Aunque
el nuevo gobierno mexicano anunció que la búsqueda e identificación de
los desaparecidos es una prioridad, para Mercedes Doretti, fundadora del
Equipo Argentino de Antropología Forense, el compromiso se verá
reflejado en el presupuesto y el personal que se dedique a esta titánica
tarea.
Durante la última jornada de búsqueda de la Brigada Nacional, a fines de enero, el subsecretario de derechos humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, se presentó en Guerrero buscando trasmitir un mensaje de apoyo a las familias. Menos de una semana después, fue el encargado de presentar cómo trabajará este tema el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado públicamente que los desaparecidos son “una prioridad”.
Sin embargo, en el anuncio del plan de trabajo, Encinas sostuvo que el gobierno destinará un monto (400 millones de pesos mexicanos o 21 millones de dólares) menor que el gobierno pasado (568,9 millones de pesos mexicanos o 30 millones de dólares), porque –apuntó el jerarca– el de Enrique Peña Nieto sólo ejecutó 300.000 dólares de los 30 millones previstos. El presupuesto, sostuvo Encinas, se completará con 400.000 dólares del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública de los estados de la República.
Mercedes Doretti prefiere no opinar si este presupuesto es suficiente. Elegida como una de las integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, que creó la ley de desaparición forzada sancionada en 2017, la antropóloga argentina es una eminencia en el tema forense en Latinoamérica y cofundó el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) antes de cumplir los 30 años. Doretti analizó en diálogo con Brecha cuáles son los principales desafíos para atender una de las mayores crisis de derechos humanos de las que se tenga noticia.
Un instituto madre
Según establece la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares (la legislación mexicana creó este tipo penal que no existía en el mundo), deben crearse todavía varias instituciones para que el Sistema Nacional de Búsqueda se ponga en funcionamiento: un padrón nacional de fosas clandestinas, un plan nacional de exhumaciones de fosas comunes, un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas y también 12 de las 23 comisiones estatales de búsqueda que aún restan por crearse y que tendrán una mayor responsabilidad, ya que las instancias federales de justicia (Fiscalía General de la República) tienen menos de 2.000 casos en su fuero. El resto del universo de búsqueda de los 40.180 desaparecidos en México depende de las capacidades que cada estado brinde al tema.
“Hay una serie de cuestiones en las que el Estado tendría que tener un involucramiento mucho más fuerte y centralizado, eso es lo que marca la ley. Va a ser muy importante que la parte presupuestaria acompañe la creación del Sistema Nacional de Búsqueda para que pueda funcionar. Puede fallar por muchas razones, pero una básica es que no tenga presupuesto”, dijo Doretti.
El gobierno mexicano anunció la creación del Instituto Nacional Forense, que tendrá como objetivo primordial “coordinar los servicios forenses del país” y trabajar con los restos no identificados que están dentro del sistema gubernamental, que, según dijo Encinas, son 26.000 cadáveres, pero Doretti confirmó a este medio que no se tiene certeza efectiva del número de cuerpos y fragmentos humanos sin identificar que están bajo custodia estatal (véase Brecha, 16-XI-18).
“Que los familiares estén presentes en las exhumaciones siempre debe ser una opción; otra cosa es que estén obligados a buscar porque nadie busca por ellos o no se busca con suficiente diligencia”, apuntó la antropóloga forense. “Bajo esta administración hay una ventana de oportunidad; esperemos que el gobierno cumpla, pero si se quiere que esto funcione en serio, hay que darle fondos y hay que darle personal”, agregó. “Hay mucha conciencia en los familiares de que hay que cuidar la evidencia y llamar a los peritos en cuanto se cree que hay un hallazgo, pero hay que ver que el motivo por el que las familias salen a buscar es por la ausencia o la insuficiencia del Estado”.
Bases disgregadas, datos confusos
dijo a Brecha que uno de los principales problemas actuales es la fragmentación de la información pericial en la investigación de los casos. Por un lado, están divididos entre el fuero federal y el estatal o común, y a su vez, la práctica forense está “dividida por disciplinas”.
“Hemos visto en distintos servicios forenses que lo que hace el genetista no tiene relación con lo que hace el experto en huellas, aunque estén trabajando en el mismo caso. La ley plantea que ahora es obligatorio hacer dictámenes multidisciplinarios integrados, donde todas las disciplinas que trabajan el mismo caso tienen que unir la información. Si no, también tenemos enormes contradicciones entre disciplinas forenses. Cuando eso lo llevás a bases nacionales, esa contradicción se mantiene”, sostuvo la antropóloga.
