Despojo y represión contra los pueblos indígenas
Francisco López Bárcenas
O
Dentro de estos recursos están, según la mencionada guía, el apego de los campesinos a su tierra, la opinión pública y el derecho. Este último es importante, más que por sus efectos protectores, porque demuestra que cuando de defender los intereses del capital se trata, ni las empresas ni el Estado respetan sus reglas. Es el caso de las comunidades que han ganado amparos o juicios agrarios contra el despojo de su patrimonio: como las mayas de Campeche contra los permisos otorgados por Sagarpa para la siembra de soya transgénica, o las de comunidades rarámuris de Chihuahua contra la imposición de proyectos turísticos; o la tribu yaqui contra el Acueducto Independencia, que busca despojarlos de su agua. En estos casos y otros donde la justicia federal ha reconocido el derecho de los pueblos, la ejecución de las sentencias ha sido imposible, por la falta de voluntad de las autoridades responsables de hacerlo y los cabildeos de las empresas para que sus intereses prevalezcan sobre el derecho reconocido.
En fin, con las recientes denuncias formuladas por comunidades de los estados de Puebla y Oaxaca, de que en la ocupación de sus tierras están participando elementos policiacos y militares, al parecer el gobierno busca apretar la presión sobre los pueblos que se resisten a ser despojados impunemente. Un resultado probable de esta estrategia es que los pueblos también redoblen su lucha en defensa de su patrimonio. Si esto sucede probablemente haya más muertos, perseguidos y personas privadas de su libertad, aumentando el desprestigio y la ilegitimidad de los gobiernos y sus políticos. Un precio que no se sabe todavía si están dispuestos a pagar, sobre todo en temporada de elecciones, cuando más apoyo necesitan para mantenerse en el poder.