Memorandums filtrados revelan los esfuerzos de los GCHQ para mantener secreta la vigilancia masiva

Memorandums filtrados revelan los esfuerzos de los GCHQ para mantener secreta la vigilancia masiva

http://www.theguardian.com/uk-news/2013/oct/25/leaked-memos-gchq-mass-surveillance-
secret-snowden

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viernes, 25 octubre 2013
Exclusiva:
Los documentos de Edward Snowden muestran que la agencia de espionaje del
Reino Unido teme una demanda legal si la escala de vigilancia se hace pública
James Ball
@jamesrbuk
La agencia de inteligencia británica GCHQ ha avisado repetidamente que teme “un perjudicial
debate público” sobre la escala (magnitud) de sus actividades porque podría conducir a
demandas legales contra sus programas de vigilancia masivos, revelan los documentos
internos clasificados.
Las circulares contenidas en la memoria de ordenador reveladas por el informante
estadounidense Edward Snowden detallan la larga lucha de la agencia contra hacer que se
admitan como pruebas las escuchas ilegales, en los juicios criminales – una política apoyada
por los tres mayores partidos políticos, pero básicamente contestada por la comunidad de
servicios secretos del Reino Unido.
Más que por ser una amenaza intrínseca a la seguridad, entre las razones aportadas prevalecía
el deseo de minimizar el potencial de demandas contra los programas de escuchas a gran
escala de la agencia que muestran los documentos.
Los informes revelan también que:
• GCHQ presionó fuertemente para mantener en secreto el hecho de que las empresas de
telefonía se habían “excedido” en lo que ellas estaban legalmente requeridas a hacer para
ayudar a la interceptación masiva de comunicaciones de las agencias de espionaje, tanto en el
Reino Unido como en ultramar.
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• GCHQ temía una demanda legal violación del derecho a la privacidad de la Ley de Derechos
Humanos si la evidencia de sus métodos de vigilancia resultaba admitida en el tribunal.
• GCHQ ayudaba al Ministerio de Interior a alinear a las personas simpáticas para ayudar a
“manipular a la prensa”, incluyendo a Lord Carlile, par Liberal Demócrata y antiguo inspector
de los servicios de inteligencia, quien esta semana criticó a
The Guardian
por su covertura
sobre la vigilancia masiva por parte del GCHQ y de la Agencia de Seguridad Nacional de
América (NSA)
El intento más reciente por mantener a los de inteligencia a resguardo de intercepciones
admisibles en los tribunales, propuesto por el último gobierno laborista, fue finalmente
obstaculizado por GCHQ, MI5 y MI6 en 2009.
Una circular informativa preparada para el consejo de GCHQ, poco antes de que la decisión se
hiciera pública, revelaba que una de las razones por las que la agencia estaba ansiosa de
aplastar las propuestas era el miedo de que incluso las menciones de pasada a sus poderes de
vigilancia de amplio alcance pudieran iniciar un “perjudicial” debate público.
Refiriéndose a la decisión de publicar el informe sobre las escuchas como pruebas no
confidenciales, remarcó: “
Nuestra principal preocupación es que las menciones a las prácticas
de la agencia (por ejemplo, la magnitud de las escuchas y de la supresión) pudieran conducir a
un perjudicial debate público que podría llegar a demandas legales contra el régimen actual
”.
Una actualización posterior, de mayo de 2012, apercibía sobre posteriores “riesgos” sobre
hacer a las escuchas admisibles, incluyendo “
el perjuicio de las relaciones sociales si la
información sensible fuera accidentalmente revelada en audiencia pública
”. También observaba
que “la magnitud de las escuchas y la conservación requerida probablemente sería con justicia
demandada basándose en el Artículo 8 (Derecho a la Privacidad)”.
Las sesiones informativas del GCHQ mostraban que la agencia proporcionaba al Ministerio de
Interior el apoyo para ganar la batalla de relaciones públicas en las reformas propuestas,
reforzando a las personas destinadas a hablar con los medios -incluyendo a Lord Carlile, quien
el miércoles ofreció un discurso público condenando la decisión de
The Guardian
de publicar
historias basadas en el material filtrado por Snowden.
