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Como
ocurrió hace 1 año, el naciente 2018 vuelve colocar en la palestra de
los cuestionamientos a una reforma energética que ni remotamente arroja
saldos positivos para la economía nacional y la de millones de hogares;
tras la liberación de los precios de los combustibles el pasado 1 de
diciembre, las gasolinas y el diésel registran en este enero un
incremento promedio del 6.5 por ciento, impactando en la actividad de
empresarios de todos los niveles, así como en la de los comerciantes y
agricultores.
Las malas noticias se hacen extensivas en los hechos al incremento registrado en el precio de la tortilla, que en algunas zonas del país se ha elevado de 12 y 13 pesos hasta 18 y 19. Y mientras la Secretaría de Economía juega a la demagogia discursiva al acusar a los molineros y tortilleros de elevar arbitrariamente el costo del alimento por excelencia en la mesa de los mexicanos, con datos y cifras en la mano los inculpados demuestran que el origen de los incrementos está en la errada política energética y agropecuaria de las autoridades.
Al echar lápiz al asunto, dicen los molineros y tortilleros, resulta incosteable mantener los actuales precios cuando sus recibos de electricidad se han elevado al doble y, en algunos casos, se han triplicado; a esto hay que sumarle los descontrolados incrementos al precio del gas, que en los últimos meses de 2017 pasó de 6.40 pesos el litro a 10 pesos. Y en el caso del gas doméstico de 13 a 19 pesos el kilo, luego de que desde el 1de enero de 2017 el gobierno dejó de regular los precios.
Entre los fundamentos de la reforma energética se estableció que con la liberación de los precios de los combustibles y la electricidad bajarían los precios en beneficio de la población. Pero apenas entraron en juego las reglas del libre mercado, las cosas se han salido del control para las autoridades que ahora intentan detener la escalada de incrementos con sanciones inocuas de la Procuraduría Federal del Consumidor, cayendo en una franca contradicción.
Aunque las voces oficiales buscan amortiguar políticamente los efectos colaterales de los incrementos a la electricidad y los combustibles en este año electoral, cargándoles nuevamente el Sambenito de los factores externos como el alza en el precio de los hidrocarburos, es inobjetable que las calamidades por venir apenas comienzan.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) da un pequeño jalón de orejas a los gasolineros, pues con los cambios establecidos en la reforma energética para la venta de combustibles y la liberación de precios sólo debe conformarse con que los empresarios le informen cuál es el costo al que expenden la gasolina y el diésel a los consumidores. Hasta ahí su “regulación”.
Datos de la propia CRE y de Petróleos Mexicanos señalan que en el actual sexenio donde se impulsaron las reformas estructurales los hechos han derrumbado a la retórica oficial: los precios de las gasolinas y el diésel se han disparado en el marco de la reforma energética de tal suerte que mientras en 2013 el precio de la gasolina Magna –la de mayor consumo– era de 12.13 pesos por litro, en los primeros días de 2018 llegó a 17.32 pesos; es decir, se ha incrementado en un 42.7 por ciento, mientras que la Premium lo ha hecho en un 50.8 por ciento, al llegar a los 19.42 por litro, cuando el precio máximo definido por la CRE es de 18.48 pesos.
Porcentajes
entre los que también ha oscilado el aumento al diésel que ya llega a
los 17.41 pesos por litro. Este combustible, empleado en actividades
agropecuarias, pesqueras y del transporte, ha tenido un impacto directo
en el precio de diversos productos de la canasta básica. Y lo seguirá
teniendo en el presente año, incidiendo en una mayor inflación que bien
podría superar el 6.69 por ciento con que cerró en 2017.
Ante este escenario de imparables aumentos a la electricidad y los combustibles, resulta imposible tanto para los molineros y tortilleros como para los industriales, agricultores y comerciantes mantener los precios de sus productos.
En el caso del aumento a la tortilla tampoco puede ocultarse el indudable fracaso de la política agropecuaria que, a 24 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), ha terminado por ceder la autosuficiencia alimentaria al exterior, ubicando a México en la imposibilidad de producir el maíz que requiere para su consumo interno. Es por este motivo que cualquier depreciación del peso frente al dólar repercute en los costos de los granos que importamos sobre todo del vecino país del Norte.
Y así como en el gasolinazo de enero de 2017, que amenazó con desbordar los ánimos sociales, los legisladores que impulsaron la reforma energética en el Congreso buscaron deslindarse de las consecuencias de su irresponsabilidad política, ahora en un año electoral donde se definirá al próximo presidente de la República, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Social y Nueva Alianza –que votaron por la liberación de los precios de los combustibles el pasado 19 de octubre en San Lázaro– se unen a la excusa oficial de justificar las incontrolables alzas y sus efectos colaterales a situaciones del orden internacional, cuando de sobra saben que la raíz del problema está en su complicidad parlamentaria para avalar una reforma que representa un atentado a la economía de millones de mexicanos.
En este contexto de incrementos a los combustibles, con toda seguridad se agudizará el problema del robo de combustibles por parte de los huachicoleros, pues hay que admitir que aunque resulta un delito comprar gasolinas extraídas de manera ilegal, en muchas zonas del país es la única forma de paliar en algo las desmesuradas alzas que hacen imposible toda actividad por el alto costo de los hidrocarburos.
Por eso, este año electoral será de vital importancia para todos los mexicanos con derecho a voto el razonar sobre un voto de castigo a aquellos partidos que aprobaron las reformas que ahora arrojan resultados desastrosos para todo el país.
