Ética pública

Ética pública

Miguel Concha

E

stamos viviendo un momento crítico. La tragedia de Ayotzinapa, con la participación activa o aquiescente de autoridades municipales y federales coludidas con el crimen organizado, ha generado una amplia manifestación popular de repudio. Por otra parte, y como resultado de una investigación periodística, se publican evidencias de que el primer mandatario aparentemente se encuentra en una situación de conflicto de intereses, al habitar él y su familia una casa propiedad de una empresa inmobiliaria a la que se le otorgaron contratos de construcción de obra pública a nivel estatal y federal. Se asegura además que en su campaña electoral por la Presidencia utilizó otra casa de la misma empresa, rentada a un colaborador suyo, sin haberlo informado a la autoridad electoral.

Sin embargo, su reacción no ha sido de autocrítica y rendición de cuentas, sino por el contrario, se trata de acallar los hechos, contando increíblemente con el contubernio de algunos miembros del Poder Legislativo, que llegan a señalar que es simplemente un asunto particular. Esos lamentables y decepcionantes acontecimientos, unidos al malestar por el incremento de la pobreza, que afecta ya a más de 50 por ciento de la población –y contrasta con la irritante desigualdad social que se percibe en el enriquecimiento desmesurado de algunos grupos empresariales y altos funcionarios de los tres poderes, así como de los gobiernos estatales y municipales–, ha originado un clima de hartazgo, de repudio y de plena desconfianza en las autoridades gubernamentales, que se externa en las crecientes manifestaciones y el ambiente de frustración que se percibe en todas las clases sociales.
Es evidente que el origen de la crisis se encuentra igualmente en que hemos dejado de practicar la ética como elemento fundamental de nuestra cultura y nuestra cotidianidad. Hemos visto como algo natural que nuestros funcionarios actúen en ocasiones ajenos a la verdad, a la honestidad y a la justicia, lo cual origina una convivencia en la que priva la desconfianza generalizada. Nos parece normal que los miembros del gobierno tengan grandes fortunas y que los empresarios que gozan de privilegios indebidos, que afectan al resto de la población que vive en la pobreza, estén en la lista de los más ricos del mundo. Es el momento de agregar a las protestas las propuestas, para iniciar el proceso de restablecer la ética como elemento fundamental de nuestra vida pública.
Algunas de las medidas que para recuperar ese elemento fundamental de nuestra sociedad se consideran urgentes son las siguientes: 1) Un ejercicio autocrítico del titular del Ejecutivo, que lo lleve a aceptar y a disculparse del conflicto de interés en que ha incurrido, así como a señalar las medidas que aplicará para sancionar y vetar a la constructora que se benefició del hecho. 2) Dada la dificultad de probar los diversos actos de corrupción con pruebas documentales o testigos presenciales, y teniendo en cuenta que la corrupción siempre acaba por enriquecer o beneficiar a quien la practica, establecer en la ley la obligación de que los miembros del sector público, desde los Ejecutivos hasta los secretarios de gobierno y presidentes municipales, presenten anualmente su declaración patrimonial, incluyendo a sus familiares, acompañada por su declaración anual de impuesto sobre la renta, que será el elemento probatorio para explicar y justificar las modificaciones señaladas en sus declaraciones. 3) Para el efecto se deberá crear una Comisión de Ética Pública autónoma, integrada y presidida por miembros de la sociedad civil que cuenten con la calidad moral y la capacidad profesional indispensable, y que de ninguna forma estén subordinados a cualquiera de las personas sujetas a la presentación de su declaración. 4) Esta Comisión de Ética Pública turnará sus resoluciones a un tribunal especial, que dictará las sentencias correspondientes, las cuales sólo podrán ser revocadas o modificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las sanciones serán básicamente penales, y el delito de corrupción, dependiendo de su monto, se considerará delito grave, no sujeto a fianza. 5) El contenido de las declaraciones debe ser accesible a la ciudadanía, y se eliminará la opción de reservar su publicación por motivos de seguridad. Por cierto, recientemente el Gobierno del Distrito Federal estableció la obligación de que todos los miembros del gabinete del jefe de Gobierno presenten y publiquen sus declaraciones patrimoniales. 6) Habrá que reconocer también los resultados de la prohibición de la venta de drogas durante más de 40 años. Principalmente los siguientes: incremento en su consumo a escalas nacional y mundial, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Aumentos desmesurados de los ingresos del crimen organizado dedicado al narcotráfico, propiciando con ello que tengan plena capacidad para corromper, amedrentar y subordinar a los miembros de los tres poderes de Gobierno, particularmente a las autoridades estatales y municipales. Como se sabe, las organizaciones del narcotráfico, una vez establecidas y hábilmente coordinadas, han ampliado sus actividades al secuestro, la venta de protección, la extorsión, etcétera. Aceptar abiertamente que el problema del consumo de drogas es un problema de salud que debe regularse y no tratar de prohibir, pues la prohibición sólo ha producido efectos negativos y una cantidad de muertos prácticamente imprecisable. 7) Nombrar una comisión de especialistas que estudien los modelos desarrollados en Estados Unidos y en los países europeos, particularmente en Portugal, que tiene reguladas todas las drogas con resultados muy satisfactorios, e incluso el que pretende establecerse en Uruguay, con el fin de definir un modelo de regulación aplicable en México, para ir poniéndolo en marcha paulatinamente.