El pasado 31 de enero se realizó la cuarta subasta de la segunda ronda de licitaciones de hidrocarburos en México.
Le
recuerdo que la reforma energética modificó la legislación para
permitir que el Estado mexicano licitara bloques diversos en tierra o
mar, para permitir que empresas privadas o públicas, incluyendo a la
propia Pemex, realizaran exploración o explotación de los hidrocarburos.
La
forma específica de hacerlo fue a través de subastas de áreas
determinadas tanto en tierra como en mar, donde hay indicios, o incluso
certeza, de la existencia de hidrocarburos. Las empresas privadas
suscriben contratos con el gobierno, en los que comprometen cierto
volumen de inversión y acuerdan pagar al gobierno una determinada
cantidad, fijada en función del tipo de contrato que establezcan.
Hasta ahora van 8 subastas realizadas.
La
más importante de todas ellas, por el monto de inversión que
eventualmente deberá realizarse, fue la número ocho, o la cuarta de la
segunda ronda (2.4), que se efectuó el 31 de enero.
La
razón es que las áreas subastadas están en aguas profundas del Golfo de
México, por lo que la exploración y eventual desarrollo de los campos
requiere inversiones mucho más cuantiosas que otros escenarios.
En
la ronda se asignaron 19 contratos, que podrían implicar un desembolso
de 93 mil millones de dólares durante los 35 años de vigencia de éstos.
Cuando se ven estas cifras y estos plazos, surgen interrogantes.
Si
hay incertidumbre respecto al resultado electoral en México; si no
sabemos cuál será el desenlace de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica; si hay transición energética, ¿cómo es que las
empresas comprometieron cantidades de recursos tan elevadas y a un
plazo tan largo?
Veamos el caso de la principal ganadora de la última subasta: Shell.
La empresa angloholandesa, una de las petroleras más grandes del mundo tiene operaciones en 70 países.
De
acuerdo con su página de internet, sus principales proyectos se
encuentran en aguas profundas del Golfo de México, pero del lado
estadounidense; también tiene operaciones importantes en Nigeria,
Pennsylvania, EU, Malasia, Filipinas, Noruega, Brasil y Catar.
Cuando
una empresa centenaria y con esa diversificación geográfica decide
invertir en una región, visualiza un horizonte de largo plazo en el que
pondera de modo diferente los factores que inciden en el entorno.
Un
horizonte de 35 años de inversión implica ver la fortaleza
institucional del país y no el resultado de las próximas elecciones.
La
pregunta es si no existe el temor de que el nuevo gobierno, en
particular si lo llegara a encabezar Andrés Manuel López Obrador, vaya a
desconocer los contratos que ya se suscribieron o que están en camino
de firmarse.
No se puede descartar esa posibilidad, pero en realidad es baja.
Una
cosa es que un hipotético gobierno de AMLO rechace seguir con más
licitaciones y otra muy diferente es que pretenda desconocer contratos
con empresas transnacionales, que tienen validez legal, tanto en México
como fuera del país.
Aun
en el caso de que pensaran que hay ese riesgo, las inversiones más
importantes no se van a realizar antes de las elecciones ni en este año,
por lo que habría tiempo suficiente para observar las intenciones del
nuevo gobierno.
Empresas
como Shell y otras de las que obtuvieron áreas para desarrollar en la
reciente subasta, operan en países y regiones en los que hay menor
seguridad jurídica que en México y una menor fortaleza institucional. Si
son capaces de hacerlo allí, su apuesta es que con más razón pueden
hacerlo en nuestro país.
Aunque
se ha considerado que López Obrador sería capaz de seguir el camino de
Hugo Chávez en Venezuela y subvertir el orden jurídico vigente, la mayor
parte de las valoraciones de riesgo político que hacen las empresas
transnacionales no ven esa posibilidad como el escenario base de un
posible gobierno de AMLO.
Esa
es la razón por la que al gobierno mexicano le ha costado trabajo
“presumir” el éxito de la licitación realizada, que ha implicado las
mayores posibilidades de inversión como resultado de la reforma
energética.
Si
pondera la confianza de las empresas transnacionales en la estructura
institucional del país, que permite compromisos de inversión como los
referidos, entonces cuestiona la narrativa del PRI y sus aliados en
cuanto al riesgo que representa López Obrador porque los contratos que
habrán de suscribir las empresas ganadoras de la licitación parecen
cuestionar la existencia de ese riesgo.
Y
los datos de las encuestas son demasiado elocuentes para afirmar que
las empresas no están considerando el triunfo de AMLO en las elecciones
de julio como uno de los escenarios políticos más factibles.
De
esta manera, para el gobierno mexicano, hay un sentimiento doble. El
positivo, derivado del éxito de la reforma, mostrado en los resultados
de la licitación; y, el negativo, por el hecho de que los empresarios
extranjeros y aún algunos nacionales no parecen temerle a AMLO.
El
éxito de las licitaciones realizadas, que se encuentra entre los
mayores del mundo, ha conducido a que para este año se hayan programado
nuevas licitaciones, que incluirán por primera vez áreas de shale gas,
que nunca se ha extraído en México.
En
la práctica, las autoridades mexicanas están observado que al margen
los factores político-electorales o comerciales, las empresas visualizan
la reforma energética como un cambio que ofrece garantías para invertir
a plazos largos.
Más
allá de preferencias electorales, me parece que esa es una excelente
noticia para México, no solo porque ofrece la posibilidad de recuperar
los niveles de producción de hidrocarburos, que han caído desde el año
2003, sino porque se está ubicando como una de las mejores opciones para
invertir en este sector en todo el mundo.
Para los empresarios que se encuentran en otras áreas de la economía también existe una lección que no debe ser ignorada.
¿No será que algunas decisiones de inversión están sobrevalorando los factores de corto plazo?
La
realidad es que los últimos datos del INEGI están mostrando una severa
caída de la inversión productiva. Las cifras al mes de noviembre
reflejan una caída a tasa anual de 4.1 por ciento.
El
resultado acumulado de los primeros 11 meses de 2017 indica un descenso
de 1.8 por ciento, lo que implica que el año pasado habrá sido el
primero desde el 2013 en el que la inversión reporta números rojos.
Si esa tendencia se mantiene en los siguientes meses, como se teme, tendríamos dos años seguidos con caídas de la inversión.
Esa circunstancia no se presenta desde que hubo una secuencia de descensos en 2001 y 2002.
Una tarea de los hoy precandidatos es generar confianza.
Si
quien hoy encabeza las preferencias, López Obrador, quisiera incidir
positivamente en la percepción que de él tiene la comunidad empresarial
debería diseñar una estrategia para generar confianza.
La
presentación de su probable equipo de colaboradores, así como la
selección de otros candidatos a diversos puestos, no ha logrado
desterrar el temor que los empresarios mexicanos tienen, no así
necesariamente los que están en industrias como la petrolera.
¿Podrá hacerlo?
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