Con su tradicional mayoría a la que desde siempre se le colgó el
apodo de “la aplanadora”, y que ahora con los integrantes de Morena
está resultando más lo mismo, en 2008 los diputados federales priístas
reprobaron la cuenta pública del entonces presidente de la República:
Felipe Calderón Hinojosa; y como ha sido siempre, no pasó a mayores. Es
decir, no se le fincaron responsabilidades conducentes a aclarar el uso
que este personaje dio a los dineros del pueblo durante el mencionado
periodo.
En los tiempos que corren, apenas a finales del pasado octubre, se realizó la revisión de la cuenta pública de 2016, año que ya corresponde a la gestión de Enrique Peña Nieto. Y resulta que los morenistas encontraron desvíos, ampliaciones presupuestarias para gastar más de lo originalmente autorizado, aumento (¡a lo bestia!, para expresarlo correctamente) de la deuda pública externa, irregularidades en el otorgamiento de contratos… con el grave agregado de que hay 13 mil millones sin comprobar de lo ejercido por los tres poderes federales; o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a nivel federal.
Así que se insiste, según la información, no fue aprobada la cuenta peñista y, sin embargo, nada ha pasado y seguramente nada pasará. Y eso que los lopezobradoristas juraron a lo largo de todas sus campañas y hasta la fecha, sancionar la corrupción. Los reporteros Fernando Damián y Elia Castillo, como Claudia Salazar (ésta de Reforma, 31 de octubre de 2018), ofrecieron a los lectores un detallado informe de lo que se llama “reprobar” la cuenta pública; aunque lo correcto es: no aprobarla. Por lo que se debe citar a Peña y a todos sus empleados para que expliquen los faltantes y gastos no aprobados que han motivado que las cuentas no sean lo suficientemente claras que su gestión exige. Para que en caso de que no logren satisfacer con pruebas el ejercicio legítimo de semejante cantidad, finalmente sean llevados a juicio político para fincarles responsabilidades constitucionales, penales y administrativas; y encarcelarlos de inmediato como mínima sanción.
Aquí hay que detenerse a insistir, una vez más, en que es claro que Peña y sus peñistas abusaron del poder para torcer a su antojo y beneficio además de autoritaria y despóticamente, el destino del presupuesto de egresos, ya que gastaron más de lo aprobado y supuestamente gran parte se la embolsaron, puesto que nadie de ellos ha explicado a dónde fueron a parar esos recursos, empezando por los billones que Peña contrató de deuda externa; Robles en Sedesol; Ruiz Esparza en Comunicaciones; los tres secretarios en Educación; Videgaray en Hacienda; Murillo Káram en la pgr; Navarrete Prida en Trabajo… ¡Lozoya Austin en Pemex-Odebrecht! Así como un interminable etcétera.
Lo cierto es que esa corrupción empobreció aún más a los 55 millones de mexicanos que se debaten en todas las modalidades de la pobreza: desde la pobreza a secas hasta la hambruna que asuela a muchos millones, entre los que se encuentran los indígenas olvidados por todos los gobiernos. Esos gobiernos que sólo se acuerdan de ellos para presumir las tradiciones que como pantomima dicen celebrar. Estrato de donde salió el grueso de los 30 millones de votos que le permitió a Andrés Manuel López Obrador arrasar a en las urnas en los pasados comicios, para casi aniquilar a los partidos del triángulo corruptor: PRI-PAN-prd. Un partido Acción Nacional, y el de la Revolución Democrática que están agonizando, junto y pegado con el mismo régimen inaugurado por Miguel Alemán en 1946; el mismo que Peña embalsama en este 2018, después de haber cavado tan profundamente su tumba con su desastroso, corrupto, ineficiente y sangriento desempeño.
Así que como hecho constante en nuestra historia reciente, no hay un sexenio tanto priísta como los dos panistas que han desgobernado a la nación, donde sus grupos no hayan robado a manos llenas, malgastado irresponsablemente y endeudado sin ninguna clase de miramiento al país. Todos a una –intencionalmente por lo general– se han corrompido absolutamente. Es decir, sin lugar a dudas fueron rateros con impunidad y a ninguno se ha responsabilizado de sus actos y omisiones. Y como inicio de un nuevo régimen que aseguró comprometerse a hacer justicia para todos los mexicanos, se podría empezar a responsabilizar –al menos– a Peña y su mancuerna Videgaray; pero parece que ya se acordó un pacto secreto entre Peña y López Obrador con el sello del “perdón y olvido”. Y esto es, a su vez, impunidad.
Mientras, crece imparable la pobreza nacional por no haber invertido lo robado, tanto en empleo, en el campo, en educación, salud, y para solventar todas las necesidades que abruman a los mexicanos. Esto ha llegado a significar un detonador de protestas sociales que pueden estallar. Empero, Peña y los peñistas se irán intocables, y el nuevo régimen habrá perdido la oportunidad que tiene entre sus manos gracias a su aplastante victoria y el apoyo demostrado en las urnas; y que es tan necesaria para dar un ejemplo radical: procesar a Peña y a su camarilla, para que respondan de sus actos económicos-políticos ante la devastación social que se ha generado, debido al empobrecimiento que recrudeció su sexenio y que es una de las causas de la sangrienta inseguridad nacional. Reprobaron los de Morena la cuenta pública 2016 y nada pasó.
