Para
responder la pregunta de título debemos partir de saber a cuánto
ascenderían los pagos por Deuda Externa en este año, pero esto es una
incógnita. De todas las versiones imprecisas que hay tomaremos dos. La
versión oficial u oficiosa, dada por el Ministro de Finanzas Ramón Lobo,
habla de una cifra de 17.000 millones de dólares[1]. Pero en un trabajo especial sobre Deuda Externa, elaborado por el sitio web Prodavinci[2],
este afirma: “En total este año por capital e intereses el país tiene
que desembolsar 9.691 millones de dólares.” La diferencia entre la
cifra oficial u oficiosa dada por el Ministro, sin fuente verificable
más allá de su cargo y la reconstrucción de Prodavinci en base a datos
de Bloomberg Kapital Consultores, supera los 7.000 millones de dólares.
Esos números también son distintos para las dos versiones en lo que
hace al mes del año que más presión harán esos pagos, Abril. Mientras
que para Lobo esta cifra rondaría los 4.000 millones de $ para
Prodavinci la cifra sería de 2.900 millones de la moneda estadounidense.
Las diferencias son los suficientemente importantes como para obligar a investigar y a desarrollar hipótesis, nosotros tenemos la nuestra. Sin embargo la situación de desquicio en el que se encuentra la información oficial de todas las instituciones públicas que deberían dar los números, obliga al investigador a realizar un trabajo similar al de una excavación arqueológica que no es el objetivo de esta nota.
Otro dato interesante del estudio de Prodavinci que coincide con las afirmaciones de todos los economistas, oficiales, de “oposición” o independientes, es que el peso de los pagos de la deuda será determinante al menos hasta el año 2027. Es decir que enfrentamos una década más de asfixia financiera.
Pero por ahora nuestro objetivo es determinar si es posible pagar los vencimientos de los bonos soberanos y de PDVSA o sus intereses, para el año en curso y cuál es el costo para el país y la población de cancelar esta deuda. Por las diferencia entre las cifras tomaremos la más baja, cuya fuente es Bloomberg y Kapital Consultores, según el trabajo de Prodavinci.
Las opiniones de los consultores y operadores financieros y la política de pago del gobierno
Con el título “De la Insolvencia a la iliquidez” el trabajo especial de Prodavinci en su sección entrevista pide la opinión de importantes consultores y operadores financieros. Entre ellos responden Leonardo Vera, Asdrúbal Oliveros, Tamara Herrera, Francisco Rodríguez, Alejandro Grissanti, Ricardo Penfold y Víctor Silva.
Lo importante de estas entrevistas es que las coincidencias entre los consultados se dan en los nudos problemáticos del tema. Veamos: a) Todos acuerdan que de continuar con la actual política económica el gobierno se enfrentará más temprano que tarde en una situación de iliquidez que lo llevará a un default (desordenado). b) Todos coinciden en la necesidad de un cambio de política económica asentado en un ajuste macroeconómico, es decir garantizar, a fuerza de una restricción mayor aún del nivel de vida de la población y la autonomía del país, los pagos de la deuda. c) Todos coinciden también que es necesaria una reestructuración de la deuda, es decir buscar mayores plazos para los pagos y una quita (otro reconocimiento que la deuda es impagable tal cual está). Y todos coinciden poniéndole nombre propio o apelando a eufemismos a la necesidad de que el programa de ajuste sea monitoreado por el FMI.
Por su parte el gobierno viene pagando puntualmente en los últimos cuatro años, antes todavía de la caída estrepitosa de los precios del crudo, provocando un ajuste externo. Es decir reduciendo importaciones. Lo que llevó que en 2016 las importaciones totales fueran apenas un tercio de las de 2014. Sacrificando alimentos, medicinas, materias primas, insumos y provocando una caída del PBI estimada, ya que aquí también nos encontramos con la falta de números oficiales confiables, del orden del 30%.
Ambos caminos el que está aplicando el gobierno y el que proponen los especialistas consultados por Prodavinci, coinciden en que los costos de continuar con el pago de la deuda externa, redundan en una disminución drástica del nivel de vida y entrega de soberanía nacional. En este último caso tenemos ejemplos dramáticos: la reestructuración de la deuda de PDVSA en 2016. Esto significo la entrega en garantía del 50% de las acciones de CITGO, último de los grandes patrimonios venezolanos en el exterior. Y como esto no fue suficiente para cumplir con los pagos externos, la entrega del otro 50 de CITGO a Rosnef, petrolera rusa para obtener fondos frescos para el pago de deuda de PDVSA. Y el último ejemplo es de mediados de marzo de este año y se trata del compromiso de Bonos por 1.500 millones de dólares a cambio de un crédito por 500 millones que pagan un interés superior al 19%. El doble de lo que paga la deuda de Somalia, por ejemplo. Que además pone en manos de fondos buitres ese patrimonio venezolana.
El otro camino. El de la suspensión de los pagos y la auditoria
Sin embargo hay otro camino, el que venimos proponiendo desde hace 4 años. Que se trata de suspender los pagos de la deuda y sobre todo auditar su legitimidad y legalidad. La contradicción que señalamos al inicio de este reportaje muestra que las inconsistencias entre los números dados por el gobierno y los números de los expertos financieros internacionales son muy grandes. Lo que obliga a una investigación seria y profunda de cuál es la real dimensión de la deuda del país. Y sobre todo que pueda determinar la legalidad o legitimidad de la misma. Seguir pagando en estas condiciones llevará: en primer lugar a una situación como la que señalan los expertos entrevistados por Prodavinci, a un cese del pago desordenado, que provocará una crisis mucho peor que la actual. En segundo lugar por la insolvencia o la falta de liquidez que no parece resolverse a mediano plazo, se continuará entregando patrimonio público, es decir de todos los venezolanos, para cumplir con los pagos de una deuda razonablemente sospechada de oscura y muy probablemente ilegítima e ilegal. En medio de este debate se desarrolla el hambre del pueblo y el empobrecimiento vertiginoso del país.
