación en donde no se apliquen estándares impuestos como prevé la ley federal por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a partir de los lineamientos del Instituto Nacional de Evaluación (INE) y que nadie, de ninguna forma, ninguno de los maestros sea separado ya sea por tres faltas consecutivas sin justificación o porque haya tenido recurrentes fallas en sus evaluaciones; esas cosas no son admisibles en el nuevo proyecto”.

Será bronca “del que viene”

Si logra tener mayoría en el Congreso estatal y logra aprobar esta ley “Gabino Cué sabe que de todas maneras esta ley se la van a volver a demandar ante la Suprema Corte de Justicia, sería la segunda demanda. Porque sí hay una ley, pero esa ley es en contra de la ley federal, y como hemos estado viendo cómo son los casos legales, la discusión y análisis de la Suprema Corte de este documento se va a turnar en varios meses, para cuando sean esos meses ya el gobernador está de salida, ya ésa es bronca del que viene, me parece gravísimo el cálculo político que existe de saber que vamos aprobar algo que no va a jalar, que se pudra más el asunto de la educación y que lo resuelva el que sigue”.

Lo que me parece también grave y ésa es mi interpretación —dice Fernández— dado lo que hemos estado observando en los últimos meses “que el gobierno federal no esté decidido a asumir que se haga cumplir el Estado de derecho en Oaxaca. ¿Por qué digo esto?, porque el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, ha enfatizado que el gobernador Gabino Cué tiene que aplicar la ley, el senador Juan Carlos Romero Hicks en la Comisión de Educación del Senado de la República también ha convocado al gobernador, pero el gobierno federal es el que paga a todos los maestros de educación primaria, secundaria y preescolar de Oaxaca, el salario de los maestros se paga con dinero federal, por lo tanto tiene la herramienta para tratar de apretar y hacer cumplir la ley; hasta ahorita no lo ha hecho, tan no lo ha hecho que el año pasado en medio de las protestas en contra de la reforma educativa, por un lado el secretario Chuayffet decía: que se aplique la ley y la ley es para todos y no hay marcha atrás con la reforma educativa”.

Sin embargo, por el otro lado, “el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Miranda, negocia con la coordinadora y ofrece a la CNTE: uno, que los pagos que se les habían suspendido a sus miembros por todos los días que no habían trabajado se les iban a dar de forma retroactiva, se les pagó de forma retroactiva a estas personas, cuando eso era en contra de la legislación federal. Dos, la legislación federal ya decía que quienes faltaran —dice, de hecho— tres días de forma consecutiva sin causa justificada tienen que ser separados del servicio docente, inmediatamente; ésa es la ley y se aplica para todos los maestros de educación básica en el país. El secretario Chuayffet dijo: ya se aplicó la ley, ya despedimos, no recuerdo la cantidad pero dijo que unos cientos habían sido despedidos, la prensa y la sociedad civil le preguntó los nombres de los despedidos y la SEP ya no dijo nada, por eso no me queda muy claro que realmente hayan separado a estos maestros”.

En opinión del investigador de México Evalúa y del ITESM, “el problema ha seguido desenvolviéndose, siguen los exhortos al cumplimiento del Estado de derecho, si aplicas en el intento de darle la vuelta a la resistencia de la CNTE para el examen de ingreso al servicio docente, por eso pagan los pasajes de algunos de los aspirantes a las plazas, para que vengan a la ciudad de México, etc., uno pensaría que ahí va el asunto; bueno si en verdad va, la gran pregunta es: ¿a los maestros que pasaron y que se tienen que asignar en estos días las plazas en Oaxaca la autoridad federal, dado que el gobernador prácticamente ha claudicado a aplicar la ley, mandará fuerzas federales a proteger a esos maestros que se merecen una plaza de acuerdo al examen para que puedan ejercer en las escuelas que son controladas por la 22, y los protegerá de forma tal que no los violenten, no me queda claro que ése sea el caso, tan no me queda claro porque la Sección 59, que es la minoría de Oaxaca, ha dado clases y ahí ha pasado que a los maestros de la 59 nadie los defiende, ni el gobernador ni el gobierno federal”.

CNTE corrige la página a Cué Monteagudo

No obstante este panorama de crisis en el estado, los maestros no terminan de pedir y de pedir privilegios mayores, ya que a los pocos días de que el gobernador entregara la iniciativa avalada por ellos, la coordinadora ya le hizo correcciones a la propuesta y presentó su contrapropuesta al Congreso Local, pues afirma que Gabino Cué hizo 18 cambios a la reforma tripartita.

De ahí que para Marco Fernández los maestros “están dando sus últimas patadas de ahogado, ellos saben que si el gobierno federal cediera en algún momento a sus peticiones, la señal para el resto del país y del magisterio de que van en serio para mejorar la calidad de la educación se cae, entonces están llegando ya a una situación límite en donde la sociedad ya no los tolera, en donde van a crear las condiciones políticas, además, adecuadas para que, insisto, el gobierno federal y el PRI estatal, porque es la fuerza política importante en el estado, aparezcan como los reformadores de la educación y terminen de derrotar a la CNTE; será un juego difícil, muy probablemente con violencia, sí, pero al final de cuentas ya no queda otra alternativa, no queda la alternativa de crear un estado de excepción educativa en Oaxaca o Michoacán o Chiapas, ésas no son alternativas, el resto del país en ese momento, diría, también nosotros, es decir, si el gobierno federal cediera, la señal sería: ser rijoso y violento paga, seamos todos rijosos y violentos y resistamos la reforma educativa, y eso por supuesto que lo están calculando en el gobierno, estoy seguro de eso, y entienden que ya se está llegando a la situación límite”.

