Ocurrió la mañana del nueve de agosto; más de un centenar
de inmigrantes de Somalia y Etiopía –con una media de edad de 16 años-
tuvieron que saltar al mar, forzados por un traficante de personas cerca
de la costa de Shabwah, en Yemen, informó la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). Pese a la guerra que diezma este país de la
Península Arábiga, los refugiados aspiran a una vida mejor en Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Kuwait. Las tumbas de una
treintena de los migrantes aparecieron en una playa de Shabwah, mientras
que otros 22 continuaban desaparecidos. La OIM calcula que entre enero y
agosto de 2017 cerca de 55.000 migrantes –jóvenes provenientes sobre
todo de Somalia y Etiopía- han huido del Cuerno de África con destino a
Yemen.
Con una población de 27,4 millones de habitantes, Yemen es
el país con menor renta per cápita del mundo árabe. Desde el 25 de marzo
de 2015, cuando una coalición de diez países liderados por Arabia Saudí
-con el plácet de Estados Unidos- inició los bombardeos, Yemen vive una
tragedia humanitaria al margen de buena parte de la opinión pública
mundial. El pasado uno de agosto Naciones Unidas advirtió que 20
millones de yemeníes (el 70% de la población) requiere ayuda
humanitaria; además, cerca de dos millones de niños padecen desnutrición
aguda. “El país se halla al borde de la hambruna”, señaló el
responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Yemen, Auke Lootsma. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha facilitado recientemente el último balance sobre el cólera: más de
medio millón de contagios, y cerca de 2.000 muertes, desde que la
epidemia comenzara a propagarse a finales de abril. La situación se
agrava por el hecho de que 14,5 millones de yemeníes continúan sin
acceso al agua potable y al saneamiento; asimismo carecen de
medicamentos básicos y 30.000 trabajadores de la salud llevan un año sin
percibir su salario.
El analista internacional Carlos Martínez pone el acento
en la situación de la población refugiada, atrapada en un país cuyas
fronteras naturales vienen delimitadas por Arabia Saudí (país que
encabeza los ataques), Omán y tanto el Mar Arábigo como el Golfo de Adén
y el Mar Rojo. “En Yemen hay más de tres millones de desplazados desde
el inicio del conflicto”, resalta el activista. ACNUR informó el pasado
19 de julio de un grave suceso ocurrido en Mawza, distrito de una
provincia, Taizz, de la que proceden más de 500.000 desplazados. Como
consecuencia de un ataque aéreo, murieron al menos una veintena de
personas refugiadas. Las víctimas civiles (más de 13.000 entre muertos y
heridos desde que empezara la guerra, según Amnistía Internacional)
aumentan a diario. El cuatro de agosto la Agencia Efe informó de que
nueve personas –entre ellas, cuatro menores- de la misma familia
murieron como consecuencia de los bombardeos al sur de la ciudad de
Saada; la información atribuye los ataques a la alianza militar liderada
por Riad, “que apoya al Gobierno de al-Hadi frente a los chiítas
hutíes, leales al expresidente Saleh; estos a su vez han recibido el
respaldo de Irán”, subraya el analista.
Martínez recuerda episodios anteriores al actual conflicto,
como los tres atentados suicidas de Al Qaeda en la provincia de Shabwa,
en septiembre de 2013. Murieron al menos 60 soldados y policías, y se
registraron 38 heridos. Ya en 2015, pocas fechas antes de que la casa de
Saud y sus aliados comenzaran los ataques en Yemen, tres terroristas
del Estado Islámico se suicidaron en dos mezquitas de la capital del
país, Sana, mientras se estaban celebrando las oraciones; el atentado se
saldó con 142 muertos y 300 heridos.