Para ejemplificar la forma en que esta diversidad de criterios afecta los resultados de identificación, Doretti se refirió al trabajo realizado por el equipo del primer comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera (sustituido en enero por Karla Quintana). Cabrera realizó uno de los primeros ejercicios nacionales de comparación de huellas dactilares de cuerpos no identificados (subidas a la Plataforma México, que contiene la información digital de los casos del fuero federal y del fuero común) con el registro que tiene el Instituto Nacional Electoral. El resultado dio casi 4.000 correspondencias; sin embargo, el 90 por ciento de esos cuerpos ya habían sido identificados por otros métodos, pero no habían sido actualizados en la base de huellas dactilares. Es decir, esos cuerpos ya habían sido entregados a sus familiares y el registro oficial no lo sabía.
“Lo primero que debería hacerse es centralizar la información y hacer un control de calidad para establecer realmente cuál es el rezago existente”, indicó a Brecha la antropóloga. “Hay una enorme posibilidad de contar un caso dos veces o de contar menos casos, por cómo está armado el sistema”, remató.
Un sistema regional
Doretti también coordina una experiencia única que este mes cumple diez años: un sistema regional de identificación forense dedicado a los migrantes desaparecidos. “Nosotros lo coordinamos, pero no podríamos tener resultados si no es por el trabajo permanente de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en todo el corredor migratorio, en los países de Centroamérica, México y Estados Unidos”, puntualizó.
Inicialmente el Eaaf impulsó la creación de bancos de datos forenses de migrantes no localizados en sus países y estados de origen, porque vieron que, “aun cuando un cuerpo llegaba a una morgue y era bien analizado, la información sobre migrantes desa-parecidos era muy pobre en calidad y cantidad”, lo que hacía casi imposible su identificación. Así, se fundaron iniciativas de ese tipo en El Salvador, Honduras, Guatemala y en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca.
Reunieron tres tipos de datos: las circunstancias de desaparición, los datos físicos del desaparecido y el perfil genético de su familia. “El segundo paso, una vez mejorada la información, es cruzarlos”, pero como no existe un sistema de intercambio de información forense, hicieron decenas de acuerdos con distintas instancias de Estados Unidos y México.
En diez años de trabajo el Proyecto Frontera ha registrado 1.282 casos de migrantes no localizados y 1.218 familias que los buscan. Han recabado 3.413 perfiles genéticos de donantes, con los que han logrado identificar a 190 personas que estaban desaparecidas. “Si México implementa los instrumentos de la ley de desaparición forzada, va a beneficiar a muchos otros países que tienen migrantes desaparecidos”, concluyó Doretti.
Fuente: http://brecha.com.uy/la-prueba-mayor/
Durante la última jornada de búsqueda de la Brigada Nacional, a fines de enero, el subsecretario de derechos humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, se presentó en Guerrero buscando trasmitir un mensaje de apoyo a las familias. Menos de una semana después, fue el encargado de presentar cómo trabajará este tema el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado públicamente que los desaparecidos son “una prioridad”.
Sin embargo, en el anuncio del plan de trabajo, Encinas sostuvo que el gobierno destinará un monto (400 millones de pesos mexicanos o 21 millones de dólares) menor que el gobierno pasado (568,9 millones de pesos mexicanos o 30 millones de dólares), porque –apuntó el jerarca– el de Enrique Peña Nieto sólo ejecutó 300.000 dólares de los 30 millones previstos. El presupuesto, sostuvo Encinas, se completará con 400.000 dólares del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública de los estados de la República.
Mercedes Doretti prefiere no opinar si este presupuesto es suficiente. Elegida como una de las integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, que creó la ley de desaparición forzada sancionada en 2017, la antropóloga argentina es una eminencia en el tema forense en Latinoamérica y cofundó el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) antes de cumplir los 30 años. Doretti analizó en diálogo con Brecha cuáles son los principales desafíos para atender una de las mayores crisis de derechos humanos de las que se tenga noticia.
Un instituto madre
Según establece la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares (la legislación mexicana creó este tipo penal que no existía en el mundo), deben crearse todavía varias instituciones para que el Sistema Nacional de Búsqueda se ponga en funcionamiento: un padrón nacional de fosas clandestinas, un plan nacional de exhumaciones de fosas comunes, un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas y también 12 de las 23 comisiones estatales de búsqueda que aún restan por crearse y que tendrán una mayor responsabilidad, ya que las instancias federales de justicia (Fiscalía General de la República) tienen menos de 2.000 casos en su fuero. El resto del universo de búsqueda de los 40.180 desaparecidos en México depende de las capacidades que cada estado brinde al tema.
“Hay una serie de cuestiones en las que el Estado tendría que tener un involucramiento mucho más fuerte y centralizado, eso es lo que marca la ley. Va a ser muy importante que la parte presupuestaria acompañe la creación del Sistema Nacional de Búsqueda para que pueda funcionar. Puede fallar por muchas razones, pero una básica es que no tenga presupuesto”, dijo Doretti.
