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El Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en rigor mortis.
El Comité de Participación Ciudadana ha tomado partido y se ha
convertido en factor de la contienda electoral. Me refiero a la
injustificable presencia de tres de los cinco que integran el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en un
evento político organizado por el gobernador de Chihuahua, Javier
Corral, para denunciar las presuntas represalias del gobierno federal
–la cancelación del otorgamiento de recursos federales– por las
investigaciones que su gobierno inició en contra del anterior
gobernador, César Duarte.
A esta reunión asistieron activistas
políticos y miembros de la coalición electoral “Por México al Frente”,
integrada por el PAN y el PRD. La explicación del Comité de
Participación Ciudadana sobre su presencia en el evento es que fueron
contactados por funcionarios del gobierno de Corral con un expediente
con pruebas sobre la corrupción de Duarte, y que al valorar los
elementos de prueba, estimaron razonable asistir dadas las facultades
legales del Comité, entre las que están coordinar e impulsar los
esfuerzos anticorrupción.Lo cierto es que el papel del Comité de Participación Ciudadana no es el de erigirse en juzgadores ni valorar pruebas. La asistencia de una mayoría del Comité de Participación Ciudadana a ese evento no solamente afecta el debido proceso y avala la posición de Corral sobre la culpabilidad de los implicados, también apoya la legitimidad de un procedimiento opaco de distribución de recursos fiscales a los estados por medio de convenios con el gobierno federal. En lugar de avalar el reclamo de recursos del gobierno de Chihuahua, el rol del Comité debería ser el de combatir precisamente esos convenios, en apoyo a una relación más transparente entre la Federación y los estados.
Impulsar la transparencia y el combate a la corrupción en el gobierno es una tarea muy complicada. Quienes hemos trabajado en ello sabemos que significa enfrentarse a un entorno institucional complejo, que en el mejor de los casos se traduce en indiferencia y falta de interés de los tomadores de decisiones; en el peor de los casos, en la censura de proyectos y la obstrucción.
Con independencia de las deficiencias en su diseño, la construcción del SNA representó la victoria del diálogo y de la negociación política entre gobierno, partidos y sociedad civil. La resaca de los escándalos sobre conflictos de intereses, de 2014, generó una indignación social que hizo posible una reforma constitucional profunda, y abrió el paso para una serie de reformas en legislación secundaria. Era factible pensar que el naciente SNA, dirigido por un grupo de ciudadanos independientes, se enfrentaría a la oposición y la hostilidad de una clase política acostumbrada a un sistema de rendición de cuentas débil y a un ambiente de impunidad en las investigaciones sobre corrupción. Y en efecto, el SNA se enfrentó a críticas fuertes, pero eso no ha sido la causa de su anulación.
El SNA no produce propuestas, no avanza en la definición de un programa anticorrupción de Estado, no se ha convertido en factor protagónico en la construcción de un sistema democrático de rendición de cuentas. Su organización interna se ha hecho en la más completa opacidad, omitiendo criterios de equidad de género y los principales nombramientos de su estructura administrativa están afectados por conflictos de intereses. El Comité de Participación Ciudadana, en lugar de representar a la sociedad, ha tomado partido en la contienda electoral a favor de la coalición “Por México al Frente”, con lo cual su capacidad de negociar frente al Estado a nombre de los ciudadanos se cancela.
El trabajo del Comité no se ha centrado en el fortalecimiento de las capacidades del Estado para combatir la corrupción, ni en la construcción de instituciones más fuertes ni en el diseño de políticas públicas. En lugar de eso, el Comité se ha centrado en atender y acompañar “casos” de la coyuntura política, cuyo objetivo, por más noble y bueno que pueda ser, no forma parte de la construcción del SNA.
Se extraña en todo esto la presencia de líderes de opinión, académicos, organizaciones sociales y en general de la “comunidad de práctica” anticorrupción, que en lugar de reencauzar el camino del SNA y salvarlo de esta agonía, han renunciado a su espíritu crítico y lo han dejado morir con su silencio.La muerte del Sistema Nacional Anticorrupción no ha sido por las agresiones de un sistema político que se niega a morir; la muerte del SNA se debe a la falta de un trabajo serio, a la ausencia de una agenda clara y a la parcialidad con la que se ha conducido. Nadie lo mató, se dejó morir en la anorexia de propuestas y en la falta de fidelidad a su naturaleza de órgano independiente.
Twitter: @benxhill
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