Álvaro Cepeda Neri
En los tiempos que corren, apenas a finales del pasado octubre, se realizó la revisión de la cuenta pública de 2016, año que ya corresponde a la gestión de Enrique Peña Nieto. Y resulta que los morenistas encontraron desvíos, ampliaciones presupuestarias para gastar más de lo originalmente autorizado, aumento (¡a lo bestia!, para expresarlo correctamente) de la deuda pública externa, irregularidades en el otorgamiento de contratos… con el grave agregado de que hay 13 mil millones sin comprobar de lo ejercido por los tres poderes federales; o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a nivel federal.
Así que se insiste, según la información, no fue aprobada la cuenta peñista y, sin embargo, nada ha pasado y seguramente nada pasará. Y eso que los lopezobradoristas juraron a lo largo de todas sus campañas y hasta la fecha, sancionar la corrupción. Los reporteros Fernando Damián y Elia Castillo, como Claudia Salazar (ésta de Reforma, 31 de octubre de 2018), ofrecieron a los lectores un detallado informe de lo que se llama “reprobar” la cuenta pública; aunque lo correcto es: no aprobarla. Por lo que se debe citar a Peña y a todos sus empleados para que expliquen los faltantes y gastos no aprobados que han motivado que las cuentas no sean lo suficientemente claras que su gestión exige. Para que en caso de que no logren satisfacer con pruebas el ejercicio legítimo de semejante cantidad, finalmente sean llevados a juicio político para fincarles responsabilidades constitucionales, penales y administrativas; y encarcelarlos de inmediato como mínima sanción.
Aquí hay que detenerse a insistir, una vez más, en que es claro que Peña y sus peñistas abusaron del poder para torcer a su antojo y beneficio además de autoritaria y despóticamente, el destino del presupuesto de egresos, ya que gastaron más de lo aprobado y supuestamente gran parte se la embolsaron, puesto que nadie de ellos ha explicado a dónde fueron a parar esos recursos, empezando por los billones que Peña contrató de deuda externa; Robles en Sedesol; Ruiz Esparza en Comunicaciones; los tres secretarios en Educación; Videgaray en Hacienda; Murillo Káram en la pgr; Navarrete Prida en Trabajo… ¡Lozoya Austin en Pemex-Odebrecht! Así como un interminable etcétera.
Lo cierto es que esa corrupción empobreció aún más a los 55 millones de mexicanos que se debaten en todas las modalidades de la pobreza: desde la pobreza a secas hasta la hambruna que asuela a muchos millones, entre los que se encuentran los indígenas olvidados por todos los gobiernos. Esos gobiernos que sólo se acuerdan de ellos para presumir las tradiciones que como pantomima dicen celebrar. Estrato de donde salió el grueso de los 30 millones de votos que le permitió a Andrés Manuel López Obrador arrasar a en las urnas en los pasados comicios, para casi aniquilar a los partidos del triángulo corruptor: PRI-PAN-prd. Un partido Acción Nacional, y el de la Revolución Democrática que están agonizando, junto y pegado con el mismo régimen inaugurado por Miguel Alemán en 1946; el mismo que Peña embalsama en este 2018, después de haber cavado tan profundamente su tumba con su desastroso, corrupto, ineficiente y sangriento desempeño.
Así que como hecho constante en nuestra historia reciente, no hay un sexenio tanto priísta como los dos panistas que han desgobernado a la nación, donde sus grupos no hayan robado a manos llenas, malgastado irresponsablemente y endeudado sin ninguna clase de miramiento al país. Todos a una –intencionalmente por lo general– se han corrompido absolutamente. Es decir, sin lugar a dudas fueron rateros con impunidad y a ninguno se ha responsabilizado de sus actos y omisiones. Y como inicio de un nuevo régimen que aseguró comprometerse a hacer justicia para todos los mexicanos, se podría empezar a responsabilizar –al menos– a Peña y su mancuerna Videgaray; pero parece que ya se acordó un pacto secreto entre Peña y López Obrador con el sello del “perdón y olvido”. Y esto es, a su vez, impunidad.
Mientras, crece imparable la pobreza nacional por no haber invertido lo robado, tanto en empleo, en el campo, en educación, salud, y para solventar todas las necesidades que abruman a los mexicanos. Esto ha llegado a significar un detonador de protestas sociales que pueden estallar. Empero, Peña y los peñistas se irán intocables, y el nuevo régimen habrá perdido la oportunidad que tiene entre sus manos gracias a su aplastante victoria y el apoyo demostrado en las urnas; y que es tan necesaria para dar un ejemplo radical: procesar a Peña y a su camarilla, para que respondan de sus actos económicos-políticos ante la devastación social que se ha generado, debido al empobrecimiento que recrudeció su sexenio y que es una de las causas de la sangrienta inseguridad nacional. Reprobaron los de Morena la cuenta pública 2016 y nada pasó.
Álvaro Cepeda Neri
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