En Guerrero la tortura es el único método de investigación; “ministeriales y militares, los que más cometen el delito”
Por: Edgar Rosas / 18 febrero, 2016
¡Dale Like, comparte y deja tus comentarios!
(18 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el estado de Guerrero, la práctica de la tortura es
empleada como único método de investigación por parte de las
corporaciones encargadas de perseguir delitos. Por tanto, la tortura es
la única vía por la cual las autoridades guerrerenses buscan impartir
“justicia”.
Así lo denunció Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña“Tlachinollan”, quien añadió que la impunidad en torno a los casos de tortura en el estado presentan niveles alarmantes.
Al
participar en la mesa de discusión: “La sociedad civil organizada ante
la tortura en México”, el defensor de derechos humanos enfatizó que en
más de 20 de años de trabajo de “Tlachinollan” se ha podido evidenciar
el uso de la tortura por las fuerzas de seguridad. Detalló que entre los
objetivos buscados con este método se encuentran la fabricación de culpables por medio de declaraciones autoinculpatorias.
Abel Barrera detalló que en la gran mayoría de los casos de tortura,
tratos crueles, inhumanos y degradantes, agentes del Estado, como
militares y policías, se encuentran involucrados. Destacó que por lo
menos desde la década de los noventa la utilización de esta práctica ha
sido constante.
El
defensor detalló que tan sólo de 2007 a 2011, Tlachinollan documentó
353 casos de abusos policiales, de los cuales 53 eran casos de tortura,
en ese tenor, identificó a los elementos ministeriales como los agentes
que más recurren a este método.
“Tan
solo de 2007 al 2011, Tlachinollan documentó, dentro del proyecto de
Monitor Civil de la Policía, 353 casos de abusos policial, 53 de los
cuales fueron casos de tortura, y/o tratos crueles, inhumanos y
degradantes, siendo la policía investigadora ministerial, la autoridad
que más viola los derechos fundamentales de la ciudadanía en la montaña
de Guerrero”, apuntó.
En
ese sentido, Barrera añadió que a pesar de existir una gran cantidad de
denuncias por tortura, el número de casos atendidos es inferior.
Criticó el papel de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero (Coddehum), pues no ha sido capaz de dar cauce a
todas las demandas.
“Tlachinollan
junto con la iniciativa de justicia de Open Society y el Centro Prodh,
en el reciente informe publicado: “Justicia Fallida”, hacemos una seria
crítica sobre el uso de tortura como único medio de investigación en el
estado y específicamente sobre la falta de investigación de estos
crímenes.
“Así
por ejemplo, entre 2008 y abril de 2014 la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado de Guerrero recibió 101 quejas por presuntos
hechos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes
perpetrados por agentes estatales. Sin embargo sólo entre 1994 y enero
de 2013, el organismo emitió un total de 54 recomendaciones sobre
tortura”, señaló.
Reiteró
que la falta de investigación y sanción en los casos de tortura es
clara en el estado. Detalló que entre 2006 y 2014 “ha habido sólo seis
averiguaciones previas por tortura (y) la Fiscalía General de Guerrero
no ha presentado cargos contra persona alguna, ni ha obtenido una sola
orden de aprehensión por casos de tortura”.
“El
88% de las recomendaciones hechas por la Coddehum en torno a casos de
tortura se han dirigido a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de
Guerrero (ahora Fiscalía General del Estado de Guerrero), es decir que
los funcionarios de la PGJ han sido reticentes a abrir investigaciones en contra de ellos mismos y sus compañeros de trabajo.
“Una
explicación de esta falta de investigación, se adjudicó a la falta de
marcos normativos adecuados, ya que hasta enero de 2014 la ley de la
Coddehum, y no el código Penal del Estado, contenían la definición del
delito de tortura para Guerrero. Las autoridades se basaban en estos
legalismos para negarse a investigar y presentar cargos formales por
tortura, reclasificando la tortura como privación ilegal de la libertad,
detención ilegal, lesiones, abuso de autoridad o el delito más cercano
del código penal local para abrir una averiguación”, subrayó.
Abel
Barrera lamentó que en Guerrero la impunidad “es casi absoluta” en el
tema de violaciones graves a los derechos humanos. Destacó que una de
las principales problemáticas es la falta de independencia para
investigar los delitos ya que la propia Fiscalía es la encargada de
perseguir a sus elementos involucrados en la comisión de esta clase de
delitos.
“La
impunidad es casi absoluta por casos de violaciones graves a los DDHH
cometidas por la policía y por funcionarios a cargo de la investigación y
persecución del delito. No sorprende, en parte porque los funcionarios
públicos a cargo de investigarlos forman parte de las mismas
instituciones implicadas en los delitos. La Fiscalía General de Justicia
de Guerrero cuenta con una unidad para la investigación y persecución
de violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos,
sin embargo dicha unidad está conformada por miembros de la misma
policía ministerial, institución en contra de la cual pesan múltiple
acusaciones de tortura y otros abusos”, agregó.
La tortura en Guerrero
De
acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, en la
década de los 90 el Ejército mexicano se ubicó como una de las
instituciones involucradas en una gran cantidad de casos de tortura.
Ejemplos
de la participación de las fuerzas castrense en esta clase de actos son
varios. Según con esta organización, en 1997 la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos(CNDH) emitió una recomendación por 16 casos de tortura; en 10 de estas violaciones a los derechos humanos los militares eran señalados como responsables.
Uno
de los ejemplos es el de profesor indígena, Magencio Abad Zeferino,
quien en 1996 este docente de la comunidad de Temalacatzingo, municipio
de Olinalá, fue detenido arbitrariamente y torturado por elementos del
ejército Mexicano. La intención de someterlo a castigo físico fue que
Magencio se declarara como miembro del Ejército Popular Revolucionario
(EPR).
“Relatos
como el de Magencio dan cuenta del nivel del fenómeno. Con agujas
enterradas en los dedos de los pies, tuvo que aceptar que era miembro de
este grupo armado (del EPR).
“La
crisis fue de tales dimensiones que en 1997 la siempre calculadora CNDH
emitió la recomendación 100-97, en donde arrumbó 16 casos documentados
en el estado de Guerrero; 10 de ellos estaban relacionados con
detenciones arbitrarias, lesiones y torturas; todos llevaban la marca
funesta del Ejército (…) esta situación fue lo que nosotros documentamos
en los años 90 y todos estos hechos fueron cometidos por el Ejército
mexicano”, dijo Abel Barrera
También
se destacó el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo,
indígenas guerrerenses torturadas sexualmente por elementos castrenses
en 2002. A más de cinco años de la emisión de dos sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambas mujeres se mantienen
en la exigencia de justicia.
“La
violación sexual, al igual que la tortura tienen como objetivo, entre
otros: intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona
que la sufre”, enfatizó Barrera.
¡Comenta, debate y comparte!, ¡Romper el cerco informativo, crear conciencia y promover el cambio verdadero, está en tus manos.
¡No te pierdas y comparte mi canal youtube
Por cierto, ¿Ya hiciste tu contribución económica?, ¡Espero tu apoyo para www.tiraderodelbote.com http://ow.ly/qbLIv
No hay comentarios.:
Publicar un comentario