“CIDH en Crisis”: significado político de la asfixia presupuestal
Mientras
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está emitiendo más de mil
sentencias por año, en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) solo remitió 14 casos ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Es cierto que muchas variables explican estas
diferencias entre el sistema europeo y el interamericano. Sin embargo,
la cifra de remisión de casos es igual o incluso menor al número de
casos que la Comisión Interamericana remitía hace diez y más años. ¿Eso
significa que Europa vive una crisis sistemática de derechos humanos que
no se vive en las Américas? Todo lo contrario. La gran diferencia se
relaciona con los cada vez más graves problemas de acceso a la justicia
interamericana y la diferencia en el respaldo político que estos
organismos reciben para cumplir en forma más eficaz su labor. Un ejemplo
ilustra el punto: mientras que el Consejo de Europa dispone el 41% de
su presupuesto para la promoción y protección de los derechos humanos,
la OEA destina el 9% de su presupuesto a la Comisión y la Corte.
Debido
a la crisis presupuestal que enfrenta el SIDH, se ha hecho pública
información preocupante sobre la precariedad institucional con la cual
la Comisión y la Corte tienen que cumplir con su trabajo. La Corte
Interamericana ha perdido el 25% de su presupuesto tras el retiro de
donantes internacionales. En la CIDH, la crisis podría generar que en
pocas semanas pierda el 40% de su personal, el equipo que trabaja en
peticiones y casos pasaría de 21 a 7 personas para tramitar 6.188
denuncias de violaciones a los derechos humanos. Se perdería entonces
40% del trabajo previsto para la gran mayoría de relatorías y grupos que
tiene la CIDH para el trabajo con informes temáticos, informes de país,
medidas cautelares, entre otros.
En
estos momentos, para enfrentar la situación de 1.000.000.000 de
habitantes bajo su jurisdicción, la CIDH solo cuenta con 9 milésimas de
dólar de presupuesto por persona. Los periodos de sesiones previstos
para julio y octubre han tenido que suspenderse, al igual que las
visitas in loco previstas para este año. Mientras que algunos Estados de
la región aportan voluntariamente más de 13 millones de dólares a la
Corte Penal Internacional –que solo tiene abierto un examen preliminar
en relación con Colombia-, los aportes voluntarios a la Comisión
Interamericana solo superan los 200 mil dólares. De hecho, la crisis
financiera actual explota porque se ha recibido en 2016 un millón de
dólares menos de contribuciones voluntarias que en 2015.
Sin
duda, ello impactará en la tramitación de casos. Tomando como muestra
los casos decididos por la Corte IDH en 2015, puede afirmarse que el
promedio aproximado de trámite de casos ante el Sistema Interamericano
es aproximadamente de 10 años o más. El impacto negativo de ello en
términos de acceso a la justicia internacional es evidente. Con la
crisis actual esta situación empeorará.
Y
para exponer la gravedad de estos problemas, el órgano que estaría
llamado a tomar cartas en el asunto, la Asamblea General de la OEA –que
se reunió esta semana en República Dominicana-, no logró un consenso de
sus miembros para otorgarle un lugar específico en su agenda a este
problema. Las organizaciones de la sociedad civil acreditadas para
participar en esa Asamblea fueron excluidas de dicho foro durante casi
toda su duración. Siguiendo su práctica usual, la Asamblea General le
otorgó 6 minutos al Presidente de la CIDH para la presentación del
informe anual de la Institución y para explicar la situación.
Es
evidente que los Estados parte cuentan con dinero para apoyar a la
CIDH. Lo que evidencia la crisis presupuestal de la CIDH es la punta del
iceberg de lo que ha sido la historia de los derechos humanos en el
SIDH: la CIDH y la Corte IDH, creadas e impulsadas por los Estados, han
tratado de cumplir con sus objetivos a pesar de los Estados. Además, la
historia de los órganos de protección del Sistema Interamericano está
asociada a su impacto en la región pero también al tipo de ataques que
han recibido.
Lo que caracteriza a
esta última etapa de hostigamiento contra estas instituciones es que a
la par de ataques grandilocuentes y agresivos, empiezan a ser más
letales los ataques más silenciosos e imperceptibles. Como lo señalara
lúcidamente Nelson Camilo Sánchez en un artículo reciente, se trata de
un silencioso “jaque mate”. Y es que los Estados ya no necesitan
exponerse públicamente en una lucha frontal contra la CIDH o la Corte.
