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Respeto al Poder Judicial, piden presidentes de las salas de la SCJN a Ejecutivo y Legislativo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los presidentes de las dos salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidieron al Congreso y a
la Presidencia de la República respetar la autonomía e independencia de
los jueces si se quiere una verdadera transformación democrática y hacer
valer el estado de Derecho.
Los ministros Norma Piña Hernández y Eduardo Medina Mora, presidentes de la Primera y la Segunda salas, respectivamente, aprovecharon sus informes anuales de labores para defender al Poder Judicial en la confrontación de poderes que ha generado la Ley Federal de Remuneraciones.
“Es de máxima importancia que toda transformación social, verdaderamente democrática, preserve la independencia y autonomía de los jueces”, señaló la presidenta de la Sala encargada de los asuntos civiles y penales que llegan al máximo tribunal.
“Los jueces, magistrados y ministros tienen la encomienda constitucional de hacer efectivos los derechos humanos de los gobernados frente al actuar arbitrario de cualquier autoridad”, añadió la ministra en sesión solemne ante el pleno de ministros.
El Poder Judicial de la Federación y la SCJN son dos de las instituciones que, “aunque perfectibles”, México se ha dado para una convivencia civilizada y democrática, en la idea de “someter todo Poder al derecho y a la Constitución”, sostuvo.
Medina Mora fue aún más directo: El estado de Derecho no puede generarse a menos de que se garantice la independencia de los juzgadores, por lo que se requiere “un compromiso genuino” del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con la preservación de la independencia judicial.
La diferencia entre un Estado democrático de derecho y un régimen que no lo es, no radica en un listado de derechos previstos en una Constitución, sino en un funcional y pertinente sistema de división de poderes y un adecuado modelo de contrapesos, recalcó el presidente de la Sala donde la Corte resuelve los casos judiciales y administrativos, incluidos los fiscales.
Ante la confrontación entre Poderes por la Ley de Remuneraciones, acentuada esta semana por los recursos legales en contra y a favor de la aplicación de la ley, el exprocurador General de la República añadió:
“En un contexto en el que la vida pública parece estar marcada por una lamentable polarización ideológica, la función de los jueces no consiste solamente en leer de manera lógica las normas generales, sino apreciar los hechos en la realidad social, política y económica, y ponderar los principios constitucionales para la estabilidad del país”.
El próximo viernes 14, el ministro Luis María Aguilar dará su último informe de labores como presidente de la Corte, en una ceremonia en la que se espera la presencia de los titulares del Ejecutivo y del Congreso, principales protagonistas de los enfrentamientos entre los tres poderes.
Los ministros Norma Piña Hernández y Eduardo Medina Mora, presidentes de la Primera y la Segunda salas, respectivamente, aprovecharon sus informes anuales de labores para defender al Poder Judicial en la confrontación de poderes que ha generado la Ley Federal de Remuneraciones.
“Es de máxima importancia que toda transformación social, verdaderamente democrática, preserve la independencia y autonomía de los jueces”, señaló la presidenta de la Sala encargada de los asuntos civiles y penales que llegan al máximo tribunal.
“Los jueces, magistrados y ministros tienen la encomienda constitucional de hacer efectivos los derechos humanos de los gobernados frente al actuar arbitrario de cualquier autoridad”, añadió la ministra en sesión solemne ante el pleno de ministros.
El Poder Judicial de la Federación y la SCJN son dos de las instituciones que, “aunque perfectibles”, México se ha dado para una convivencia civilizada y democrática, en la idea de “someter todo Poder al derecho y a la Constitución”, sostuvo.
Medina Mora fue aún más directo: El estado de Derecho no puede generarse a menos de que se garantice la independencia de los juzgadores, por lo que se requiere “un compromiso genuino” del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con la preservación de la independencia judicial.
La diferencia entre un Estado democrático de derecho y un régimen que no lo es, no radica en un listado de derechos previstos en una Constitución, sino en un funcional y pertinente sistema de división de poderes y un adecuado modelo de contrapesos, recalcó el presidente de la Sala donde la Corte resuelve los casos judiciales y administrativos, incluidos los fiscales.
Ante la confrontación entre Poderes por la Ley de Remuneraciones, acentuada esta semana por los recursos legales en contra y a favor de la aplicación de la ley, el exprocurador General de la República añadió:
“En un contexto en el que la vida pública parece estar marcada por una lamentable polarización ideológica, la función de los jueces no consiste solamente en leer de manera lógica las normas generales, sino apreciar los hechos en la realidad social, política y económica, y ponderar los principios constitucionales para la estabilidad del país”.
El próximo viernes 14, el ministro Luis María Aguilar dará su último informe de labores como presidente de la Corte, en una ceremonia en la que se espera la presencia de los titulares del Ejecutivo y del Congreso, principales protagonistas de los enfrentamientos entre los tres poderes.
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