El modelo laboral mexicano exhibido ante Obama

El modelo laboral mexicano exhibido ante Obama

Arturo Alcalde Justiniani

T

oda una ironía que sea la central sindical estadunidense, AFL-CIO, representante de la mayoría de los trabajadores en ese país, la que haya tomado la iniciativa para interceder por los derechos de los mexicanos en la reunión de Peña Nieto con Obama, en Washington, DC. No fueron las centrales mexicanas oficiales, como el Congreso del Trabajo o la CTM las que hablaron en favor de sus representados; hace tiempo abdicaron a esa tarea, convirtiéndose en un aparato claramente contrario a los intereses de los trabajadores. Basta recordar el papel de la representación de la CTM ante la Comisión de Salarios Mínimos, oponiéndose a los incrementos reclamados por amplios sectores de la sociedad, o su complacencia para reducir la propiedad de los trabajadores en el Infonavit de 5 a 2 por ciento de sus salarios para fondear con sus recursos el seguro de desempleo, tema aún pendiente en el Senado.

La carta de Richard L. Trumka, presidente de la AFL-CIO, dirigida a Obama, reproducida en el espacio electrónico de La Jornada el pasado 6 de enero, sustenta un diagnóstico certero sobre la situación laboral mexicana que debemos analizar por su importancia en estos tiempos, en que tan pocas voces defienden a la población trabajadora de nuestro país, víctima de todos los agobios: sueldos de hambre, inestabilidad laboral, simulación en las formas de contratación ( outsourcing y honorarios), ausencia de derechos colectivos, indefensión generalizada y renuncia de la autoridad para cumplir sus obligaciones.
La AFL-CIO, al igual que organizaciones de derechos humanos, exhortó a Obama a tratar con Peña Nieto temas torales del país, como la desigualdad, la corrupción y el deterioro de los derechos humanos, expresa su solidaridad en relación con la situación de los estudiantes de Ayotzinapa y exige se finquen las responsabilidades del caso. En materia laboral se plantean tres aspectos: el primero formula el diagnóstico: La corrupción pública, el abuso y la impunidad son las causas de raíz de la virtual ausencia de relaciones industriales genuinas en México, que deprime artificialmente los salarios y limita el crecimiento económico. Muchos trabajadores son cubiertos por contratos colectivos (de protección) que nunca han visto, mucho menos negociado o ratificado mediante su voto. Cuando intentan organizar gremios independientes para enfrentar las condiciones de explotación laboral, esos sindicatos dominados por los patrones responden con amenazas e intimidación, diseñados para sofocar la organización legítima.
Trumka refiere casos concretos de represión por la colusión entre patrones, autoridades, policías y sindicatos sometidos a éstos: Excellon, Honda Jalisco, PKC y Teksid; habría que agregar Sandak Calpulalpan, el acoso al sindicato minero, el arbitrario despido de las directivas sindicales en el Instituto de Educación de Adultos y el Colegio de Bachilleres en Tabasco, así como del Conalep en Chihuahua, entre otros.

En adelante, plantea las causas de la lamentable condición del modelo laboral mexicano: La persistencia de sindicatos dominados por patrones se debe en parte a un sistema de juntas de conciliación y arbitraje que carece de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, y está abierto a la corrupción. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha expresado serias inquietudes acerca del impacto de los contratos de protección sobre la libertad de asociación. Estos temas están bien documentados en los informes públicos de numerosos casos planteados contra México conforme al acuerdo del rubro laboral del TLCAN, el cual por desgracia no ofrece un remedio efectivo a las violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores mexicanos. En efecto, el Acuerdo de Colaboración Laboral de América del Norte ha sido soslayado por los gobiernos de ambos países y las quejas presentadas no han tenido resultados prácticos, a pesar de las promesas de fortalecer su eficacia para atemperar los efectos de la apertura comercial. Después de 20 años del TLCAN las condiciones laborales en nuestro país se han deteriorado enormemente y este acuerdo está prácticamente muerto.
El sindicalismo estadunidense formula una propuesta concreta: México debe eliminar el corrupto sistema de juntas de conciliación y arbitraje y permitir a los trabajadores elegir a sus representantes de manera democrática y libre de intimidación. Como miembro de las negociaciones en curso de la Asociación Transpacífico, los representantes de Estados Unidos deben demandar que México realice cambios antes de entrar en cualquier acuerdo comercial, pues las leyes actuales no tienen conformidad con ningún clausulado laboral creíble. A estos cambios se debe agregar la necesidad de que México suscriba los convenios 98 y 154 de la OIT en materia de negociación colectiva, establezca un mecanismo democrático de consulta a los trabajadores antes de la firma de cualquier convenio colectivo para evitar los contratos de protección patronal y sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por jueces imparciales. Por cierto, la exigencia debería incluir al propio gobierno estadunidense, que en materia de libertad de asociación no ha suscrito aún el Convenio 87 de la OIT en el tema de libertad sindical.
Frente a la posición conservadora que en otros tiempos sostuvo la AFL-CIO en materia migratoria, destaca el apoyo de dicha central a la orden ejecutiva de Obama para permitir que trabajadores indocumentados permanezcan en ese país, como un paso positivo para apoyar a que millones salgan de las sombras.
El contenido de esta comunicación descubre la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras mexicanos, y da contenido a una agenda de urgentes cambios en el ámbito laboral y a un nuevo esquema de colaboración entre el sindicalismo en ambas naciones.
A las enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales y terapistas físicos que luchan por el reconocimiento de su valiosa profesión.