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Desde hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF. “Aún no hay respuesta”, dice José López Presa, miembro del Comité. “Desde nuestra perspectiva, tratándose de recursos públicos no hay pie a la reserva de la información”, pero la negativa ni siquiera se ha expresado a través de un documento oficial, simplemente el SAT ha “ignorado” la petición.
La estafa maestra es el esquema de desvío documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en el cual once dependencias públicas “contrataron” a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 150 son irregulares y, por tanto, no cumplieron los servicios. El dinero simplemente desapareció.
De acuerdo con la ley, el SAT tiene una actuación preponderante para encontrar a los posibles responsables de la estafa porque es el encargado de revisar la legalidad de las empresas y las operaciones que realizan; por tanto, tienen la información fiscal de las 186 compañías que supuestamente fueron contratadas en este esquema.
Parte de esta información es pública, toda vez que el SAT publica listas quincenales en las que incorpora a las empresas fraudulentas que detecta. Por eso es que, hasta diciembre de 2017, ya había boletinado 61 empresas como fantasma y presunta fantasma, 22 compañías más que las detectadas hasta septiembre pasado, cuando se publicó el reportaje.
Además, otras 89 compañías son irregulares, según comprobó el equipo de investigación de La estafa maestra, debido a que cuando se buscaron en las direcciones registradas, en realidad son lotes baldíos o comercios; fueron desmanteladas, su objeto social no coincide con los servicios supuestamente contratados, no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación o ni siquiera tienen dirección.
El dinero público que terminó en estas 150 empresas irregulares asciende a 5 mil 137 millones de pesos.
Documentos claves
Pero las facturas darían información adicional respecto a las operaciones y detectar a más implicados en la trama, por eso “hicimos la solicitud a través del derecho de petición y no a través de la ley de transparencia y acceso a la información”, dice López Presa.Por lo que esperaban que la información se entregara de manera expedita, al ser miembro del Sistema Nacional, que está conformado por cuatro cabezas: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción; pero no ha sido así.
Aunque la razón de existencia del Sistema Nacional es la prevención e investigación de casos de corrupción, con la participación de ciudadanos, hasta el fiscal anticorrupción o el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la práctica no está ocurriendo porque aún faltan nombramientos y los intentos de investigar casos como La estafa maestra están detenidos.
López Presa explica que podría haber interpretaciones jurídicas en las cuales las autoridades federales sustenten que el Comité no tiene facultades para conocer esa información, lo cual “no nos favorece. La duda hace que las interpretaciones jurídicas sean lo más cerradas para evitar que nosotros tengamos este acceso a la información”.
La negativa “está impidiendo que se combata con efectividad a la corrupción”, al igual que la falta de nombramientos como el fiscal anticorrupción y los sistemas locales en el resto del país, asegura López Presa.
PGR y dependencias, por la negativa
El 6 de noviembre de 2017, la Asociación civil Mujeres de Hierro interpuso una petición ante la Procuraduría General de la República (PGR) para saber el estatus de la investigación sobre los involucrados en el presunto desvío de 7 mil 630 millones de pesos, documentados en La estafa maestra.La organización, presidida por Lorena Villavicencio, pidió conocer si se estaba investigando a los presuntos responsables o si la carpeta de investigación ya había sido consignada ante el juez para abrir un juicio.
El 15 de noviembre pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR respondió que no podía entregar ninguna información al respecto porque el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo impide.
En el oficio UEIDCSPCAJ-1057-2017, la PGR explica que dicha legislación establece que “los registros de investigación, así como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registro de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados y, únicamente las partes (imputado y su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico) podrán tener acceso a los mismos”.
Por lo tanto, “no es posible proporcionarle la información que solicita”, informó el titular de la Unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia, Sergio Antonio López Escalante.
Pese a la negativa, la organización Mujeres de Hierro prepara un amparo para continuar con la pelea por la información, dice Lorena Villavicencio. Aunque se trata una investigación judicial que efectivamente guarda secrecía según el Código de Procedimientos Penales, la solicitud por conocer el estatus de la investigación es porque “como ciudadanos tenemos derecho a que nuestros recursos no sean desviados ni se permita el uso de dinero público para simulaciones o fines diversos”.
¿Información reservada?
La Secretaría de Desarrollo Social también intentó reservar información sobre los convenios que realizó con universidades públicas y mediante los cuales entregó 2 mil 224 millones de pesos entre 2013 y 2014, cuando la titular era Rosario Robles.Durante la investigación de La estafa maestra, se hicieron solitudes de información a la dependencia, pero una de las respuestas por parte de la Sedesol, incluso, pretendió reservar los documentos de un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por cinco años, argumentando que contenía datos “sensibles” y que se encontraba en un proceso de auditoría.
En febrero de 2017, el equipo de investigación solicitó a la Sedesol el convenio DGI/33301/04/2012, firmado con la UAEM, cuyo objeto era “la coordinación plurianual para el servicio administrado de infraestructura de misión crítica”, además de anexos y convenios modificatorios.
En la primera respuesta, la Sedesol dijo que tacharía datos “sensibles” sobre particulares. Pero al tratarse de un documento público, en el que intervinieron sólo funcionarios públicos, se interpuso un recurso de revisión para evitar que se entregara información parcial.
Entre los alegatos de la dependencia, estuvo que el convenio formaba parte de una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pese a que ésta ya había determinado posibles irregularidades y había publicado la auditoría como parte de la Cuenta Pública de 2014.
Además, explicaba que este mismo criterio de negativa había sido utilizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) en una resolución a otro recurso de revisión interpuesto por el equipo de investigación y en el cual la UAEM había negado entregar el convenio.
Por ello, los alegatos incluían la propuesta de reservar la documentación “por un periodo de cinco años”, explicaba el Comité de transparencia de la Sedesol, encabezado por Javier Ortiz, suplente del abogado general y comisionado para la transparencia.
En agosto de 2017, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) rechazó la petición de reserva y mandató a la Sedesol a entregar los documentos, al tratarse de información pública.
La negativa de este tipo de información también la aplicó otra de las dependencias que no estuvieron contempladas en el reportaje publicado en septiembre de 2017, pero que también hicieron convenios con universidades públicas, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu).
Dicha dependencia hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero en 2016, cuando la titular era Rosario Robles, luego de ser removida de la Sedesol. Aunque se solicitaron todos los convenios realizados, también los negó bajo el mismo argumento del proceso de auditoría.
Según su respuesta, el personal de la Sedatu ni siquiera tenía acceso a la documentación porque los expedientes relativos a los convenios “se puso a disposición de la ASF en un área de acceso restringido al interior de esta Secretaría, de ahí que el manejo y resguardo de esta documentación es responsabilidad exclusiva del grupo auditor hasta la formalización del cierre de esta auditoría”.
Personal de la Auditoría Superior de la Federación consultado aseguró que, en ningún proceso de auditoría, se impide el acceso a la documentación a los funcionarios de la dependencia y mucho menos trabajan en un “área restringida”.
De acuerdo con funcionarios del INAI, el proceso de auditoría no es una razón para impedir la entrega de los convenios o comprobantes de servicios, toda vez que no se pide el expediente de investigación, sino documentos que contienen información pública.
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