lunes, 7 de mayo de 2018

Los políticos libaneses insisten en que los refugiados sirios vuelvan a casa pero, ¿a qué casa?

Campo de refugiados cercano a la frontera sirio-libanesa: (“¡Quiero volver a mi hogar, a Siria!”)

Estas son las palabras seguramente más escuchadas por los voluntarios de Comidas para los Niños Refugiados Sirios en Líbano (MSRCL, por sus siglas en inglés) y de otras ONG que trabajan con ellos.

Foto: Maher Salloum (24 abril 2018)
En la foto superior, campamento de refugiados en el valle de la Bekaa (Líbano). Los sirios que escaparon de la carnicería que asolaba y asola su país, se están viendo sometidos a crecientes presiones para que se vuelvan a Siria, a pesar de los graves peligros que tendrán que enfrentar si así lo hacen de parte de toda una variedad de fuentes. En 2017, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 1.300 familias sirias fueron expulsadas de sus asentamientos en el valle de la Bekaa. Se dijo que casi el 60% de los desalojos fueron ordenados por la inteligencia militar libanesa; en el 30% de los casos, la orden procedía de las autoridades locales.
Todas esas expulsiones forzosas violan las leyes internacionales relativas al principio de prohibición de retornos forzados, según aparece definido en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951: Ningún Estado podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
En el Líbano, uno de los partidarios más acérrimos de que los sirios que buscaron seguridad huyendo de la guerra en el país vecino regresen por donde han venido sin tardanza es el patriarca de la iglesia católica maronita libanesa, Bechara Al-Rahi. Su santidad pretende representar a todos los patriarcas y cristianos de Oriente Medio, según informó a este observador su portavoz, Walid Ghayyad, tras una reunión con el autoproclamado Vicario de Cristo.
En este período previo a las elecciones parlamentarias del 6 de mayo de 2018, hay muchos que consideran a Al-Rahi más político que prelado, al igual que la mayoría del resto de líderes de media docena de sectas religiosas libanesas, porque hay muy pocos temas políticos partidistas en los que el patriarca no se meta. Esto se debe a que el caballero evita cualquier noción de separación entre la religión y el gobierno (Iglesia y Estado).
Durante nuestra reunión, el patriarca llevaba encima lo que quizá supusieran 20 kilos de gruesos e impresionantes ropajes de brillantes colores y una inmensa cruz de oro mientras se sentaba bajo un gran cuadro de Jesucristo. Acababa de llegar de un evento religioso y no se molestó en cambiarse por algo más laico. Al patriarca le habían advertido de que yo iba a verle en busca de su apoyo para que el parlamento libanés dedicara 90 minutos de su tiempo a conceder a los refugiados palestinos en el Líbano los derechos civiles elementales para poder trabajar y comprar una casa, algo que todos los refugiados de nuestro planeta tienen garantizado excepto los palestinos en el Líbano.
Había escuchado su discurso electoral en un par de ocasiones alegando que los “500.000” refugiados palestinos estaban arruinando la economía, el orden social, la moralidad y la política del Líbano, y que debían abandonar el país y encontrar otros países de acogida que poblar. Como el patriarca es seguramente consciente, el primer recuento serio de refugiados en el Líbano dio una cifra que es la mitad de la que él pretende, o 270.000 como mucho. Además, puede que unos 15.000 palestinos de Siria todavía se encuentren allí.
La mayor parte de los palestinos que llegaron al Líbano expulsados por la guerra en Siria han regresado, y mis amigos del “campo” de Yarmuk, en Damasco, ahora prácticamente destrozado, me expresaron todos lo conmocionados que se habían quedado al ver las condiciones de vida de sus compatriotas en el Líbano. Sin embargo, al igual que los sirios que todavía buscan refugio en el país, la mayoría no puede regresar en este momento por toda una variedad de razones políticas y de seguridad, algunas de las cuales expondré más adelante.
A su santidad no le divirtió nada cuando este servidor hizo un gesto hacia el cuadro de Jesucristo el Justo por encima de él y preguntó: “Señor, con respecto al caballero palestino del cuadro que tiene por encima, de quien la Biblia informa que disfrutó visitando Qana y Sidón en el Líbano, ¿qué deberíamos hacer con él?” El patriarca me miró con enojo e ignoró mi insolente pregunta, volviendo bruscamente al tema de los refugiados sirios en el Líbano, a quienes considera una amenaza existencial aún mayor para las 18 sectas existentes en el Líbano, a menudo en disputa.