El gobierno mexicano anunció la creación del Instituto Nacional Forense, que tendrá como objetivo primordial “coordinar los servicios forenses del país” y trabajar con los restos no identificados que están dentro del sistema gubernamental, que, según dijo Encinas, son 26.000 cadáveres, pero Doretti confirmó a este medio que no se tiene certeza efectiva del número de cuerpos y fragmentos humanos sin identificar que están bajo custodia estatal (véase Brecha, 16-XI-18).
“Que los familiares estén presentes en las exhumaciones siempre debe ser una opción; otra cosa es que estén obligados a buscar porque nadie busca por ellos o no se busca con suficiente diligencia”, apuntó la antropóloga forense. “Bajo esta administración hay una ventana de oportunidad; esperemos que el gobierno cumpla, pero si se quiere que esto funcione en serio, hay que darle fondos y hay que darle personal”, agregó. “Hay mucha conciencia en los familiares de que hay que cuidar la evidencia y llamar a los peritos en cuanto se cree que hay un hallazgo, pero hay que ver que el motivo por el que las familias salen a buscar es por la ausencia o la insuficiencia del Estado”.
Bases disgregadas, datos confusos
dijo a Brecha que uno de los principales problemas actuales es la fragmentación de la información pericial en la investigación de los casos. Por un lado, están divididos entre el fuero federal y el estatal o común, y a su vez, la práctica forense está “dividida por disciplinas”.
“Hemos visto en distintos servicios forenses que lo que hace el genetista no tiene relación con lo que hace el experto en huellas, aunque estén trabajando en el mismo caso. La ley plantea que ahora es obligatorio hacer dictámenes multidisciplinarios integrados, donde todas las disciplinas que trabajan el mismo caso tienen que unir la información. Si no, también tenemos enormes contradicciones entre disciplinas forenses. Cuando eso lo llevás a bases nacionales, esa contradicción se mantiene”, sostuvo la antropóloga.
Para ejemplificar la forma en que esta diversidad de criterios afecta los resultados de identificación, Doretti se refirió al trabajo realizado por el equipo del primer comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera (sustituido en enero por Karla Quintana). Cabrera realizó uno de los primeros ejercicios nacionales de comparación de huellas dactilares de cuerpos no identificados (subidas a la Plataforma México, que contiene la información digital de los casos del fuero federal y del fuero común) con el registro que tiene el Instituto Nacional Electoral. El resultado dio casi 4.000 correspondencias; sin embargo, el 90 por ciento de esos cuerpos ya habían sido identificados por otros métodos, pero no habían sido actualizados en la base de huellas dactilares. Es decir, esos cuerpos ya habían sido entregados a sus familiares y el registro oficial no lo sabía.
“Lo primero que debería hacerse es centralizar la información y hacer un control de calidad para establecer realmente cuál es el rezago existente”, indicó a Brecha la antropóloga. “Hay una enorme posibilidad de contar un caso dos veces o de contar menos casos, por cómo está armado el sistema”, remató.
Un sistema regional
Doretti también coordina una experiencia única que este mes cumple diez años: un sistema regional de identificación forense dedicado a los migrantes desaparecidos. “Nosotros lo coordinamos, pero no podríamos tener resultados si no es por el trabajo permanente de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en todo el corredor migratorio, en los países de Centroamérica, México y Estados Unidos”, puntualizó.
Inicialmente el Eaaf impulsó la creación de bancos de datos forenses de migrantes no localizados en sus países y estados de origen, porque vieron que, “aun cuando un cuerpo llegaba a una morgue y era bien analizado, la información sobre migrantes desa-parecidos era muy pobre en calidad y cantidad”, lo que hacía casi imposible su identificación. Así, se fundaron iniciativas de ese tipo en El Salvador, Honduras, Guatemala y en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca.
Reunieron tres tipos de datos: las circunstancias de desaparición, los datos físicos del desaparecido y el perfil genético de su familia. “El segundo paso, una vez mejorada la información, es cruzarlos”, pero como no existe un sistema de intercambio de información forense, hicieron decenas de acuerdos con distintas instancias de Estados Unidos y México.
En diez años de trabajo el Proyecto Frontera ha registrado 1.282 casos de migrantes no localizados y 1.218 familias que los buscan. Han recabado 3.413 perfiles genéticos de donantes, con los que han logrado identificar a 190 personas que estaban desaparecidas. “Si México implementa los instrumentos de la ley de desaparición forzada, va a beneficiar a muchos otros países que tienen migrantes desaparecidos”, concluyó Doretti.
Fuente: http://brecha.com.uy/la-prueba-mayor/
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