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La Casa Blanca entra en guerra contra la Corte Penal Internacional

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El consejero presidencial estadounidense para la Seguridad Nacional, John Bolton, anunció en Washington, ante la Federalist Society, el plan de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional [1].
Creada por el Estatuto de Roma (1998), la Corte Penal Internacional goza de jurisdicción universal para perseguir presuntos responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Desde 2010, debería dedicarse también a perseguir los crímenes de agresión y es posible que en el futuro persiga los crímenes contra el medioambiente.
Pero esta institución no respeta el principio de separación de poderes ya que incluye simultáneamente los magistrados de la Corte y la oficina del fiscal.
Las grandes potencias –China, Estados Unidos y Rusia– no reconocen la Corte Penal Internacional, principalmente por tratarse de una jurisdicción con carácter supranacional.
La Corte Penal Internacional ha abierto hasta ahora investigaciones sobre hechos ocurridos en Uganda (2004), en la República Democrática del Congo (2004), en la República Centroafricana (2004 y 2014), en Sudán (2005), Kenya (2010), Libia (2011), Costa de Marfil (2011), Mali (2013), Georgia (2016) y Burundi (2017).
Esa Corte ha condenado únicamente personalidades africanas. Por esa razón, numerosos Estados africanos la consideran una herramienta del colonialismo europeo. Burundi ya se retiró de esa instancia, mientras que Sudáfrica y Gambia han iniciado tramites en ese sentido.
El primer fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, utilizó ese cargo para prestar servicio a la OTAN, lanzando contra los dirigentes libios fieles a Kadhafi una serie de acusaciones basadas únicamente en artículos publicados en la prensa occidental. En plena guerra contra Libia, el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo mintió al anunciar que Saif al-Islam Kadhafi, hijo del Guía libio, había sido arrestado y trasladado a La Haya para ser juzgado por la Corte. Posteriormente, ya fuera de ese cargo y de regreso a su práctica como abogado, Luis Moreno Ocampo sobornó a miembros del personal de la Corte Penal Internacional en beneficio de sus clientes.
En el momento de la fundación de la Corte, John Bolton firmó la carta oficial de Estados Unidos contra su creación y se indignó ante la posibilidad de que esa instancia pudiese llegar en algún momento a abrir investigaciones contra algún estadounidense.
El 10 de septiembre de 2018, John Bolton, ahora consejero presidencial para la Seguridad Nacional, declaró que la Corte Penal Internacional ya está muerta y anunció que Estados Unidos tomará medidas los magistrados de esa instancia internacional, incluyendo la prohibición de entrada en Estados Unidos y la congelación de sus fondos en ese país.
El consejero del presidente de Estados Unidos agregó que todo país que entregue algún estadounidense a la Corte Penal Internacional o participe de alguna manera en acciones de esa Corte contra ciudadanos estadounidenses será objeto de sanciones por parte de Washington.