Refiriéndose al debate público sobre la evidencia de las escuchas, el documento observa:
“Sir Ken McDonald [sic] (antiguo director de la fiscalía), Lord Goldsmith (antiguo fiscal
general) y David Davis (antiguo Ministro de Interior en la Sombra) han estado
reiterando sus anteriores avisos sobre las escuchas como evidencia.
“Estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de Interior en sus planes para
manejar a la prensa cuando se publique el informe final, es decir, alineando a las
cabezas portavoces (tales como Lord Carlile [sic], Lord Stevens, Sir Stephen Lander, Sir
Swinton Thomas)."
Carlile fue el crítico independiente en la legislación sobre terrorismo desde 2001 hasta 2011, y
en 2012 le fue otorgado el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico por su
servicio en aras de la seguridad nacional.
Otras de las principales prioridades del GCHQ para resistirse a admitir las escuchas como
prueba era mantener en secreto la extensión de las relaciones de cooperación de la agencia
con las compañías telefónicas, que incluyen el tener acceso a las redes de comunicación fuera
del país.
En junio
The Guardian
reveló la existencia del programa de vigilancia
en Internel
Tempora,
del
GCHQ. Utiliza la escucha a través de cables de fibra óptica que componen la espina dorsal de
internet para obtener acceso a amplias franjas de datos personales de los usuarios de Internet.
Las intercepciones se colocan en el Reino Unido y en el extranjero, con el conocimiento de las
empresas que poseen bien sea los cables o los terminales.
Las revelaciones de cooperación voluntaria con algunas empresas de telecomunicaciones
parecen contrastar claramente con las declaraciones realizadas por las empresas más
importantes de telefonía cuando se empezaron a desvelar las primeras historias sobre
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Tempora
. Ellas remarcaban que simplemente cumplían con la ley de los países en los que
operaban.
En realidad, numerosas empresas de telecomunicación hacían mucho más que eso, como
mostraba un documento secreto prepado en el 2009 por un equipo de trabajo conjunto del
GCHQ, MI5 y MI6.
Su informe arguía que admitir las escuchas como evidencia podría perjudicar a las relaciones
con los “Proveedores del Servicio de Comunicaciones”.
En un vasto fragmento de la “versión clasificada” de un análisis preparado para el Consejo de
Asesores de la Corona, un cuerpo formal de consejeros compuesto por anteriores y actuales
ministros de gabinete, el documento expone la naturaleza real de las relaciones entre las
empresas de telefonía y el gobierno del Reino Unido.
“
Bajo la Ley de Regulación de las Facultades de Investigación del 2000, CPS
(Procesadores de Servicios de Comunicación, - Proveedores de Servicios Encriptados)
pueden ser requeridos para proporcionar, a cargo público, una capacidad de
interceptación adecuada de sus redes
”, declara. “
En la práctica todos los proveedores
relevantes proporcionan dichas capacidades, pero en muchas ocasiones, su ayuda -si
bien de conformidad con la ley- va más allá de lo que les es requerida
”.
El programa de vigilancia de Internet del GCHQ es el tema de una demanda en el tribunal
europeo de derechos humanos, organizada por tres grupos de abogados privados. El Grupo de
Derechos Abiertos, el PEN inglés, y el Big Brother Watch argumentan que la “vigilancia
desenfrenada” de
Tempora
es un reto al derecho de la privacidad, tal como establece la
Convención Europea de Derechos Humanos.
Que el programa
Tempora
parece descansar, por lo menos en parte, en la cooperación
voluntaria por parte de las empresas de telefonía podría convertirse en el mayor factor en este
caso en curso. La revelación también podría reiniciar el debate de larga duración sobre admitir
las pruebas de las escuchas en el tribunal.