Hoy, apunta Carlos Martínez, “los informativos de la
televisión no ‘abren’ con el impacto de las bombas en escuelas,
hospitales, mercados, viviendas e infraestructuras; ni los periódicos
con las víctimas civiles”. El analista añade que se sustrae parte del
contexto a las informaciones, como que la zona sur del Yemen contó,
desde 1967 y durante más de dos décadas, con un gobierno socialista en
la República Popular de Yemen del Sur. El entonces gobernante Partido
Socialista de Yemen (PSY) es actualmente una formación socialdemócrata,
que se sitúa en la oposición. En cuanto a los silencios atronadores y al
cruce de intereses mediáticos con el de las potencias atacantes, el
analista y activista pone la atención en el Reino de Qatar, uno de los
aliados de primera hora junto a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y
Kuwait. En febrero de 2015 el grupo Prisa, empresa editora del periódico
El País, anunció una ampliación de capital por valor de 75 millones de
euros. Suponía, en la práctica, que el dinero del sultán de Qatar Ghanim
Alhodaifi al Kuwari corría en auxilio del periódico global, tras las
pérdidas milmillonarias del grupo en el ejercicio anterior.
Los hospitales también han sido pasto de las bombas. En
agosto de 2016 Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que las bombas de la
coalición sobre el hospital de Abs, en la gobernación de Hajjah, al
noroeste del país, causaron 19 muertos y 24 heridos. La ONG, que llevaba
un año colaborando con el hospital, recordó que había compartido en
diferentes ocasiones las coordenadas GPS del centro con los actores en
conflicto. El 16 de agosto de 2016, cuando la coalición arrojó las
bombas, se hallaban 23 pacientes en el departamento de Cirugía, 25 en la
sala de Maternidad, 13 recién nacidos y 12 en Pediatría. La ONG rechazó
las explicaciones oficiales y subrayó la necesidad de investigaciones
independientes: “Este ataque liderado por aviones de guerra saudíes está
completamente injustificado”, señaló MSF en un comunicado. La agresión
no fue excepcional: se trataba en menos de un año del cuarto ataque
contra centros apoyados en Yemen por Médicos Sin Fronteras (el 10 de
enero de 2016 MSF denunció la muerte de al menos cinco personas tras el
ataque a un hospital en el distrito de Razeh).
La hemeroteca ofrece ejemplos desgarradores. El pasado 30
de octubre los cazas de la coalición bombardearon un “complejo de
seguridad” en la ciudad de Hodeidah, que se saldó según la Agencia
Reuters con 60 muertos, incluidos reclusos. Veinte días antes el punto
de mira de los aviones se dirigió al funeral de la madre de uno de los
dirigentes hutíes, al que asistían cerca de mil personas en la zona
residencial de Al Yamsín, al sur de la capital. La acometida de Arabia
Saudí y sus aliados terminó con 140 muertos y más de 500 heridos. A
finales de noviembre de 2016, las bombas estragaron viviendas
particulares y un torre de comunicaciones en la provincia de Al Hudaida,
al oeste de Yemen. El balance, al menos 16 civiles muertos, informó la
Agencia Efe. El 17 de marzo de 2016 un despacho de la mencionada agencia
informaba de un episodio singularmente cruento en la provincia de
Hajja. En esta ocasión, el material explosivo arrojado por la coalición
árabe sobre un mercado causó un mínimo de 119 muertos (22 niños) y 47
heridos. Un informe posterior de la ONG Human Right Watch concluyó que
en el ataque se utilizó armamento suministrado por Estados Unidos.
Precisamente el negocio de la compraventa de armas ha
centrado las críticas de las organizaciones de derechos humanos. Según
un informe presentado en mayo de 2017 por el Gobierno (“Estadísticas
españolas de exportación de material de Defensa, de otro material y de
productos y tecnologías de doble uso”), el Estado español vendió en 2016
armas a Arabia Saudí por valor de 116 millones de euros (más de 40
millones corresponden al capítulo de bombas, torpedos, cohetes y
misiles). Amnistía Internacional ha denunciado que España fue en 2015 el
tercer exportador mundial de armamento a Arabia Saudí (más de 545
millones de euros); entre 2014 y el primer semestre de 2016, agrega esta
organización, las exportaciones a la potencia árabe por parte del reino
de España superaron los 900 millones de euros. Amnistía Internacional
ha informado que durante los dos primeros años de conflicto, Estados
Unidos y Reino Unido han transferido juntos, armamento por valor de más
de 5.000 millones de dólares a la potencia que lidera los ataques en
Yemen.
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