La vorágine de reformas que Morena impulsa en el Congreso de
la Unión han provocado no solo que sus adversarios políticos sino
organizaciones de la sociedad civil levanten las cejas ante las leyes
que se pretende aprobar antes del 1 de diciembre
Una de ellas es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establece la nueva estructura del gobierno federal, entre lo que se incluye la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los legisladores de oposición acusan que esta Ley pretende centralizar el poder en algunas dependencias del Ejecutivo, sobre todo en materia de seguridad.
En ese supuesto estaría la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se creará y estará en manos de Alfonso Durazo Montaño, centralizará toda la estrategia de seguridad tanto a nivel federal como estatal.
Otro ejemplo está en el diseño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se absorben algunas funciones que tenía cada dependencia, como las compras gubernamentales.
Organizaciones han alertado que el proyecto de dictamen que se aprobará en el Congreso no es el que representantes del gobierno electo trabajaron con la sociedad civil.
Este predictamen que solo fue hecho por legisladores de Morena, acusan, no garantiza de manera alguna la independencia de los fiscales y la erradicación de las malas prácticas en materia de justicia.
La propuesta que será votada en los próximos días modifica el plazo de transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República y lo alarga hasta el año 2027.
Esta es una de las leyes que más urge aprobar a Morena porque solo así podrá nombrarse al titular de la Fiscalía General y a los fiscales Anticorrupción y Contra Delitos Electorales.
Son varias las reformas y nuevas leyes que Morena ha planteado aprobar antes de diciembre para dejar todo el nuevo andamiaje listo, cuando Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente de la República.
Es en esa legislación se establecerá, entre otras cosas, la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con lo que se quitarán las funciones de seguridad a la Secretaría de Gobernación.
En la justificación de la creación de esta dependencia se señala que es necesario separar estas funciones en ambas secretarías para concentrarse mejor en sus labores.
De acuerdo con el anteproyecto de dictamen, del que Reporte Índigo tiene copia, la SSPC se quedará no sólo con el tema de la seguridad pública, sino de la seguridad nacional y la protección civil en caso de desastres.
El punto más polémico de esa parte de la Ley es que queda establecido que es el presidente quien encabezará las tareas de seguridad.
“En la estrategia a desplegar, la coordinación entre las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana, será total y cotidiana, siendo conducida por el Presidente de la República, quien encabezará las tareas del Gabinete de Seguridad, del que formarán parte los titulares de esas dos dependencias, junto con los de Defensa y Marina y, con carácter de invitado, el Fiscal General de la República.
“Unidad de mando; visión común; preeminencia de la visión civil; compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades sociales, son los pilares de la estrategia que se propone”, expone la argumentación del anteproyecto ya trabajado por legisladores de Morena y que fue presentado a diputados y senadores de Oposición este martes.
“La dispersión de facultades y autoridades involucradas directamente con el ejercicio de recursos públicos para compras de bienes y servicios o pago de contratos de obra pública es otra fuente de corrupción y que a mayor dispersión, menor capacidad de fiscalización y control.
“(Se) propone que las actuales oficialías mayores de las secretarías de Estado y otras dependencias de la Administración Pública Federal se transformen en unidades administrativas y que sus titulares, equivalente a los actuales oficiales mayores, sean designados por el Secretario de Hacienda”, expone la argumentación.
Diputados del PAN han alertado, por ejemplo, que el diseño de la SSPC se volverá una nueva “súpersecretaría” que concentrará actividades de seguridad pública, ciudadana e interior.
“Nosotros lo queremos ejemplificar con el regreso que tendremos si es que se aprueba por parte de estos grupos así, muy lamentable de lo que antes fue el ‘Negro’ Durazo, convertido ahora en ‘Moreno’ Durazo, esto nos parece verdaderamente grave, no pueden tratarse las tareas de Inteligencia, en la seguridad pública, si no es en coadyuvancia con la Secretaría de Gobernación”, señaló Adriana Dávila, diputada del PAN.
“Las contrataciones públicas son el principal talón de Aquiles de los gobiernos en materia de corrupción (…) Asimismo, será necesario diseñar ciertos contrapesos a la Secretaría de Hacienda al ser ésta la responsable de realizar las compras por parte del gobierno”, llamó Tagle.
Los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados convocaron a que las comisiones de ambas Cámaras trabajen en este dictamen al mismo tiempo, de tal manera que se procese por las dos y sea aprobado a la brevedad, pues esta es una de las leyes que sí debe estar aprobada antes del 1 de diciembre para que el nuevo gobierno trabaje con su estructura.
Una de ellas es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establece la nueva estructura del gobierno federal, entre lo que se incluye la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los legisladores de oposición acusan que esta Ley pretende centralizar el poder en algunas dependencias del Ejecutivo, sobre todo en materia de seguridad.
En ese supuesto estaría la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se creará y estará en manos de Alfonso Durazo Montaño, centralizará toda la estrategia de seguridad tanto a nivel federal como estatal.
Otro ejemplo está en el diseño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se absorben algunas funciones que tenía cada dependencia, como las compras gubernamentales.
