LONDRES, Reino Unido.- Sólo cinco meses después de la salida de
Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) y tras una desaceleración de la
economía británica, crecen cada vez más los pedidos de activistas,
políticos y empresarios para que el gobierno de la primera ministra
conservadora Theresa May convoque a un segundo referéndum sobre el
llamado Brexit.
De acuerdo a un “sondeo de sondeos” elaborado por la consultora Survation para el Channel 4 de Londres el pasado 5 de noviembre, 43% de la población británica está ahora de acuerdo con una segunda consulta popular sobre el acuerdo en torno al Brexit que logre May con Bruselas.
De unas 20 mil personas consultadas, cuatro de cada diez dijo que quiere un segundo referéndum que permita decidir si se acepta el acuerdo de salida o la permanencia dentro de la UE. Por su parte, 37% de los entrevistados dijo oponerse a un voto bajo esos términos.
Un segundo referéndum sería apoyado por el 63% de aquellos británicos que votaron en 2016 por la permanencia británica en el bloque comunitario, aunque darían su apoyo sólo 20% de aquellos que votaron inicialmente por la salida de la UE.
Una segunda consulta pública que ofrezca a los electores la posibilidad de decidir entre un acuerdo con Bruselas o un no-acuerdo fue apoyada por el 38% de los consultados, pero rechazada por 39%, mientras que el 23% dijo no tener aún una posición definida.
Y una tercera posibilidad, entre aceptar un acuerdo o reabrir las negociaciones con vistas a conseguir un mejor acuerdo, fue apoyada por el 39%, y rechazada por el 37% de los entrevistados.
El “sondeo de sondeos” se dio a conocer un día después de que unos 70 empresarios y directores de las principales empresas británicas publicaron una carta abierta en el semanario The Sunday Times, reclamando a Theresa May que convoque a un segundo referéndum por el acuerdo del Brexit.
Entre los firmantes están el director ejecutivo de la cadena de supermercados Waterstones, Justin King; el cofundador de la empresa Innocent Drinks, Richard Reed; Martha Lane Fox, propietaria de la firma Lastminute.com; Paul Myners, expresidente de la cadena Marks and Spencer.
La misiva concluyó que un “Brexit destructivo” dañará profundamente la economía británica.
Los firmantes de la carta abierta forman parte de una coalición llamada “Business for a People’s Vote” (Empresarios por un voto popular).
“A la comunidad empresarial se nos había prometido que si el país votaba por abandonar la Unión Europea, seguiríamos comerciando sin problemas con el bloque y que tendríamos certidumbres acerca de las relaciones futuras necesarias para invertir a largo plazo”, indicó la misiva.
“A pesar de los mejores esfuerzos de la primera ministra, las propuestas que fueron discutidas por el gobierno y por la Comisión Europea no cumplen para nada con esto. Las incertidumbres en los últimos dos años ya han provocado una caída en la inversión”, agregó.
Según los empresarios británicos, el Reino Unido enfrenta “una venda en los ojos o un Brexit duro destructivo”.
“Teniendo en cuenta que ninguna de estas dos opciones estaba en la papeleta del referéndum celebrado en 2016, creemos que la decisión final debería ser de la población en una segunda consulta popular”, concluyó.
Al reclamo del sector empresarial se sumó el exprimer ministro Tony Blair, quien consideró que la población británica debería tener el derecho de votar nuevamente si quiere o no abandonar finalmente la UE, ya que de otro modo enfrentará “ya sea un Brexit sin sentido o uno muy doloroso”.
Para el exjefe de los laboristas, fue un “grave error” haber votado por la salida del bloque comunitario en un momento en que el crecimiento económico de China implica que Europa “debe estar más unida que nunca a la hora de negociar acuerdos comerciales”, además de “preservar sus valores, mantener sus influencias y conseguir hacer crecer sus intereses”.
“Estoy 100% opuesto al Brexit y no descansaré ni un minuto hasta que pueda detenerlo”, dijo Blair el pasado 7 de noviembre durante una ponencia en la Cumbre de la Web en Lisboa.
“Creo que es posible frenar el Brexit. La salida de la UE no está en los intereses políticos ni económicos, y además debilitará no sólo a Gran Bretaña, sino también a Europa”, subrayó el exmandatario.
Blair, que habló sobre su país y el futuro europeo, dijo además que un segundo referéndum es posible “si el Parlamento rechaza el acuerdo que alcance Theresa May” con Bruselas.
“En mi opinión, una elección general en Gran Bretaña es altamente improbable debido a la situación que se encuentra el Partido Conservador, al menos que sea un acto suicida, algo que en no podemos descartar en el clima político de hoy”, dijo.