Como suele suceder prácticamente con todos los políticos en el Líbano, el patriarca al-Rahi conoce bien la cuestión de los derechos civiles palestinos y estaba seguro de que iba a ser un tema complicado. Pero el caballero le ofreció a este observador una escucha imparcial de los hechos según yo los veo y no pude pedir más. Pero estaba claro que se oponía, como la mayor parte de sus hermanos y hermanas cristianos en el Líbano, a otorgar a los palestinos ni el más elemental derecho civil, y que no ha hecho nada para animar a su rebaño a que apliquen a los refugiados sirios la súplica de Jesucristo que encontramos en Lucas 6:31: “No hagas a los demás lo que no querrías que ellos te hicieran a ti”.
Para muchos en el Líbano, incluido el patriarca al-Rahi, el retorno de los refugiados a Siria es vital para la futura existencia del Estado libanés. Casi todos los partidos políticos libaneses, con independencia de sus actuales alianzas, han exigido la repatriación de refugiados, ya estén a favor o en contra del régimen de Asad.
Algunas autoridades libanesas maltratan a los sirios intentando así forzarles a regresar a casa
El primer ministro libanés Saad Hariri prometió recientemente que no se iba a forzar a los refugiados sirios a abandonar el Líbano hasta que su regreso fuera seguro. Pero esta semana, mientras buscaba miles de millones de subvenciones de los países que asistían a la conferencia de Bruselas, hizo hincapié ante los posibles donantes en que el Líbano se ha convertido en “un gran campo de refugiados”, inflando en un tercio la cifra estimada por la ONU de sirios en ese país. De hecho, las agencias de la ONU informan de que el número no supera el millón de refugiados, con el 70% viviendo en la pobreza.
El entorno electoral libanés en el que se produce el actual debate, cada vez más tóxico, está aumentando las presiones para que los refugiados en situación de vulnerabilidad regresen forzosamente a Siria, a pesar de la inseguridad de la situación allí. Es posible que la mayor parte de la población libanesa lo apruebe al estar influida por los discursos de una campaña que no hace sino sembrar el miedo contra los refugiados. Estos discursos se han intensificado y hecho cada vez más estridentes desde hace menos de dos semanas y los políticos han convertido a los refugiados en uno de los principales caballos de batalla. El ministro de asuntos exteriores Jibran Bassil, que dirige el partido del Movimiento Patriótico Libre del presidente Michel Aoun, y que es yerno del presidente, ha estado insistiendo estridentemente desde el pasado enero de que el momento para que los refugiados regresaran a casa hace mucho tiempo que pasó. Él y otros políticos cristianos advierten a los votantes de que la abrumadora población refugiada musulmana suní siria es una amenaza para la identidad nacional del Líbano. Muchos políticos musulmanes chiíes dicen a sus votantes que no debe haber más musulmanes suníes en el Líbano.
Irán y sus basij chiíes irrumpieron en la región, entre otras razones, para ayudar a reducir la población suní de Siria en unos diez millones y que así Teherán tuviera un mejor control de sus proyectos. Para conseguir este objetivo allí, cada vez hay más esquemas ilegales de limpieza étnica civil y traslados de población en nombre de los “acuerdos de reconciliación” o “zonas de reducción de conflictos”. En pocas palabras, si uno apoya al régimen de Asad (la mayor parte de los chiíes), la persona quiere que los refugiados que buscan seguridad en el Líbano sean devueltos a Siria para enfrentarse a su destino. Si uno se opone al régimen de Asad (mayoría suní), es probable que quiera que los refugiados sirios reciban el estatuto de refugiado internacional y asistencia humanitaria hasta que puedan volver a salvo a casa.
Las Naciones Unidas y los grupos de los derechos humanos insisten en que en Siria no hay seguridad para que los refugiados puedan volver a casa. El país ha sufrido daños catastróficos, y muchos hombres dicen que tienen miedo de que les arresten cuando regresen, con acusaciones de haber escapado para evitar la llamada a filas o por tener familiares que apoyan la oposición al régimen de Asad. Sin embargo, según Human Rights Watch, las autoridades locales del Líbano están obligando a los sirios a abandonar sus ciudades en violación de sus derechos como refugiados y residentes. HRW ha informado también esta semana de que: “Las autoridades locales de varios municipios expulsaron en masa a refugiados sirios, colocando avisos de expulsión en sus puertas y, en ocasiones, enviando a la policía a intimidarles físicamente si no los cumplían”.
Los refugiados sirios se enfrentan también a numerosas barreras al empleo, educación y vivienda en el Líbano, viéndose muchos de ellos obligados a sobrevivir en la “economía sumergida” al no disponer de documentación, porque el Líbano ordenó al ACNUR en 2015 que dejara de hacer registro de refugiados.
