Argentina. La emergencia que llegó para quedarse
El miércoles
pasado el Senado dio media sanción a la Ley de Emergencia Social. La
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la
Confederación General del Trabajo (CGT), Barrios de Pie, la CCC, y
diversas organizaciones sociales y políticas se movilizarán este viernes
para exigir la sanción definitiva en la Cámara de Diputados.
Mariátegui *
Por Martín
Ogando. Tal como se anunciaba, son los sectores más precarizados de la
clase trabajadora los que le están trayendo los últimos dolores de
cabeza del año a Mauricio Macri. En la contienda se combinan el
escenario callejero con el parlamentario. La enorme movilización desde
San Cayetano a Plaza de Mayo, -que se desarrolló el 7 de agosto pasado-,
y el explícito apoyo papal fueron claves para convencer a la oposición
de acompañar el proyecto.
La de este
viernes amenaza ser una concentración aún más impresionante. Las
organizaciones de la economía popular saben que están frente a una
pulseada importante. Su poder de movilización está asentado en años de
acumulación territorial y gremial, pero también en un contexto de
empeoramiento sensible de las condiciones de vida en las barriadas
populares. Se necesitan medidas urgentes, y todas las que toma el
gobierno patean para el otro lado, es decir, para los de arriba.
La CGT: hacer de la necesidad virtud
La CGT también
movilizará fuerte. Los triunviros le dieron una mano descomunal al
gobierno pactando la liquidación del paro. Apoyar al reclamo de la CTEP
les permite mostrarse activos. En el medio, el malestar ha crecido. Las
ramas que dependen más fuertemente del mercado interno y tienen que
lidiar con importaciones y recesión están entrando en abierta crisis. La
UOCRA, los textiles y la UOM se encuentran entre los más afectados.
Esta última, denunció el miércoles que son más de 10 mil los puestos de
trabajo en riesgo, si se efectiviza el “arancel cero” para notebooks y
tablets importadas. Por eso hay muchos gremios que aprovecharán la
marcha para hacer una demostración de fuerzas.
Se puede decir,
de todas maneras, que Prat-Gay se salió con la suya: en lugar de la
reapertura de paritarias lo que la CGT aspira a lograr es un
congelamiento de despidos y suspensiones hasta marzo. La otra bandera
sigue siendo la reforma del impuesto a las ganancias. No casualmente el
oficialismo se apuró a anunciar que el proyecto está al caer y será
retroactivo a enero del 2017, aunque se apruebe en marzo.
¿Y la economía? ¿Cuándo despega la economía?
La masividad de
la convocatoria y el “oportunismo” opositor no es el único problema que
tiene el gobierno. El contexto económico ayuda poco. Los “brotes
verdes” están resecos y pisoteados, y la economía seguirá en recesión al
menos hasta fin de año. En nueve meses se han destruido más de 127 mil
puestos de trabajo registrados. En la industria, el eslabón más sensible
del parate económico, unos 100 mil operarios cerrarán el año con
vacaciones anticipadas, suspensiones o despidos. La contención de la CGT
no logra evitar la proliferación de conflictos puntuales y aislados, la
mayoría de ellos por despidos o suspensiones. Las previsiones para el
2017 siguen siendo más optimistas, pero para eso falta una eternidad y
el gobierno necesita resolver problemas ahora.
En este
contexto, vetar una ley favorable a los más desprotegidos tienen mala
prensa. Sobre todo cuando se carga con el estigma de ser el gobierno de
los empresarios. Por eso el “plan A” del ejecutivo es aprovechar los
escasos tiempos parlamentarios, y que el proyecto quede enredado en
Diputados hasta el año que viene. La oposición tendría que lograr
dictamen con urgencia o forzar el tratamiento en sesiones
extraordinarias condicionando la agenda que pretende tratar Cambiemos.
La mayoría no parece dispuesta a llegar tan lejos.
La telaraña
burocrática del Congreso no es la única carta del gobierno. La otra
apuesta es trabajar sobre el pragmatismo básico de gremios y
organizaciones, mediante algunas concesiones que ya están en carpeta. La
semana que viene serán recibidas, por separado, la CGT y las
organizaciones de economía popular. El gobierno pretende salir de esas
reuniones con acuerdos mínimos que le permitan pasar las fiestas en paz.
Mientras tanto… avanzan
El gobierno ha
logrado sostener la iniciativa política, aún sorteando dificultades.
Estos días no han sido la excepción. El miércoles se aprobó en el Senado
el régimen de Participación Público Privada, una de las leyes claves y
más ansiadas por el oficialismo.
Con parte de
los mismos votos opositores que aprobaron la Emergencia Social, salió
del recinto la polémica norma que habilita a las empresas contratistas a
reclamar en tribunales extranjeros y a vender obras en plena ejecución a
otras firmas. La votación cruzada, -juntos y en contra del
oficialismo-, en dos leyes claves, pinta bien la ubicación paradójica de
una parte de la oposición, sobre todo el Frente Renovador y la mayoría
del peronismo. Por un lado apuestan a otorgar gobernabilidad y obtener a
cambio beneficios para gobernadores e intendentes del palo. Por el
otro, saben que el año que viene hay elecciones y tendrán que competir
con Cambiemos. Una y otra votación expresaron las “dos almas” que hoy
inciden en la táctica política de la oposición. Y en esas idas y vueltas
el oficialismo avanza.
¿Felices navidades?
Si la Ley de
Emergencia Social finalmente se aprueba, Macri la vetaría. Una cosa es
hacer concesiones menores para paliar la situación y otra muy distinta
es reconocer el estatus de trabajadores a millones que se encuentran en
los circuitos llamados informales, generando su propia forma de ganarse
la vida. Menos aún cuando la economía por venir anuncia un país más
desigual, es decir, en emergencia permanente.
El gobierno ha
tenido éxito en la contención del conflicto. Ha logrado dividir las
reivindicaciones y cede en reclamos puntuales. El reclamo por la
emergencia social lo pone en aprietos porque rompe esa lógica.
Trasciende la negociación mano a mano por recursos y se posiciona en el
ámbito de los derechos por conquistar. Por eso, aún teniendo carácter
paliativo, aparece hoy como un planteo de máxima, difícil de procesar
por el gobierno. Allí reside el inmenso mérito de las organizaciones de
la economía popular.
Por esto mismo,
en los pasillos del poder, donde la tolerancia frente al humilde es
siempre acotada, consideran que estos sectores han llegado demasiado
lejos. Lo dejó en claro anoche la nave insignia del Grupo Clarín,
Telenoche. Con un pútrido informe de Martín Ciccioli, basado nada menos
que en el testimonio de un puntero de Néstor Grindetti (el PROcesado
intendente de Lanús), se buscó ensuciar sin sustento alguno al
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a sus referentes, justo un
día antes de la movilización.
Las
organizaciones dicen que si la ley es vetada redoblarán la apuesta y
pasarán las fiestas cortando rutas y accesos. ¿Ocurrirá? Todavía es
difícil saberlo y mucha agua pasará bajo el puente. Si ese escenario se
diera, el fin de año estaría más lejos de lo ansiado por Macri y más
cerca de los clásicos diciembre calientes de nuestras pampas. ¿Será el
gobierno capaz de desactivarlo?
@MartinOgando
Foto: Micaela Ryan
* http://notas.org.ar
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