Estas reformas para definir la estructura del gobierno federal se discuten en conferencia de diputados y senadores, con la intención de que en cuanto se apruebe el dictamen, ambas Cámaras lo voten en sus plenos y tenga garantizada su aprobación a la brevedadUna ley que también ha provocado críticas es la de la Fiscalía General de la República, que se discute en el Senado.
Organizaciones han alertado que el proyecto de dictamen que se aprobará en el Congreso no es el que representantes del gobierno electo trabajaron con la sociedad civil.
Este predictamen que solo fue hecho por legisladores de Morena, acusan, no garantiza de manera alguna la independencia de los fiscales y la erradicación de las malas prácticas en materia de justicia.
La propuesta que será votada en los próximos días modifica el plazo de transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República y lo alarga hasta el año 2027.
Esta es una de las leyes que más urge aprobar a Morena porque solo así podrá nombrarse al titular de la Fiscalía General y a los fiscales Anticorrupción y Contra Delitos Electorales.
Son varias las reformas y nuevas leyes que Morena ha planteado aprobar antes de diciembre para dejar todo el nuevo andamiaje listo, cuando Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente de la República.
Nuevo gobierno, nueva estructura
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la que más polvo ha levantado entre los legisladores de Oposición, pues consideran que la nueva estructura gubernamental favorece el centralismo y puede dar lugar a que todo se decida por pocos y no haya transparencia.Es en esa legislación se establecerá, entre otras cosas, la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con lo que se quitarán las funciones de seguridad a la Secretaría de Gobernación.
En la justificación de la creación de esta dependencia se señala que es necesario separar estas funciones en ambas secretarías para concentrarse mejor en sus labores.
De acuerdo con el anteproyecto de dictamen, del que Reporte Índigo tiene copia, la SSPC se quedará no sólo con el tema de la seguridad pública, sino de la seguridad nacional y la protección civil en caso de desastres.
El punto más polémico de esa parte de la Ley es que queda establecido que es el presidente quien encabezará las tareas de seguridad.
“En la estrategia a desplegar, la coordinación entre las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana, será total y cotidiana, siendo conducida por el Presidente de la República, quien encabezará las tareas del Gabinete de Seguridad, del que formarán parte los titulares de esas dos dependencias, junto con los de Defensa y Marina y, con carácter de invitado, el Fiscal General de la República.
“Unidad de mando; visión común; preeminencia de la visión civil; compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades sociales, son los pilares de la estrategia que se propone”, expone la argumentación del anteproyecto ya trabajado por legisladores de Morena y que fue presentado a diputados y senadores de Oposición este martes.
En el caso de la Secretaría de Hacienda, uno de los principales cambios será que se convertirá en el ente que concentrará las compras gubernamentales, con lo que se busca evitar la corrupción y la compra a sobrepreciosAdemás, se busca desaparecer a los oficiales mayores de las dependencias y en su lugar se nombrará a un representante de la Secretaría de Hacienda que se encargará de hacer las contrataciones y compra de materiales que requiera esa dependencia.
“La dispersión de facultades y autoridades involucradas directamente con el ejercicio de recursos públicos para compras de bienes y servicios o pago de contratos de obra pública es otra fuente de corrupción y que a mayor dispersión, menor capacidad de fiscalización y control.
“(Se) propone que las actuales oficialías mayores de las secretarías de Estado y otras dependencias de la Administración Pública Federal se transformen en unidades administrativas y que sus titulares, equivalente a los actuales oficiales mayores, sean designados por el Secretario de Hacienda”, expone la argumentación.
Acusan centralización
Para los legisladores de Oposición, esta Ley significa que el gobierno federal centralizará sus funciones alrededor de la figura presidencial, lo que significa “una vuelta al pasado”.Diputados del PAN han alertado, por ejemplo, que el diseño de la SSPC se volverá una nueva “súpersecretaría” que concentrará actividades de seguridad pública, ciudadana e interior.
“Nosotros lo queremos ejemplificar con el regreso que tendremos si es que se aprueba por parte de estos grupos así, muy lamentable de lo que antes fue el ‘Negro’ Durazo, convertido ahora en ‘Moreno’ Durazo, esto nos parece verdaderamente grave, no pueden tratarse las tareas de Inteligencia, en la seguridad pública, si no es en coadyuvancia con la Secretaría de Gobernación”, señaló Adriana Dávila, diputada del PAN.
Los legisladores opositores a Morena acusan que la SSCP centralizará el poder en materia de seguridad al quitarle atribuciones a la SegobPara Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano y una de las más involucradas en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción desde el Senado, advirtió que las nuevas funciones de la Secretaría de Hacienda en cuanto a compras y contrataciones pueden correr riesgos de opacidad y corrupción.
“Las contrataciones públicas son el principal talón de Aquiles de los gobiernos en materia de corrupción (…) Asimismo, será necesario diseñar ciertos contrapesos a la Secretaría de Hacienda al ser ésta la responsable de realizar las compras por parte del gobierno”, llamó Tagle.
Los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados convocaron a que las comisiones de ambas Cámaras trabajen en este dictamen al mismo tiempo, de tal manera que se procese por las dos y sea aprobado a la brevedad, pues esta es una de las leyes que sí debe estar aprobada antes del 1 de diciembre para que el nuevo gobierno trabaje con su estructura.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario