La diputada federal del PRI, Ana Isabel Allende Cano,
exigió la destitución y consignación de Facundo Rosas Rosas, Secretario
de Seguridad Pública del Estado de Puebla, porque él fue responsable del
operativo de desalojo contra los pobladores de San Bernardino
Chalchihuapan, donde lamentablemente perdió la vida un menor de edad, el
pasado 9 de julio.
La también titular del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI de
Puebla, señaló que ante la gravedad de estos hechos, el 11 de septiembre
pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 11
recomendaciones al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por
las violaciones graves a los derechos humanos en el violento desalojo
que sufrieron pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino
Chalchihuapan, Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla.
Para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH al gobierno de
Puebla, Ana Isabel Allende Cano indicó que el CDE del PRI-Puebla exige
la renuncia y consignación ante las autoridades penales correspondientes
del Secretario de Seguridad Pública del Estado, debido a que fue el
responsable del operativo y existen policías detenidos debido a su
participación en este hecho, puesto que se presume la culpabilidad del
mando de mayor jerarquía en el lugar, y es que él pudo evitar la muerte
del menor de edad José Luis Tehuatle Tamayo.
La también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la
Cámara de Diputados consideró como una falta de respeto y una burla para
los ciudadanía que el gobierno de Puebla, pretenda dar cumplimiento a
las recomendaciones de la CNDH, al simplemente aplicar una amonestación y
“multa” al secretario de Seguridad Pública, cuando la investigación es
sobre el asesinato del menor Tehuatle Tamayo y de las violaciones graves
a los derechos humanos de varios de los pobladores de ese municipio.
Por ello, la diputada señaló que la CNDH no dé por cumplidas las
recomendaciones que el gobierno de Puebla pretendió hacer valer, y que
como corresponde legalmente, turne la investigación a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, para que se proceda conforme a derecho. |
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