En la reunión en Bruselas de naciones donantes para recaudar dinero para los vecinos de Siria que albergan a los refugiados de la guerra, un importante grupo internacional por los derechos humanos y la Agencia para los Refugiados de la ONU afirmaron que las autoridades libanesas están expulsando a los refugiados de las ciudades y campamentos en el país en base a motivos legales más que cuestionables. Algunos refugiados sirios han informado esta semana que cuando iban a pedir ayuda de las autoridades locales para que detuvieran las expulsiones sumarias, se les respondía: “Vuélvete a Siria”. HRW ha documentado expulsiones en 13 ciudades y pueblos que, a partir de 2016, han puesto en la calle a más de 3.600 sirios. Se dijo que el ejército libanés expulsó a otros 7.500 refugiados que había cerca de una base militar en las navidades de 2017.
Mientras tanto, a primeros de mes, la agencia policial de seguridad general del Líbano, que se encarga de la seguridad fronteriza, escoltó a 500 refugiados que estaban en las granjas de la Shebaa, en la zona del sur del Líbano, con instrucciones de devolverles a sus pueblos en el oeste de Siria. La ONU no participó en la operación afirmando que no creía que Siria fuera lo suficientemente segura para que pudieran volver. Según el ACNUR, otras 1.300 familias sirias fueron desalojadas de sus campos y casas en el valle de la Bekaa en 2017. Se dijo que cerca del 60% de las expulsiones habían sido ordenadas por la inteligencia militar libanesa; el 30% por las autoridades locales.
Lamentablemente, existen inmensas barreras para que millones de sirios en los países vecinos y en Europa quieran volver a su país. Se ha estimado que más de tres millones de refugiados de Siria están siendo buscados por varias agencias de seguridad del régimen y que es muy difícil averiguar si uno está en esas listas. Muchos de los que volvieron a Siria han desaparecido sin dejar rastro, y sus familias están muy preocupadas ante la posibilidad de que puedan haber acabado en alguno de los “mataderos” de la seguridad de Siria, ampliamente denunciados por las organizaciones de derechos humanos y los desertores del régimen.
Millones de sirios desplazados pueden perder sus hogares y propiedades
En función de una nueva ley de propiedades emitida por el gobierno sirio a instancias de Qassem Soleimani [general iraní responsable de la Fuerza Quds de Irán], los sirios tienen sólo 30 días para acreditar y registrar la propiedad de sus casas. Introducida el 2 de abril de 2018, la Ley 10 pone en marcha una revisión masiva del catastro del gobierno por toda Siria. La Ley 10, como es comúnmente llamada, da a los propietarios de inmuebles que se encuentren, bien en Siria o bien en el extranjero, sólo 30 días –que empezaron a correr a partir el 11 de abril de 2018- para presentar sus escrituras en las oficinas locales del registro de todo el país. Si no es así, el Estado puede liquidar sus títulos y apropiarse de sus casas y terrenos. Una vez cerrada la ventanilla de registro, “las parcelas restantes se venderán en subasta”, según el artículo 31 de la mencionada ley. Se espera que miles de millones de dólares en propiedades inmobiliarias vayan a manos de ciertos “inversores” que cuentan con las bendiciones del régimen, mientras millones de sirios, principalmente suníes, pierden sus propiedades en Siria. Se estima que alrededor de 5,7 millones de sirios han huido del país como refugiados, y que 6,5 millones de seres más están desplazados en el interior de Siria, lo que haría que más de 12 millones de sirios van a correr el riesgo de perder sus hogares. La ONU calcula que sólo el 9% de los sirios que escaparon de la carnicería conservan sus títulos de propiedad. La mayor parte de los refugiados los perdió durante la guerra. Pero hay muchas otras barreras a la espera de ese 9%.
Quizá lo más terrible para los opositores al régimen, que constituyen la gran mayoría de la población siria que se vio obligada a huir, así como quienes no pueden ya escapar, todos los propietarios que deseen registrar sus tierras deben primero obtener el permiso de varias autoridades de la seguridad del régimen. La necesidad de tal autorización de seguridad podría excluir a la mayoría de la población siria de dentro y fuera del país que tengan órdenes de arresto pendientes o actitudes antigubernamentales.
Si no cuentan con la aprobación de las agencias de seguridad, los refugiados sirios no podrán demostrar la propiedad de sus bienes, que acabarán vendidos en subasta o reclamados por otra persona que apoye al régimen o que forme parte de cierta secta progubernamental.