Indicó que si no se convoca a una elección “la opción de un no-acuerdo es absurda, por lo que cual debería permitírsele a la población decidir en un segundo referéndum”.
Los reclamos se producen semanas después que que cerca de un millón de británicos salieron a las calles de Londres y otras ciudades del Reino Unido para reclamar un segundo referéndum y la posibilidad de permanecer dentro de la UE. La manifestación del 20 de octubre pasado en la capital británica fue la más multitudinaria hasta el momento en oposición al Brexit.
Tras los reiterados reclamos, May indicó que convocar a una segunda consulta popular “sería traicionar la confianza de la gente”.
“No habrá ningún segundo referéndum. La gente votó en junio de 2016 y ya dio su opinión al respecto. Ahora nos toca a los políticos dar las soluciones”, indicó la jefa del Gobierno.
Lo cierto es que una reunión clave prevista para este jueves 8 de noviembre en la residencia gubernamental de Downing Street para discutirse la posición final de Gran Bretaña en el último tramo de las negociaciones por el Brexit, fue pospuesta por varios días tras una fuerte disputa sobre aspectos legales de un eventual acuerdo con Bruselas.
Varios ministros a favor del llamado “Brexit duro”, que no buscan acuerdo alguno con la UE, quieren salvaguardas legales para evitar que el Reino Unido permanezca dentro del mercado común de forma indeterminada. Dentro de ese grupo se encuentra el funcionario Michael Gove, uno de los principales políticos que hizo campaña a favor del Brexit previo al referéndum de 2016.
También estaba planeado discutirse en la reunión la situación fronteriza entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, un punto espinoso en las negociaciones por el Brexit. El gobierno británico quiere evitar a toda costa puestos fronterizos que puedan amenazar el Acuerdo de Paz del Viernes Santo (1998) y llevar a nuevos enfrentamientos sectarios.
Al respecto, el fiscal general del Reino Unido, Geoffrey Cox, advirtió al gobierno que si Gran Bretaña insiste en conseguir una salida unilateral al llamado backstop, que garantiza la permanencia temporal en la unión aduanera, aumentará el riesgo de un no acuerdo ya que la UE no está dispuesta a aceptarlo.
May quiere un compromiso de Bruselas para aceptar que la medida de salvaguarda o backstop se aplique a todo el Reino Unido y no exclusivamente a Irlanda del Norte.
Por su parte, la bancada laborista, los liberales democráticos y el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte demandaron que las salvaguardas legales se den a conocer públicamente.
El laborista Keir Starmer, secretario para el Brexit en la oposición, sostuvo que ese documento legal debería además ser enviado a cada uno de los parlamentarios británicos para su adecuado escrutinio.
Tanto Gran Bretaña como la UE han indicado que aceptarán que todo el territorio del Reino Unido, incluida Irlanda del Norte, permanezca de forma temporaria dentro de la unión aduanera, aunque aún no se determinó de qué forma ese convenio dejaría de hacerse efectivo.
Las incertidumbres acerca de un posible acuerdo o la opción de un no-acuerdo están afectando severamente a la economía británica, que en octubre pasado registró su peor mes en materia de productividad desde julio de 2016.
El índice IHS Markit de productividad y manufacturación cayó a 51.1 puntos, su marca más baja desde el referéndum por el Brexit, tras haber registrado 53.6 puntos en septiembre.
También se contrajo el sector del empleo y de nuevos pedidos para empresas.
“El mes de octubre registró una preocupante tendencia para el sector de manufacturación de Gran Bretaña”, afirmó el director de IHS Markit, Rob Dobson. “Si continúa la tendencia actual, la producción industrial podría contraerse en el cuatro trimestre del año en un 0,2%”, agregó.
El sector de la manufacturación representa cerca del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) británico.
La demanda externa cayó por segunda vez en tres meses, en tanto que muchas compañías británicas indicaron que las incertidumbres por el Brexit se están traduciendo en menos contratos con la UE. Además, el sector de la manufactura expresó serias preocupaciones acerca de que posibles demoras fronterizas tras el Brexit puedan afectar los procesos de producción y distribución en el Reino Unido.
A dichas incertidumbres se suman las tensiones globales por el comercio, una débil demanda en el sector mundial de las automotrices, como también una caída del valor de la libra esterlina frente al dólar y al euro debido al Brexit.
Cuando quedan menos de cinco meses para el plazo de salida de la UE, previsto para el 29 de marzo de 2019, resta por ver si Gran Bretaña finalmente abandonará la Unión tras 46 años en el bloque comunitario, o por el contrario permitirá que la población pueda decidir su futuro en un segundo referéndum.
De acuerdo a un “sondeo de sondeos” elaborado por la consultora Survation para el Channel 4 de Londres el pasado 5 de noviembre, 43% de la población británica está ahora de acuerdo con una segunda consulta popular sobre el acuerdo en torno al Brexit que logre May con Bruselas.
De unas 20 mil personas consultadas, cuatro de cada diez dijo que quiere un segundo referéndum que permita decidir si se acepta el acuerdo de salida o la permanencia dentro de la UE. Por su parte, 37% de los entrevistados dijo oponerse a un voto bajo esos términos.
Un segundo referéndum sería apoyado por el 63% de aquellos británicos que votaron en 2016 por la permanencia británica en el bloque comunitario, aunque darían su apoyo sólo 20% de aquellos que votaron inicialmente por la salida de la UE.
Una segunda consulta pública que ofrezca a los electores la posibilidad de decidir entre un acuerdo con Bruselas o un no-acuerdo fue apoyada por el 38% de los consultados, pero rechazada por 39%, mientras que el 23% dijo no tener aún una posición definida.
Y una tercera posibilidad, entre aceptar un acuerdo o reabrir las negociaciones con vistas a conseguir un mejor acuerdo, fue apoyada por el 39%, y rechazada por el 37% de los entrevistados.
El “sondeo de sondeos” se dio a conocer un día después de que unos 70 empresarios y directores de las principales empresas británicas publicaron una carta abierta en el semanario The Sunday Times, reclamando a Theresa May que convoque a un segundo referéndum por el acuerdo del Brexit.
Entre los firmantes están el director ejecutivo de la cadena de supermercados Waterstones, Justin King; el cofundador de la empresa Innocent Drinks, Richard Reed; Martha Lane Fox, propietaria de la firma Lastminute.com; Paul Myners, expresidente de la cadena Marks and Spencer.
La misiva concluyó que un “Brexit destructivo” dañará profundamente la economía británica.
Los firmantes de la carta abierta forman parte de una coalición llamada “Business for a People’s Vote” (Empresarios por un voto popular).
“A la comunidad empresarial se nos había prometido que si el país votaba por abandonar la Unión Europea, seguiríamos comerciando sin problemas con el bloque y que tendríamos certidumbres acerca de las relaciones futuras necesarias para invertir a largo plazo”, indicó la misiva.
“A pesar de los mejores esfuerzos de la primera ministra, las propuestas que fueron discutidas por el gobierno y por la Comisión Europea no cumplen para nada con esto. Las incertidumbres en los últimos dos años ya han provocado una caída en la inversión”, agregó.
Según los empresarios británicos, el Reino Unido enfrenta “una venda en los ojos o un Brexit duro destructivo”.
“Teniendo en cuenta que ninguna de estas dos opciones estaba en la papeleta del referéndum celebrado en 2016, creemos que la decisión final debería ser de la población en una segunda consulta popular”, concluyó.
Al reclamo del sector empresarial se sumó el exprimer ministro Tony Blair, quien consideró que la población británica debería tener el derecho de votar nuevamente si quiere o no abandonar finalmente la UE, ya que de otro modo enfrentará “ya sea un Brexit sin sentido o uno muy doloroso”.
Para el exjefe de los laboristas, fue un “grave error” haber votado por la salida del bloque comunitario en un momento en que el crecimiento económico de China implica que Europa “debe estar más unida que nunca a la hora de negociar acuerdos comerciales”, además de “preservar sus valores, mantener sus influencias y conseguir hacer crecer sus intereses”.
“Estoy 100% opuesto al Brexit y no descansaré ni un minuto hasta que pueda detenerlo”, dijo Blair el pasado 7 de noviembre durante una ponencia en la Cumbre de la Web en Lisboa.
“Creo que es posible frenar el Brexit. La salida de la UE no está en los intereses políticos ni económicos, y además debilitará no sólo a Gran Bretaña, sino también a Europa”, subrayó el exmandatario.
Blair, que habló sobre su país y el futuro europeo, dijo además que un segundo referéndum es posible “si el Parlamento rechaza el acuerdo que alcance Theresa May” con Bruselas.
“En mi opinión, una elección general en Gran Bretaña es altamente improbable debido a la situación que se encuentra el Partido Conservador, al menos que sea un acto suicida, algo que en no podemos descartar en el clima político de hoy”, dijo.
Indicó que si no se convoca a una elección “la opción de un no-acuerdo es absurda, por lo que cual debería permitírsele a la población decidir en un segundo referéndum”.
Los reclamos se producen semanas después que que cerca de un millón de británicos salieron a las calles de Londres y otras ciudades del Reino Unido para reclamar un segundo referéndum y la posibilidad de permanecer dentro de la UE. La manifestación del 20 de octubre pasado en la capital británica fue la más multitudinaria hasta el momento en oposición al Brexit.
Tras los reiterados reclamos, May indicó que convocar a una segunda consulta popular “sería traicionar la confianza de la gente”.
“No habrá ningún segundo referéndum. La gente votó en junio de 2016 y ya dio su opinión al respecto. Ahora nos toca a los políticos dar las soluciones”, indicó la jefa del Gobierno.
Lo cierto es que una reunión clave prevista para este jueves 8 de noviembre en la residencia gubernamental de Downing Street para discutirse la posición final de Gran Bretaña en el último tramo de las negociaciones por el Brexit, fue pospuesta por varios días tras una fuerte disputa sobre aspectos legales de un eventual acuerdo con Bruselas.
Varios ministros a favor del llamado “Brexit duro”, que no buscan acuerdo alguno con la UE, quieren salvaguardas legales para evitar que el Reino Unido permanezca dentro del mercado común de forma indeterminada. Dentro de ese grupo se encuentra el funcionario Michael Gove, uno de los principales políticos que hizo campaña a favor del Brexit previo al referéndum de 2016.
También estaba planeado discutirse en la reunión la situación fronteriza entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, un punto espinoso en las negociaciones por el Brexit. El gobierno británico quiere evitar a toda costa puestos fronterizos que puedan amenazar el Acuerdo de Paz del Viernes Santo (1998) y llevar a nuevos enfrentamientos sectarios.
Al respecto, el fiscal general del Reino Unido, Geoffrey Cox, advirtió al gobierno que si Gran Bretaña insiste en conseguir una salida unilateral al llamado backstop, que garantiza la permanencia temporal en la unión aduanera, aumentará el riesgo de un no acuerdo ya que la UE no está dispuesta a aceptarlo.
May quiere un compromiso de Bruselas para aceptar que la medida de salvaguarda o backstop se aplique a todo el Reino Unido y no exclusivamente a Irlanda del Norte.
Por su parte, la bancada laborista, los liberales democráticos y el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte demandaron que las salvaguardas legales se den a conocer públicamente.
El laborista Keir Starmer, secretario para el Brexit en la oposición, sostuvo que ese documento legal debería además ser enviado a cada uno de los parlamentarios británicos para su adecuado escrutinio.
Tanto Gran Bretaña como la UE han indicado que aceptarán que todo el territorio del Reino Unido, incluida Irlanda del Norte, permanezca de forma temporaria dentro de la unión aduanera, aunque aún no se determinó de qué forma ese convenio dejaría de hacerse efectivo.
Las incertidumbres acerca de un posible acuerdo o la opción de un no-acuerdo están afectando severamente a la economía británica, que en octubre pasado registró su peor mes en materia de productividad desde julio de 2016.
El índice IHS Markit de productividad y manufacturación cayó a 51.1 puntos, su marca más baja desde el referéndum por el Brexit, tras haber registrado 53.6 puntos en septiembre.
También se contrajo el sector del empleo y de nuevos pedidos para empresas.
“El mes de octubre registró una preocupante tendencia para el sector de manufacturación de Gran Bretaña”, afirmó el director de IHS Markit, Rob Dobson. “Si continúa la tendencia actual, la producción industrial podría contraerse en el cuatro trimestre del año en un 0,2%”, agregó.
El sector de la manufacturación representa cerca del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) británico.
La demanda externa cayó por segunda vez en tres meses, en tanto que muchas compañías británicas indicaron que las incertidumbres por el Brexit se están traduciendo en menos contratos con la UE. Además, el sector de la manufactura expresó serias preocupaciones acerca de que posibles demoras fronterizas tras el Brexit puedan afectar los procesos de producción y distribución en el Reino Unido.
A dichas incertidumbres se suman las tensiones globales por el comercio, una débil demanda en el sector mundial de las automotrices, como también una caída del valor de la libra esterlina frente al dólar y al euro debido al Brexit.
Cuando quedan menos de cinco meses para el plazo de salida de la UE, previsto para el 29 de marzo de 2019, resta por ver si Gran Bretaña finalmente abandonará la Unión tras 46 años en el bloque comunitario, o por el contrario permitirá que la población pueda decidir su futuro en un segundo referéndum.
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