Basta con mecanismos más certeros y menos desgastantes para debilitar
los órganos interamericanos. Estas estrategias abarcan desde la no
contribución para un presupuesto adecuado hasta la designación de
integrantes de estos órganos que estén alineados con una agenda
contraria al fortalecimiento e independencia institucional de los
órganos del Sistema. También puede involucrar dinámicas de litigio de
casos ancladas en mala fe (por ejemplo, la no presentación de
información o prueba ante la Comisión para luego ser presentada ante la
Corte) o artilugios procesales que generen litigios interminables y que
hagan aún más desgastante el acceso a la justicia interamericana.
Lo
anterior no implica desconocer que el Sistema Interamericano, cuyo
corazón han sido las víctimas, también se ha sostenido a través del
apoyo histórico de instituciones estatales, Altas Cortes y Gobiernos que
han utilizado el ámbito interamericano como un espacio estratégico para
el impulso de agendas progresistas en derechos humanos y de defensa de
los grupos más vulnerables. Hoy más que nunca se necesita que esos
actores institucionales acompañen la movilización política que viene
impulsando la sociedad civil en defensa de la CIDH. En estos momentos
algunos Estados se han comprometido a colaborar con la CIDH en la
superación de esta coyuntura y habrá que supervisar rigurosamente que
sus anuncios se materialicen.
Parte
de este proceso de movilización política en defensa del Sistema
Interamericano se relaciona con una mayor difusión de su impacto, sus
desafíos y los retos para hacerlo más eficaz y más legítimo. Estas
crisis son importantes para repensar cómo vemos a los órganos del
Sistema, cómo mejorar su funcionamiento, sus procesos de gestión y
rendición de cuentas y cómo se fortalece aún más la legitimidad que han
ganado a lo largo de su historia.
Numerosas
columnas de opinión e informes como el de la Red Interamericana de
Derechos Humanos vienen insistiendo en estos puntos. En esta columna
solo quisiera remarcar que Colombia tiene mucho que agradecer al Sistema
Interamericano. A través de decisiones emitidas por la CIDH y la Corte
se originaron gran parte de algunas narrativas y criterios sobre la
responsabilidad del Estado por los actos del paramilitarismo en
Colombia. Informes temáticos generaron la denuncia internacional de
atrocidades cometidas en el conflicto armado, que en diversos momentos
eran negadas o tergiversadas. La reivindicación de los derechos de las
víctimas permitió el desarrollo de jurisprudencia en diversas materias,
que ha sido utilizada por Altas Cortes colombiana y órganos de control
para fortalecer el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad
en el ámbito interno. Incluso en el ámbito de las Fuerzas Armadas los
precedentes de la Corte llevaron a reformas internas para mejorar su
rendición de cuentas y el impulso de trabajo en derechos humanos en
diversas áreas. Asimismo, gran parte de la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras así como del trabajo de la Unidad de Víctimas tiene en la
jurisprudencia interamericana un antecedente que suele retomarse
periódicamente y que nutre diversos esfuerzos hacia una mejoría en el
acceso a reparaciones respecto a las atrocidades del pasado. Las medidas
cautelares han protegido a muchas personas, desde víctimas hasta
defensores de derechos humanos e incluso Magistrados de la Corte Suprema
de Colombia, estos últimos en el marco de la persecución y
hostigamiento que sufrieran en los tiempos de las interceptaciones del
DAS y su trabajo en relación con la parapolítica. Esta lista es muy
preliminar pero evidencia la magnitud de lo mucho que Colombia tiene que
agradecer al Sistema Interamericano.
La
CIDH saldrá delante de este impase como lo ha hecho ante los muchos
ataques que ha recibido a lo largo de su historia. Debemos aprovechar
esta crisis como una oportunidad para crear mayor conciencia sobre la
importancia de esta institución para el fortalecimiento de las
democracias en el continente. No podemos olvidar que tiene un
significado político muy importante que las víctimas tengan esperanza en
que ante situaciones de violencia política, arbitrariedad y crisis del
Estado de Derecho, existan instituciones interamericanas que contribuyan
con el restablecimiento de los derechos. Lo que nos corresponde es
luchar contra la forma como los Estados miembros del Sistema
Interamericano puedan estar haciendo de esa esperanza una esperanza
vacía.
Óscar Parra Vera
Estudiante de la Maestría en Criminología y Justicia Penal, Universidad de Oxford
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