Las imágenes llegadas el martes desde Jan Sheijun, en la provincia rebelde de Idlib (norte de Siria), llevan la marca de un ataque con armas químicas. Los testimonios recogidos en medios sanitarios por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos
—ONG que ha acreditado la fiabilidad de sus informaciones— avalan la
gravedad de la denuncia. Pero difícilmente se llegará a poder verificar
de forma independiente que aviones rusos (algo escasamente probable) o
del régimen de Damasco arrojaron sobre esa población insurgente de
75.000 habitantes bombas con gas de cloro o gas sarín para sembrar sus
calles con decenas de muertos e intoxicados.
Hasta un 99% del arsenal químico con el que contaban las fuerzas gubernamentales sirias, estimado en un millar de toneladas, fue sacado del país y destruido después de la matanza con gas de más de mil civiles ocurrida el 21 de agosto de 2013 en el enclave rebelde de Gouta Oriental, en las proximidades de Damasco.
El presidente Bachar el Asad traspasó la línea roja trazada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sin sufrir las consecuencias. La mediación rusa para forzar el desarme químico de Siria frenó en el último momento el castigo militar que preparaba Washington.
La gobernación de Idlib, el mayor feudo aún controlado por la oposición siria, está en manos de milicias salafistas radicales, parte de las cuales siguen emparentadas con Al Qaeda. Desde la caída del reducto insurrecto en el este de Alepo, el pasado diciembre, esta provincia ha sido machacada por los bombardeos aéreos rusos y sirios de forma sistemática, lo que ha causado centenares de bajas entre la población civil. La tarea de los inspectores internacionales, en el supuesto de que fueran enviados, parece una misión casi imposible.
Aunque se han constatado otros casos a lo largo de los más de seis años de guerra civil en el país árabe, los ataques químicos han sido inusuales. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas atribuyó en 2015 al régimen tres de las nueve denuncias que recibió sobre uso de gases tóxicos prohibidos. El Gobierno de Damasco siempre lo ha negado.
La matanza por asfixia o intoxicación registrada en Jan Sheijun se produce apenas cuatro días después de que Estados Unidos advirtiese formalmente de que el derrocamiento del presidente Bachar el Asad ya no es una de sus prioridades, lo que supuso un revés para la oposición.
El proceso negociador auspiciado por Naciones Unidas, cuya última ronda concluyó sin apenas avances el pasado viernes, será previsiblemente otra de las víctimas del ataque de Jan Sheijun. “Si la ONU no puede disuadir al régimen de llevar a cabo estos graves crímenes, ¿cómo va a poder encauzar la transición política en Siria?”, se preguntaba el jefe de la delegación opositora en las conversaciones de Ginebra. China y Rusia ya interpusieron su derecho de veto hace dos meses en el Consejo de Seguridad a la imposición de sanciones a Damasco por el uso de armas químicas.
Hasta un 99% del arsenal químico con el que contaban las fuerzas gubernamentales sirias, estimado en un millar de toneladas, fue sacado del país y destruido después de la matanza con gas de más de mil civiles ocurrida el 21 de agosto de 2013 en el enclave rebelde de Gouta Oriental, en las proximidades de Damasco.
El presidente Bachar el Asad traspasó la línea roja trazada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sin sufrir las consecuencias. La mediación rusa para forzar el desarme químico de Siria frenó en el último momento el castigo militar que preparaba Washington.
La gobernación de Idlib, el mayor feudo aún controlado por la oposición siria, está en manos de milicias salafistas radicales, parte de las cuales siguen emparentadas con Al Qaeda. Desde la caída del reducto insurrecto en el este de Alepo, el pasado diciembre, esta provincia ha sido machacada por los bombardeos aéreos rusos y sirios de forma sistemática, lo que ha causado centenares de bajas entre la población civil. La tarea de los inspectores internacionales, en el supuesto de que fueran enviados, parece una misión casi imposible.
Aunque se han constatado otros casos a lo largo de los más de seis años de guerra civil en el país árabe, los ataques químicos han sido inusuales. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas atribuyó en 2015 al régimen tres de las nueve denuncias que recibió sobre uso de gases tóxicos prohibidos. El Gobierno de Damasco siempre lo ha negado.
La matanza por asfixia o intoxicación registrada en Jan Sheijun se produce apenas cuatro días después de que Estados Unidos advirtiese formalmente de que el derrocamiento del presidente Bachar el Asad ya no es una de sus prioridades, lo que supuso un revés para la oposición.
El proceso negociador auspiciado por Naciones Unidas, cuya última ronda concluyó sin apenas avances el pasado viernes, será previsiblemente otra de las víctimas del ataque de Jan Sheijun. “Si la ONU no puede disuadir al régimen de llevar a cabo estos graves crímenes, ¿cómo va a poder encauzar la transición política en Siria?”, se preguntaba el jefe de la delegación opositora en las conversaciones de Ginebra. China y Rusia ya interpusieron su derecho de veto hace dos meses en el Consejo de Seguridad a la imposición de sanciones a Damasco por el uso de armas químicas.
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