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Peña Nieto y sus funcionarios desviaron 6 mil 679 millones de pesos, con esta lana comprarán votos
“En estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas.
“La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante”, cita la ASF en su informe.
En la revisión de 2016, la ASF identificó 12 auditorías en las que las empresas simularon la realización de servicios, sobre todo en consultorías, así como la realización de estudios técnicos y ejecución de tareas de supervisión.
Para el órgano fiscalizador, la gran cantidad de fraudes se realizó al amparo de la excepción permitida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico para realizar asignaciones directas entre dependencias públicas.
“Las auditorías forenses han documentado la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.
“En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos”, alertó el organismo.
Ante este “modus operandi”, la ASF propuso obligar a los titulares de las dependencias a firmar los contratos.
Con información de Reforma.
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