Que no vengan los partidos cómplices a querer apostarle a la desmemoria. Los causantes de las alzas no únicamente a los combustibles y la electricidad sino a toda una gama de productos y servicios tienen nombres, apellidos y siglas partidistas. Los mexicanos están en su derecho de cobrarles en las urnas su proceder en contra de la nación, pues ahora sucede que por la reforma energética hasta las tortillas serán un artículo de lujo.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Las malas noticias se hacen extensivas en los hechos al incremento registrado en el precio de la tortilla, que en algunas zonas del país se ha elevado de 12 y 13 pesos hasta 18 y 19. Y mientras la Secretaría de Economía juega a la demagogia discursiva al acusar a los molineros y tortilleros de elevar arbitrariamente el costo del alimento por excelencia en la mesa de los mexicanos, con datos y cifras en la mano los inculpados demuestran que el origen de los incrementos está en la errada política energética y agropecuaria de las autoridades.
Al echar lápiz al asunto, dicen los molineros y tortilleros, resulta incosteable mantener los actuales precios cuando sus recibos de electricidad se han elevado al doble y, en algunos casos, se han triplicado; a esto hay que sumarle los descontrolados incrementos al precio del gas, que en los últimos meses de 2017 pasó de 6.40 pesos el litro a 10 pesos. Y en el caso del gas doméstico de 13 a 19 pesos el kilo, luego de que desde el 1de enero de 2017 el gobierno dejó de regular los precios.
Entre los fundamentos de la reforma energética se estableció que con la liberación de los precios de los combustibles y la electricidad bajarían los precios en beneficio de la población. Pero apenas entraron en juego las reglas del libre mercado, las cosas se han salido del control para las autoridades que ahora intentan detener la escalada de incrementos con sanciones inocuas de la Procuraduría Federal del Consumidor, cayendo en una franca contradicción.
Aunque las voces oficiales buscan amortiguar políticamente los efectos colaterales de los incrementos a la electricidad y los combustibles en este año electoral, cargándoles nuevamente el Sambenito de los factores externos como el alza en el precio de los hidrocarburos, es inobjetable que las calamidades por venir apenas comienzan.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) da un pequeño jalón de orejas a los gasolineros, pues con los cambios establecidos en la reforma energética para la venta de combustibles y la liberación de precios sólo debe conformarse con que los empresarios le informen cuál es el costo al que expenden la gasolina y el diésel a los consumidores. Hasta ahí su “regulación”.
Datos de la propia CRE y de Petróleos Mexicanos señalan que en el actual sexenio donde se impulsaron las reformas estructurales los hechos han derrumbado a la retórica oficial: los precios de las gasolinas y el diésel se han disparado en el marco de la reforma energética de tal suerte que mientras en 2013 el precio de la gasolina Magna –la de mayor consumo– era de 12.13 pesos por litro, en los primeros días de 2018 llegó a 17.32 pesos; es decir, se ha incrementado en un 42.7 por ciento, mientras que la Premium lo ha hecho en un 50.8 por ciento, al llegar a los 19.42 por litro, cuando el precio máximo definido por la CRE es de 18.48 pesos.
Porcentajes
entre los que también ha oscilado el aumento al diésel que ya llega a
los 17.41 pesos por litro. Este combustible, empleado en actividades
agropecuarias, pesqueras y del transporte, ha tenido un impacto directo
en el precio de diversos productos de la canasta básica. Y lo seguirá
teniendo en el presente año, incidiendo en una mayor inflación que bien
podría superar el 6.69 por ciento con que cerró en 2017.Ante este escenario de imparables aumentos a la electricidad y los combustibles, resulta imposible tanto para los molineros y tortilleros como para los industriales, agricultores y comerciantes mantener los precios de sus productos.
En el caso del aumento a la tortilla tampoco puede ocultarse el indudable fracaso de la política agropecuaria que, a 24 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), ha terminado por ceder la autosuficiencia alimentaria al exterior, ubicando a México en la imposibilidad de producir el maíz que requiere para su consumo interno. Es por este motivo que cualquier depreciación del peso frente al dólar repercute en los costos de los granos que importamos sobre todo del vecino país del Norte.
Y así como en el gasolinazo de enero de 2017, que amenazó con desbordar los ánimos sociales, los legisladores que impulsaron la reforma energética en el Congreso buscaron deslindarse de las consecuencias de su irresponsabilidad política, ahora en un año electoral donde se definirá al próximo presidente de la República, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Social y Nueva Alianza –que votaron por la liberación de los precios de los combustibles el pasado 19 de octubre en San Lázaro– se unen a la excusa oficial de justificar las incontrolables alzas y sus efectos colaterales a situaciones del orden internacional, cuando de sobra saben que la raíz del problema está en su complicidad parlamentaria para avalar una reforma que representa un atentado a la economía de millones de mexicanos.
En este contexto de incrementos a los combustibles, con toda seguridad se agudizará el problema del robo de combustibles por parte de los huachicoleros, pues hay que admitir que aunque resulta un delito comprar gasolinas extraídas de manera ilegal, en muchas zonas del país es la única forma de paliar en algo las desmesuradas alzas que hacen imposible toda actividad por el alto costo de los hidrocarburos.
Por eso, este año electoral será de vital importancia para todos los mexicanos con derecho a voto el razonar sobre un voto de castigo a aquellos partidos que aprobaron las reformas que ahora arrojan resultados desastrosos para todo el país.
Que no vengan los partidos cómplices a querer apostarle a la desmemoria. Los causantes de las alzas no únicamente a los combustibles y la electricidad sino a toda una gama de productos y servicios tienen nombres, apellidos y siglas partidistas. Los mexicanos están en su derecho de cobrarles en las urnas su proceder en contra de la nación, pues ahora sucede que por la reforma energética hasta las tortillas serán un artículo de lujo.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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