La CNTE desafía al Estado mexicano

La CNTE desafía al Estado mexicano


  Fecha:23 agosto, 2014












El rechazo a la reforma educativa por parte de la sección 22 de la CNTE Oaxaca obliga a preguntar:

¿Hasta dónde debe llegar la tolerancia del gobierno federal hacia un grupo, supuestamente magisterial, que ha hecho de la amenaza y el chantaje un negocio multimillonario?

Quienes conocen Oaxaca conocen la historia y composición de la CNTE. Ahí hay de todo: lo mismo seudoguerrilleros que integrantes del crimen organizado, delincuentes comunes y agitadores profesionales.

Todos ellos se han apoderado de la educación oaxaqueña. La han convertido en su modus vivendi, en su negocio, en un eficaz instrumento de poder que les permite, mes con mes, obtener importantes recursos económicos.

La dirigencia de la sección 22 recauda, sólo por concepto de “apoyos extraordinarios y obligatorios” alrededor de 7 u 8 millones de pesos procedentes de los 74 mil maestros oaxaqueños inscritos en su padrón. Sin contar el millón y medio de pesos que recibe mensualmente del gobierno por concepto de cuotas sindicales.

El desproporcionado poder que ha acumulado la CNTE se explica a partir de eso, pero también del hecho de tener el control absoluto del Instituto Estatal de Educación Pública desde 1992.

Esta particularidad le ha permitido construir un liderazgo dictatorial reflejado en el manejo arbitrario de sueldos, prestaciones, plazas, ascensos y jubilaciones.

Por eso, precisamente por eso, los líderes se oponen a que se aplique en Oaxaca la reforma educativa constitucional que fue aprobada por el Congreso federal en 2013.

Hace algunos días, cuando el líder de la sección 22, Rubén Núñez, entregó al gobernador Gabino Cué el proyecto de ley de educación que la CNTE pretende imponer en la entidad, dijo: “No permitiremos que se aplique la reforma educativa federal en Oaxaca”.

Evidentemente no la va a aceptar la CNTE. Hacerlo significaría renunciar al dominio que tiene sobre la nómina magisterial que, por cierto, también utiliza para el pago de miles de aviadores que durante décadas han lucrado del presupuesto educativo.

Significaría quedar sujetos los maestros disidentes a las disposiciones del Estado mexicano. Es decir, representaría el fin del feudo caciquil, autoritario e ilegal que han construido por años. Equivaldría, para decirlo otra vez, al final de un lucrativo negocio político.

Pero hay algo tan o más importante que lo anterior: la CNTE pretende romper el orden constitucional y promover a través de sus numerosos tentáculos la desestabilización del país.

La CNTE es, cuando menos en el caso oaxaqueño, un centro maoísta leninista dedicado a formar cuadros duros, dogmáticos, adiestrados en táctica de guerrilla y dispuestos a lo que sea.

Hoy, de manera flagrante, se opone a la reforma educativa constitucional y pretende imponer al Congreso local la aprobación de la ley redactada por sus líderes magisteriales, para orillar al gobierno federal a utilizar la vía armada y tener pretexto para revivir y reorganizar las células guerrilleras.

Sabe, muy bien, que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Secretaría de Educación Pública ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar a los Congresos locales, caso Oaxaca, a armonizar la ley educativa federal con la local no va a favorecer a la CNTE.

Oaxaca es, por lo tanto, un asunto de seguridad nacional que obliga a desmantelar, a partir de una precisa estrategia de inteligencia, una organización que tiene convertida ya no sólo la educación sino la economía, el desarrollo y la gobernabilidad misma de la entidad en rehén de un sindicato que se parece más a un cártel, que a una organización que lucha por la defensa de los trabajadores.