Las diferencias son los suficientemente importantes como para obligar a investigar y a desarrollar hipótesis, nosotros tenemos la nuestra. Sin embargo la situación de desquicio en el que se encuentra la información oficial de todas las instituciones públicas que deberían dar los números, obliga al investigador a realizar un trabajo similar al de una excavación arqueológica que no es el objetivo de esta nota.
Otro dato interesante del estudio de Prodavinci que coincide con las afirmaciones de todos los economistas, oficiales, de “oposición” o independientes, es que el peso de los pagos de la deuda será determinante al menos hasta el año 2027. Es decir que enfrentamos una década más de asfixia financiera.
Pero por ahora nuestro objetivo es determinar si es posible pagar los vencimientos de los bonos soberanos y de PDVSA o sus intereses, para el año en curso y cuál es el costo para el país y la población de cancelar esta deuda. Por las diferencia entre las cifras tomaremos la más baja, cuya fuente es Bloomberg y Kapital Consultores, según el trabajo de Prodavinci.
Las opiniones de los consultores y operadores financieros y la política de pago del gobierno
Con el título “De la Insolvencia a la iliquidez” el trabajo especial de Prodavinci en su sección entrevista pide la opinión de importantes consultores y operadores financieros. Entre ellos responden Leonardo Vera, Asdrúbal Oliveros, Tamara Herrera, Francisco Rodríguez, Alejandro Grissanti, Ricardo Penfold y Víctor Silva.
Lo importante de estas entrevistas es que las coincidencias entre los consultados se dan en los nudos problemáticos del tema. Veamos: a) Todos acuerdan que de continuar con la actual política económica el gobierno se enfrentará más temprano que tarde en una situación de iliquidez que lo llevará a un default (desordenado). b) Todos coinciden en la necesidad de un cambio de política económica asentado en un ajuste macroeconómico, es decir garantizar, a fuerza de una restricción mayor aún del nivel de vida de la población y la autonomía del país, los pagos de la deuda. c) Todos coinciden también que es necesaria una reestructuración de la deuda, es decir buscar mayores plazos para los pagos y una quita (otro reconocimiento que la deuda es impagable tal cual está). Y todos coinciden poniéndole nombre propio o apelando a eufemismos a la necesidad de que el programa de ajuste sea monitoreado por el FMI.
Por su parte el gobierno viene pagando puntualmente en los últimos cuatro años, antes todavía de la caída estrepitosa de los precios del crudo, provocando un ajuste externo. Es decir reduciendo importaciones. Lo que llevó que en 2016 las importaciones totales fueran apenas un tercio de las de 2014. Sacrificando alimentos, medicinas, materias primas, insumos y provocando una caída del PBI estimada, ya que aquí también nos encontramos con la falta de números oficiales confiables, del orden del 30%.
Ambos caminos el que está aplicando el gobierno y el que proponen los especialistas consultados por Prodavinci, coinciden en que los costos de continuar con el pago de la deuda externa, redundan en una disminución drástica del nivel de vida y entrega de soberanía nacional. En este último caso tenemos ejemplos dramáticos: la reestructuración de la deuda de PDVSA en 2016. Esto significo la entrega en garantía del 50% de las acciones de CITGO, último de los grandes patrimonios venezolanos en el exterior. Y como esto no fue suficiente para cumplir con los pagos externos, la entrega del otro 50 de CITGO a Rosnef, petrolera rusa para obtener fondos frescos para el pago de deuda de PDVSA. Y el último ejemplo es de mediados de marzo de este año y se trata del compromiso de Bonos por 1.500 millones de dólares a cambio de un crédito por 500 millones que pagan un interés superior al 19%. El doble de lo que paga la deuda de Somalia, por ejemplo. Que además pone en manos de fondos buitres ese patrimonio venezolana.
El otro camino. El de la suspensión de los pagos y la auditoria
Sin embargo hay otro camino, el que venimos proponiendo desde hace 4 años. Que se trata de suspender los pagos de la deuda y sobre todo auditar su legitimidad y legalidad. La contradicción que señalamos al inicio de este reportaje muestra que las inconsistencias entre los números dados por el gobierno y los números de los expertos financieros internacionales son muy grandes. Lo que obliga a una investigación seria y profunda de cuál es la real dimensión de la deuda del país. Y sobre todo que pueda determinar la legalidad o legitimidad de la misma. Seguir pagando en estas condiciones llevará: en primer lugar a una situación como la que señalan los expertos entrevistados por Prodavinci, a un cese del pago desordenado, que provocará una crisis mucho peor que la actual. En segundo lugar por la insolvencia o la falta de liquidez que no parece resolverse a mediano plazo, se continuará entregando patrimonio público, es decir de todos los venezolanos, para cumplir con los pagos de una deuda razonablemente sospechada de oscura y muy probablemente ilegítima e ilegal. En medio de este debate se desarrolla el hambre del pueblo y el empobrecimiento vertiginoso del país.
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