La ley 10 se ha presentado inmediatamente después de que el gobierno sirio haya recuperado, a principios de abril, Guta oriental, una de las últimas zonas rebeldes que quedaban cerca de Damasco. El traslado forzoso de más de 60.000 residentes al territorio de la oposición sume en la incertidumbre el destino de miles de propiedades cercanas a Damasco. Bajo la nueva ley, los antiguos residentes en el enclave necesitarán ahora que algún familiar registre sus propiedades en su nombre o arriesgarse a que los arresten si vuelven al territorio
Una abogada de Damasco informa que el momento en el que se ha presentado la Ley 10 hace que sus motivos sean más que sospechosos. “La elección del momento del decreto, teniendo en cuenta que la guerra ha ocasionado millones de desplazados y la creación de refugiados que no pueden regresar a sus hogares debido a la situación de la seguridad, crea muchas dudas”, dijo. Incluso antes de esa reciente ley, las agencias de la ayuda internacional advirtieron de las ramificaciones legales alrededor de la cuestión de las propiedades perdidas o dañadas en Siria. Un informe del Norwegian Refugee Council de febrero pasado estimaba que el Estado podría tener que enfrentarse a más de dos millones de demandas de sirios que buscan la restitución de sus propiedades perdidas o dañadas en el curso de la guerra.
Como se informaba en un reciente informe del Carnegie Middle East Center, el tema de los títulos y escrituras de propiedad en Siria es enormemente complicado por la existencia de sistemas administrativos paralelos que surgieron en el mosaico de áreas de oposición durante el conflicto. Cuando las fuerzas del gobierno recuperan esas zonas, la documentación generada durante el tiempo que estuvo allí la oposición es destruida a menudo.
El conflicto sirio ha provocado la destrucción de los registros de la propiedad sirios también por motivos sectarios. Por ejemplo, cuando una zona suní ha sido despoblada, la Oficina del Registro de la Propiedad es a menudo incendiada por los seguidores chiíes del régimen a fin de facilitar las transferencias de población. Esta práctica se ha llevado a cabo extensamente desde el norte de Damasco a Homs y Alepo, hasta el gobernorado de Latakia, para asegurar la zona y afianzar el futuro control de las sectas no rebeldes y para el proyecto del corredor “De Teherán al Mediterráneo”.
Este observador cree que pasarán varios años antes de que la mayor parte de los refugiados sirios que se hallan en el Líbano u otros países puedan volver a su tan amado pero tan inmensamente destruido país. La guerra está lejos de terminar porque las milicias y rebeldes “derrotados” se reagrupan y lanzan guerras asimétricas y de guerrillas que probablemente duren indefinidamente hasta que haya un nuevo orden que garantice al ciudadano medio sirio dignidad, derechos civiles completos, oportunidades económicas y participación en el gobierno nacional y local. Intensas operaciones militares siguen en curso en varias regiones, provocando nuevas oleadas de desplazamientos de población.
Siria sigue fragmentada en múltiples zonas de influencia, aumentando las posibilidades de conflictos futuros. Incluso las zonas de desescalada han resultado ser inestables, habiéndose registrado numerosas violaciones en los últimos meses.
La cuarta parte, aproximadamente, de los sirios vive en el exilio y casi un tercio están internamente desplazados. Sin embargo, sus prioridades no están representadas en las tan cacareadas “negociaciones” sobre un acuerdo político de posguerra. El proceso de Ginebra y las conversaciones de Astana se han centrado en los esfuerzos de “estabilización” y “desescalada”, ignorando en gran medida la gravísima situación de los refugiados y de las poblaciones internamente desplazadas.
Desde la perspectiva de los refugiados sirios en el Líbano, y en vista de la situación actual en Siria, es cada vez más improbable que puedan volver en los próximos años. Y va a depender de cuestiones que escapan a su control.
El gobierno del Líbano debería continuar recibiendo patrocinio internacional para ayudar a los refugiados sirios siempre que pueda haber un control de cómo se utilizan los fondos y si trata a los refugiados sirios de acuerdo a los principios y estándares establecidos en el artículo 33 (1) de la Convención de la ONU de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece: “ Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Aunque el Líbano se ha negado a firmar esa Convención, no obstante está plenamente obligado por sus disposiciones, en virtud de las normas de derecho internacional consuetudinario, incluida la prohibición del regreso forzoso (no devolución).
Franklin Lamb trabaja en la actualidad como voluntario de la ONG Meals for Syrian Refugee Children Lebanon (MSRCL), que trata de ofrecer comidas nutritivas a los niños refugiados sirios, y de otros países, en el Líbano
Fuente: https://www.counterpunch.org/2018/04/27/lebanons-politicians-insist-syrian-refugees-return-home-but-to-what/
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