El acatamiento de GCHQ sigue estableciendo el porqué sus relaciones con las empresas de
telefonía van más allá de lo que puede legalmente estar obligado por la actual ley. Dice que en
la era de Internet, las empresas que desean evitar ser obligadas legalmente a ayudar a los
servicios de inteligencia del Reino Unido a menudo serían capaces de hacerlo “
a pequeño coste
o riesgo de sus operaciones”
, moviendo “
algunos o todos
” sus servicios de comunicación en el
extranjero.
Como resultado,
“
ha sido necesario entrar en acuerdos tanto con los proveedores con base en el Reino
Unido como en los basados en el extranjero para que ellos permitan a las agencias del
Reino Unido el acceso, con la adecuada autorización legal, a aquellas comunicaciones
que ellos transmiten fuera del Reino Unido
”
El acatamiento a los ministros no establece cuáles son las empresas del extranjero que
entraron en relaciones voluntarias con el Reino Unido, ni siquiera en qué países operan,
aunque los documentos que detallan el programa
Tempora
dejan claro que las capacidades de
escucha del Reino Unido dependían de escuchas localizadas tanto en suelo británico como
extranjero.
No hay indicaciones de si los gobiernos de los países en los que han sido atacados los tratos
con las empresas estarían al corriente de las escuchas por cable de la GCHQ.
La prueba de que las empresas de telefonía y el GCHQ están comprometidos en escuchas
masivas en el extranjero podrían atizar un pleito diplomático en curso iniciado esta semana
después de que la canciller alemana Angela Merkel acusara a la NSA de monitorear sus
llamadas telefónicas, y la consiguiente revelación de que la agencia controlaba las
comunicaciones de por lo menos otros 35 líderes mundiales.
El viernes, Merkel y el presidente francés François Hollande estuvieron de acuerdo en aunar
esfuerzos para hacer que la NSA firmase un nuevo código de conducta sobre cómo llevaba a
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cabo las operaciones de inteligencia en la Unión Europea, luego de que los líderes europeos
avisasen de que la lucha internacional contra el terrorismo estaba siendo puesta en peligro por
la percepción de que la vigilancia masiva de Estados Unidos estaba fuera de control.
El temor a repercusiones diplomáticas fue una de las primeras razones aportadas
insistentemente por el GCHQ para que sus relaciones con las firmas de telefonía siguieran
manteniéndose privadas.
Las empresas de telecomunicaciones “temían el perjuicio internacional de sus marcas, si la
amplitud de su cooperación con el Gobierno de Su Majestad se hacía evidente”, avisaba el
documento del GCHQ. Añadía que si las escuchas se admitían como prueba en los tribunales
del Reino Unido “muchos Proveedores de Servicio de Comunicación habían asegurado que
retirarían su apoyo voluntario”.
El informe remarcaba que si bien las empresas iban más allá de lo que se les requería hacer
según la ley británica, no se les pidió que la violasen.
Shami Chakrabarti, Director de
Liberty,
y Anthony Romero, Director Ejecutivo de
American
Civil Liberties Union,
emitieron una declaración conjunta, afirmando:
"La publicación por parte de The Guardian de información procedente de Edward
Snowden ha revelado una brecha a gran escala en la confianza entre los gobiernos de
Estados Unidos y del Reino Unido. Los principios morales del periódico y las
revelaciones selectivas han dejado al descubierto el desprecio de nuestros gobernantes
por los derechos personales, las libertades y la ley.
“Estas revelaciones continúan despertando en todo el mundo preguntas fundamentales
sobre la falta de protección legal efectiva contra las escuchas de todas nuestras
comunicaciones.
“Incluso en Gran Bretaña, esta conversación peligra de quedar perdida entre el giro de
los propios intereses y el alarmismo, con periodistas que se atreven a cuestionar el
secreto de estado siendo acusados de ayudar al enemigo.
“Desde luego se debe lograr un equilibrio entre la seguridad y la transparencia, pero no
puede conseguirse mientras los servicios de inteligencia y sus jefes políticos busquen
evitar cualquier tipo de examen o de debate sobre sus acciones.
“La decisión de The Guardian de dejar al descubierto hasta qué punto nuestra
privacidad está siendo violada debería ser aplaudida y no condenada”.
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