Dado que el 11 de septiembre próximo se realizará la audiencia para la presentación de pruebas sobre la controversia constitucional que el gobierno federal presentó en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca por las omisiones para aplicar las reformas educativas, y aunque Marco Fernández no es abogado, comenta que “es clarísimo, no se necesita ser abogado, para ver qué tanto la propuesta que está en discusión, como la omisión de no haber tenido una reforma a la legislación estatal en los tiempos que marcaba la reforma federal, claramente no dejan otro camino más que la Corte, decirles: señores, ustedes tienen que aplicar la ley, no hay de otra, no habrá de otra, en ese momento ya la presión será cada vez mayor sobre actuar en Oaxaca, los potenciales niveles de conflicto sí aumentarán, la pregunta será: ¿cómo lo querrán resolverán? ¿Lo querrán resolver como siempre se han querido resolver estas cosas? A punta de comprar voluntades con dineros mal habidos, dineros que no respetan las leyes federales de los fondos federales con partidas extraordinarias opacas, porque así ha sido desde 1992, hay que dejarlo clarito, lo aplicarán así, para que vea el resto del país que es una tomada de pelo los intentos del gobierno federal para aplicar la reforma educativa, o ni modo, se tendrán que fajar los pantalones y decir: no hay vuelta de hoja, aquí hay un mandato legal, hay un mandato federal ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tiene que aplicar el Estado de derecho y si se tienen que mandar fuerzas federales para hacerlo, lo tendrán que hacer”.

Irregularidades no sólo en Oaxaca

En otro orden de ideas, y dado que la semana pasada en conferencia de prensa Mexicanos Primero denunció —apoyado en cifras oficiales del Censo Educativo que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013— el desvío de 35 mil millones de pesos anuales en el gasto educativo.

En conferencia de prensa, Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero explicó que ese dinero se desvía mediante 298 mil 174 pagos irregulares o ilegales a personal que no se encuentra en su centro de trabajo. Detalló que son 39 mil 222 aviadores, 30 mil 695 comisionados, 113 mil 259 empleados que se encuentran en otros centros de trabajo y 114 mil 998 jubilados, retirados o fallecidos que siguen en la lista de maestros activos”.

En este sentido, Marco Fernández anuncia que “el martes 26, México Evalúa presentará el estudio que hice sobre el Censo Educativo en el que hacemos un análisis detallado de todas las irregularidades que el censo documenta, la información que la autoridad lamentablemente no ha dado a conocer y que hace que sólo pueda haber cálculos aproximados del desvío de los recursos”.

“Nuestros cálculos son diferentes a los de los colegas de Mexicanos Primero, en la investigación que realicé documento que el desvío de los recursos está entre 16 mil y 51 mil millones de pesos, ¿por qué esa varianza tan amplia?, por una serie de opacidades tanto de la autoridad federal como de la autoridad estatal en materia de las prestaciones y salarios que se les dan a los maestros, en materia de que la gente censada, por ejemplo, los que aparecían como comisionados o los que son denominados aviadores, personal que no se conoce en los centros de trabajo a pesar de que tienen asignado una plaza a ellos, todas esas cosas la autoridad no ha informado si a ésas se les paga un dinero o no, hay un serie de información que en ese sentido, ayúdate que Dios te ayudará, y el problema es que la autoridad no termina de entender que la información transparente es su principal arma en contra de la corrupción y la opacidad que ha permitido el manejo realmente discrecional de los recursos educativos por parte tanto de la CNTE como por parte de la del sector institucional del SNTE, ése es el problema”.

Es un problema mayúsculo en donde “con evidencia hay estados que han quebrado la ley, porque por ley —de acuerdo con la ley de contabilidad gubernamental—, ellos tendrían que haber mandado reportes al Congreso y a la autoridad federal sobre el estado de sus nóminas. Cuando uno compara los datos del censo con los informes que mandaron los estados, claramente se ve que no se trata de errores de discrepancia sino de mal uso o para decirlo con toda franqueza, mentiras de algunas autoridades estatales, el ejemplo más emblemático es Tamaulipas que dijo de acuerdo al informe que presentó el año pasado que sólo tenía dos comisionados o personal en licencia y el censo descubrió que tenía mil 238, entonces de eso estamos hablando y no hay hasta ahora un responsable dentro del sistema educativo tamaulipeco al que se le haya fincado una responsabilidad administrativa, que enfrente un proceso penal por alterar información pública, nadie nos está diciendo la lana para esas personas que se les pagaron de forma indebida por qué se les hizo, cómo se ejerció, no hay ninguna consecuencia, ése es el problema”.

“Vemos múltiples casos de violación de la ley todos los días dentro del sistema educativo en donde se reitera lo que pasa a nivel nacional, la impunidad es la moneda de cambio en cómo funcionan muchas de las cosas y una cosa es que puede decir misa la ley de reforma educativa y otra cosa muy distinta es la realidad cuando se niegan las autoridades a aplicarla y si esta negativa es impune porque nadie sufre una consecuencia de eso, los incentivos a seguir violando la ley están ahí siempre”.