Libertad de expresión y el pesado silencio sobre las personas desaparecidas
6/11/2015 7:54:22 a.m.
México D.F.- *Por Balbina Flores Martínez/ La desaparición forzada
en México es una práctica que por décadas ha lastimado a muchas
familias mexicanas y que incluso ha ido en aumento, alcanzando también
al gremio periodístico de nuestro país. Es tiempo de poner un alto y establecer una política encaminada a erradicar esta conducta de forma definitiva.Jesús Mejía Lechuga, conductor del noticiario A Primera Hora y Voz y Palabra del Grupo MS-Radio en Martínez de la Torre, Veracruz, fue el primer periodista desaparecido en México, un 10 de julio de 2003, bajo la administración del gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
La investigación de esta desaparición quedó registrada en la averiguación previa 641/2003.
Jesús salió de la emisora aquel día para nunca más volver; su jefe José Monterola dijo con cierta resignación, cuatro años después, en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle con el fin de actualizar la información del caso:
“No hay resultados y no creemos que pueda aparecer”, y desde un principio refirió que las autoridades de Veracruz “trataron de desviar las investigaciones relacionando su desaparición con un asunto personal”.
Con este argumento las investigaciones realizadas por las autoridades estatales nunca avanzaron en la búsqueda de Jesús. Nunca más se volvió a saber de él. Su familia perdió la esperanza de encontrarlo, su empresa de medios se resignó a no volver a verlo más, y las autoridades enviaron el expediente a la reserva por falta de elementos para continuar la indagatoria.
¿Quiénes desaparecieron a Jesús y cuál fue el motivo de ello? Parece que nunca lo sabremos. En México, en más de una década, la historia de periodistas desaparecidos se ha repetido en 23 casos más, cuyos expedientes permanecen archivados en las procuradurías locales, y los que corrieron mejor suerte se encuentran en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (feadle) de la Procuraduría General de la República (pgr), pero en ambos casos sus avances son nulos.
A la fecha se habla de más de 24 000 personas desaparecidas en México, de las cuales seguramente forman parte esos 23 periodistas que casi nadie recuerda. El tiempo, la impunidad, la pesada burocracia para su búsqueda y la negligencia de las autoridades encargadas de procurar justicia los han condenado al olvido.
En el periodo entre 2000 y julio de 2015, la feadle tiene 24 casos registrados; mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) y la organización Reporteros sin Fronteras (rsf) coinciden en 23 casos. Entre los casos que se registraron y aún no existen noticias se tienen los siguientes:
Jesús Mejía Lechuga desaparecido en Julio de 2003 en Martínez de la Torre, centro de Veracruz
Miguel Morales Estrada, ex reportero del Diario de Poza Rica, desaparecido el 12 de Julio del 2012.
Manuel Gabriel Fonseca Hernández, desaparecido el 17 de Septiembre del año 2011 en Acayucan, Veracruz. Entre muchos otros de otros estados del país.
Se trata de hombres y mujeres que trabajaban para diversos medios de comunicación cuando desaparecieron. ¿Dónde están? En el cuadro 2 se desglosan los casos registrados entre 2003 y 2015.
La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en el país. La cndh reconoció en febrero de 2015 –durante el posicionamiento que hizo el ombudsman nacional sobre el diagnóstico de la desaparición forzada en el país ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas–,1 que el gobierno federal no tiene un registro oficial de cuántas personas desaparecidas hay, además de que tampoco cuenta con una política de prevención y atención para esta problemática.
En este contexto, la desaparición de personas en México se ha convertido en una de las principales demandas en materia de derechos humanos, por medio de la cual familiares, amigos y sociedad en general exigen cada vez una mayor atención a los casos, así como respuestas contundentes sobre el paradero de quienes hoy no están aquí.
La preocupación ha llegado a instancias internacionales, entre ellas al Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas, que visitó México en marzo de 2011.
Al concluir su visita el grupo de trabajo hizo una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas y reconoció que entre los otros sectores vulnerables está el gremio de las y los periodistas. Como parte de los puntos relevantes, el grupo señaló que el Estado mexicano debe “reconocer la dimensión del problema de la desaparición forzada como un primer paso para desarrollar medidas efectivas para su erradicación”.
A continuación se enumera una serie de recomendaciones referidas en dicho informe:
1. Generar datos estadísticos sobre desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación e investigación y reparación.
3. Crear un procedimiento específico de búsqueda de las personas desaparecidas con la participación de los familiares de las víctimas, además de permitir la declaración de ausencia como una consecuencia de la desaparición forzada.
4. Garantizar la reparación integral de las víctimas de desaparición forzada, así como las condiciones de seguridad para las y los periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y que defienden a las víctimas.
Sobre este tema, la cdhdf se pronunció en febrero de 2015 y se sumó a la exigencia de que México se apegue a los estándares internacionales para garantizar que tanto las investigaciones como las bases de datos y la protección a víctimas y testigos sean eficientes, y reafirmó su exigencia de que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
También se manifestó públicamente para que el país cuente, de forma urgente, con una Ley General sobre desapariciones forzadas para garantizar los derechos de las víctimas, la cual “debe incluir la declaración de ausencia para proteger los derechos de las víctimas y sus familias; la tipificación de delitos de desaparición de personas cometidas por particulares, así como la articulación en los sistemas y procesos de registro de búsqueda de personas desaparecidas, entre autoridades federales y de las diferentes entidades federativas”.
Además, señaló que “las entidades deberán armonizar su legislación de acuerdo con dicha ley” y reconoció el esfuerzo del Distrito Federal por contar con una legislación en la materia. La desaparición forzada en México es una práctica que ha lastimado ya a muchos hogares del país desde hace décadas, es tiempo de ponerle un alto y establecer una política encaminada a erradicarla definitivamente.
Ello no será posible sin garantizar el derecho a la verdad y la justicia. El reto es enorme pero hay que hacerlo ahora, no puede esperar más. Artículo publicado en Revista de la CNDHDF.
* Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y ex representante de Reporteros sin Fronteras en México.
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