El
hecho de que el Vicepresidente, el segundo cargo en importancia y el
que en caso de ausencia del Presidente tendría que asumir sus funciones,
haya sido incluido en una lista de sanciones internacionales por
narcotráfico es uno de los desafíos más complicados a los que podría
enfrentarse un país.
Este es el caso de Venezuela, cuyo vicepresidente, Tareck el Aissami, acaba de entrar en la tan conocida Lista Clinton. Es decir, para Washington, el Vicepresidente es, oficialmente, un narcotraficante.
Hacía años que este influyente funcionario estaba siendo investigado por participación en tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero lo de este lunes, al ser incluido en la también llamada lista de la Ofac, del Departamento del Tesoro, es un hecho que golpea directamente la legitimidad del Gobierno y previsiblemente tensará aún más las relaciones entre Washington y Caracas, que en apariencia estaban viviendo un romance gracias a los gestos conciliadores del presidente Maduro hacia Trump.
Pero la acusación es muy grave: según el Tesoro, como gobernador del estado Aragua y ministro del Interior, El Aissami “facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela” y tenía lazos con carteles colombianos, el mexicano de los Zetas y el narco Walid Makled, detenido en Colombia y, pese a las presiones de Washington, entregado a Caracas. Hablan de al menos una tonelada con destino a México y EE. UU. Sin embargo, el alcance de estas sanciones, en este caso particular, es más político y moral que económico, pues si bien es cierto que los activos de los sancionados son bloqueados y ciudadanos estadounidenses no pueden hacer transacciones con ellos, no significa que el Gobierno en sí mismo sea también bloqueado. Ya varios funcionarios de Maduro han sido sancionados y continúan campantes en sus cargos.
A este durísimo golpe contra la cúpula bolivariana se suma el talante totalitario que día a día va asumiendo el régimen, a la par de una crisis tan sobrediagnosticada que resulta reiterativo mencionarla, no solo porque no hay signos de mejoría, sino porque el país parece metido en un embudo del que la retórica grandilocuente y agresiva del mandatario no logra rescatarlo.
Y en medio de todo se sitúa la oposición, severamente criticada no tanto por haber aceptado un diálogo mediado por el Vaticano, sino por el momento en que terminó sentándose a negociar en unas condiciones desiguales en las que el oficialismo logró neutralizar el poderoso movimiento en las calles que se estaba fraguando, sin cumplir los compromisos, salvo la liberación de algunos presos políticos. Dudas y yerros que terminaron mostrándola fragmentada y que además la hicieron ver desconectada de sus seguidores. Ahora anuncian un timonazo para volver a tener la iniciativa, con la incertidumbre de que quizás sea tarde, a menos que la noticia de El Aissami se convierta en un revulsivo para presionar una salida electoral.
Maduro seguirá vendiendo humo a sus ciudadanos y, por qué no, desatando crisis diplomáticas con los vecinos. Cuidado con eso. Pero esta noticia puede marcar un precedente que podría incidir no solo en la suerte de su gobierno, sino también en la de la ‘revolución’ chavista.
editorial@eltiempo.com
Este es el caso de Venezuela, cuyo vicepresidente, Tareck el Aissami, acaba de entrar en la tan conocida Lista Clinton. Es decir, para Washington, el Vicepresidente es, oficialmente, un narcotraficante.
Hacía años que este influyente funcionario estaba siendo investigado por participación en tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero lo de este lunes, al ser incluido en la también llamada lista de la Ofac, del Departamento del Tesoro, es un hecho que golpea directamente la legitimidad del Gobierno y previsiblemente tensará aún más las relaciones entre Washington y Caracas, que en apariencia estaban viviendo un romance gracias a los gestos conciliadores del presidente Maduro hacia Trump.
Pero la acusación es muy grave: según el Tesoro, como gobernador del estado Aragua y ministro del Interior, El Aissami “facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela” y tenía lazos con carteles colombianos, el mexicano de los Zetas y el narco Walid Makled, detenido en Colombia y, pese a las presiones de Washington, entregado a Caracas. Hablan de al menos una tonelada con destino a México y EE. UU. Sin embargo, el alcance de estas sanciones, en este caso particular, es más político y moral que económico, pues si bien es cierto que los activos de los sancionados son bloqueados y ciudadanos estadounidenses no pueden hacer transacciones con ellos, no significa que el Gobierno en sí mismo sea también bloqueado. Ya varios funcionarios de Maduro han sido sancionados y continúan campantes en sus cargos.
A este durísimo golpe contra la cúpula bolivariana se suma el talante totalitario que día a día va asumiendo el régimen, a la par de una crisis tan sobrediagnosticada que resulta reiterativo mencionarla, no solo porque no hay signos de mejoría, sino porque el país parece metido en un embudo del que la retórica grandilocuente y agresiva del mandatario no logra rescatarlo.
Y en medio de todo se sitúa la oposición, severamente criticada no tanto por haber aceptado un diálogo mediado por el Vaticano, sino por el momento en que terminó sentándose a negociar en unas condiciones desiguales en las que el oficialismo logró neutralizar el poderoso movimiento en las calles que se estaba fraguando, sin cumplir los compromisos, salvo la liberación de algunos presos políticos. Dudas y yerros que terminaron mostrándola fragmentada y que además la hicieron ver desconectada de sus seguidores. Ahora anuncian un timonazo para volver a tener la iniciativa, con la incertidumbre de que quizás sea tarde, a menos que la noticia de El Aissami se convierta en un revulsivo para presionar una salida electoral.
Maduro seguirá vendiendo humo a sus ciudadanos y, por qué no, desatando crisis diplomáticas con los vecinos. Cuidado con eso. Pero esta noticia puede marcar un precedente que podría incidir no solo en la suerte de su gobierno, sino también en la de la ‘revolución’ chavista.
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