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La impunidad de la gran delincuencia financiera

 

 

La incoherencia de las listas de los paraísos fiscales

El caso de Panamá, que ha causado mucho revuelo, no es ni de lejos la única aberración en materia fiscal. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que las Bermudas –donde el banco Société Générale tiene una filial que ha obtenido 17 millones de euros de cifra de negocio en 2013 sin ningún asalariado- hayan sido retiradas de la lista francesa de los paraísos fiscales en enero de 2014? ¿Cómo Bélgica ha podido esperar a 2015 para colocar oficialmente el gran ducado de Luxemburgo en la lista belga de los paraísos fiscales? ¿Cómo es posible que ciertos Estados europeos, la Unión Europea (UE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de lucha contra el blanqueamiento de dinero, la OCDE o el FMI tengan listas de paraísos fiscales distintas?
Esta incoherencia de las falsas soluciones aportadas por actores que supuestamente luchan contra el fraude y la evasión fiscal favorece la impunidad de los grandes delincuentes financieros que disfrutan, por otro lado, de una justicia a medida, tolerante o continuamente esquivada.

La directiva sobre el “secreto comercial” protege a los delincuentes y encarcela a los periodistas

Sólo algunos días antes del proceso contra el filtrador Antoine Deltour, en el origen de las revelaciones del LuxLeaks, y diez días después del principio de las revelaciones de los Papeles de Panamá sobre las sociedades offshore en paraísos fiscales, la directiva europea sobre la protección del “secreto comercial” fue aprobada en el Parlamento Europeo el 14 de abril de 2016.
A pesar de una petición contra esta iniciativa firmada por más de 500.000 personas, una gran mayoría de los eurodiputados aprobaron el texto por 503 votos a favor, 131 en contra y 18 abstenciones de los 652 eurodiputados presentes en el Parlamento ese día.
Del lado francés, tan sólo los diez representantes de Europe Écologie-Los Verdes y del Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que el Frente Nacional, el Partido Socialista y la derecha votaron mayoritariamente a favor. De Bélgica, sólo tres eurodiputados votaron contra esta directiva de los 20 que participaron en el voto.
En el conjunto, se observa, una vez más, un gran entendimiento entre las dos grandes familias liberales en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas (S&D), que mayoritariamente votaron a favor de esa ley liberticida.
Esta directiva, propuesta en noviembre de 2013 por la Comisión Europea, amenaza “el trabajo de investigación de los periodistas y, por extensión, la información revelada del ciudadano”, protege a las empresas y sus maniobras ilegales prohibiendo la divulgación de sus “secretos económicos” a la opinión pública interesada.
Compromete seriamente el trabajo de los periodistas, filtradores, ONG y otros actores que intentan sacar a la luz informaciones sensibles de utilidad pública. “Esto va a voltear la carga de la prueba hacia los periodistas, que deberán probar que la difusión de la información era legítima”, advierte Véronique Marquet, miembro y abogada del colectivo Informer N’est Pas un Délit (“informar no es un delito”). “Esto (es igual a) preguntarles –continúa- si están dispuestos a asumir el riesgo de ser condenados, lo que constituye una verdadera arma de disuasión a disposición de las empresas”.

Criminalidad financiera y denuncia: dos pesos, dos medidas

Para completar el escándalo, siguiendo la misma lógica, la justicia luxemburguesa acaba de colocar los intereses de las multinacionales por encima del interés general. Mientras que los organizadores de la evasión fiscal gozan de una total impunidad, la sala correccional número 12 del tribunal de distrito de Luxemburgo ha condenado al filtrador francés Antoine Deltour a 12 meses de prisión con suspensión de la pena y 1.500 euros de multa. Raphaël Halet, otro filtrador, ha sido condenado a nueve meses de prisión con suspensión de la pena y mil euros de multa.
Estos dos filtradores, por tanto, permitieron que los ciudadanos europeos descubrieran cómo cientos de empresas multinacionales han podido escapar masivamente a los impuestos, firmando acuerdos secretos con Luxemburgo. Revelaron informaciones cruciales para el interés general y deberían estar protegidos y recompensados en vez de perseguidos y condenados.
Sus condenas recuerdan a los procesos contra uno de los fundadores del movimiento Alternatiba y de Action Non Violente COP21 (ANV-COP 21), Jon Palais. Activista de la asociación Bizi! (“vivir” en vasco), está acusado de “robo en grupo” y será juzgado el 9 de enero de 2017 por haber participado en una requisa ciudadana de sillas en una sucursal del BNP Paribas en París.
El banco francés, que tiene un beneficio neto de 6.700 millones de euros en el año 2015, está muy implantado en los paraísos fiscales y judiciales, con 170 filiales declaradas, de las que buena parte todavía están en activo. Su reciente decisión de cerrar sus sucursales en las islas Caimán británicas es muy insuficiente. Los capitales que se evaden en los paraísos fiscales hacen profunda falta al Estado, que se endeuda para afrontar sus gastos.
Recordemos que en Francia un informe del grupo de trabajo del Colectivo por una Auditoría Ciudadana (CAC) determina que más de la mitad de la deuda pública proviene de regalos fiscales y de tasas de interés excesivas. En su libro Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle (“Offshore, paraísos fiscales y soberanía criminal”), Alain Deneault nos aclaraba las consecuencias de este fraude: “Defraudar al fisco no se limita a ahorrar gastos, sino que consiste en perjudicar la financiación de las instituciones públicas y, en consecuencia, la noción misma de bien público, para constituir polos de decisión offshore ocultos sobre cuestiones de envergadura histórica”.