jueves, 18 de febrero de 2016

En Guerrero la tortura es el único método de investigación; “ministeriales y militares, los que más cometen el delito”

En Guerrero la tortura es el único método de investigación; “ministeriales y militares, los que más cometen el delito”


Por:  / 18 febrero, 2016
GUERRERO, TORTURA, EJÉRCITO
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(18 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el estado de Guerrero, la práctica de la tortura es empleada como único método de investigación por parte de las corporaciones encargadas de perseguir delitos. Por tanto, la tortura es la única vía por la cual las autoridades guerrerenses buscan impartir “justicia”.
Así lo denunció Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña“Tlachinollan”, quien añadió que la impunidad en torno a los casos de tortura en el estado presentan niveles alarmantes.
Al participar en la mesa de discusión: “La sociedad civil organizada ante la tortura en México”, el defensor de derechos humanos enfatizó que en más de 20 de años de trabajo de “Tlachinollan” se ha podido evidenciar el uso de la tortura por las fuerzas de seguridad. Detalló que entre los objetivos buscados con este método se encuentran la fabricación de culpables por medio de declaraciones autoinculpatorias.
Abel Barrera detalló que en la gran mayoría de los casos de tortura,  tratos crueles, inhumanos y degradantes, agentes del Estado, como militares y policías, se encuentran involucrados. Destacó que por lo menos desde la década de los noventa la utilización de esta práctica ha sido constante.
El defensor detalló que tan sólo de 2007 a 2011, Tlachinollan documentó 353 casos de abusos policiales, de los cuales 53 eran casos de tortura, en ese tenor, identificó a los elementos ministeriales como los agentes que más recurren a este método.
“Tan solo de 2007 al 2011, Tlachinollan documentó, dentro del proyecto de Monitor Civil de la Policía, 353 casos de abusos policial, 53 de los cuales fueron casos de tortura, y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, siendo la policía investigadora ministerial, la autoridad que más viola los derechos fundamentales de la ciudadanía en la montaña de Guerrero”, apuntó.
En ese sentido, Barrera añadió que a pesar de existir una gran cantidad de denuncias por tortura, el número de casos atendidos es inferior. Criticó el papel de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), pues no ha sido capaz de dar cauce a todas las demandas.
“Tlachinollan junto con la iniciativa de justicia de Open Society y el Centro Prodh, en el reciente informe publicado: “Justicia Fallida”, hacemos una seria crítica sobre el uso de tortura como único medio de investigación en el estado y específicamente sobre la falta de investigación de estos crímenes.
“Así por ejemplo, entre 2008 y abril de 2014 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero recibió 101 quejas por presuntos hechos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes estatales. Sin embargo sólo entre 1994 y enero de 2013, el organismo emitió un total de 54 recomendaciones sobre tortura”, señaló.
Reiteró que la falta de investigación y sanción en los casos de tortura es clara en el estado. Detalló que entre 2006 y 2014 “ha habido sólo seis averiguaciones previas por tortura (y) la Fiscalía General de Guerrero no ha presentado cargos contra persona alguna, ni ha obtenido una sola orden de aprehensión por casos de tortura”.
“El 88% de las recomendaciones hechas por la Coddehum en torno a casos de tortura se han dirigido a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero (ahora Fiscalía General del Estado de Guerrero), es decir que los funcionarios de la PGJ han sido reticentes a abrir investigaciones en contra de ellos mismos y sus compañeros de trabajo.
“Una explicación de esta falta de investigación, se adjudicó a la falta de marcos normativos adecuados, ya que hasta enero de 2014 la ley de la Coddehum, y no el código Penal del Estado, contenían la definición del delito de tortura para Guerrero.  Las autoridades se basaban en estos legalismos para negarse a investigar y presentar cargos formales por tortura, reclasificando la tortura como privación ilegal de la libertad, detención ilegal, lesiones, abuso de autoridad o el delito más cercano del código penal local para abrir una averiguación”, subrayó.
Abel Barrera lamentó que en  Guerrero la impunidad “es casi absoluta” en el tema de violaciones graves a los derechos humanos. Destacó que una de las principales problemáticas es la falta de independencia para investigar los delitos ya que la propia Fiscalía es la encargada de perseguir a sus elementos involucrados en la comisión de esta clase de delitos.
“La impunidad es casi absoluta por casos de violaciones graves a los DDHH cometidas por la policía y por funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito. No sorprende, en parte porque los funcionarios públicos a cargo de investigarlos forman parte de las mismas instituciones implicadas en los delitos. La Fiscalía General de Justicia de Guerrero cuenta con una unidad para la investigación y persecución de violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos, sin embargo dicha unidad está conformada por miembros de la misma policía ministerial, institución en contra de la cual pesan múltiple acusaciones de tortura y otros abusos”, agregó.
La tortura en Guerrero
De acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, en la década de los 90 el Ejército mexicano se ubicó como una de las instituciones involucradas en una gran cantidad de casos de tortura.
Ejemplos de la participación de las fuerzas castrense en esta clase de actos son varios. Según con esta organización, en 1997 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) emitió una recomendación por 16 casos de tortura; en 10 de estas violaciones a los derechos humanos los militares eran señalados como responsables.
Uno de los ejemplos es el de profesor indígena,  Magencio Abad Zeferino, quien en 1996 este docente de la comunidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, fue detenido arbitrariamente y torturado por elementos del ejército Mexicano. La intención de someterlo a castigo físico fue que Magencio se declarara como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
“Relatos como el de Magencio dan cuenta del nivel del fenómeno. Con agujas enterradas en los dedos de los pies, tuvo que aceptar que era miembro de este grupo armado (del EPR).
“La crisis fue de tales dimensiones que en 1997 la siempre calculadora CNDH emitió la recomendación 100-97, en donde arrumbó 16 casos documentados en el estado de Guerrero; 10 de ellos estaban relacionados con detenciones arbitrarias, lesiones y torturas; todos llevaban la marca funesta del Ejército (…) esta situación fue lo que nosotros documentamos en los años 90 y todos estos hechos fueron cometidos por el Ejército mexicano”, dijo Abel Barrera
También se destacó el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, indígenas guerrerenses torturadas sexualmente por elementos castrenses en 2002. A más de cinco años de la emisión de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambas mujeres se mantienen en la exigencia de justicia.
“La violación sexual, al igual que la tortura tienen como objetivo, entre otros: intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre”, enfatizó Barrera.
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